El Gobierno comienza a retomar su agenda previa al covid con la ley de infancia

El Gobierno de coalición comienza a retomar poco a poco su agenda previa a la pandemia del coronavirus. Este mismo martes, se aprobará en el Consejo de Ministros la propuesta para la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había quedado pendiente desde que venciera el mandato de cinco de sus principales cargos el pasado mes de septiembre. La nueva ley de infancia, que estaba ya lista antes de la pandemia y quedó paralizada debido a la situación sobrevenida, será otra de las que primero se aprueben una vez que comienza a remitir la crisis y se avanza hacia la denominada 'nueva normalidad'. Según fuentes del Ejecutivo, se aprobará de forma inminente, aunque todavía no se ha decidido si será en el Consejo de Ministros del próximo martes 9 de junio o en el siguiente del 16 de junio.

La ley de infancia iba a ser el primer proyecto que se promovería desde la vicepresidencia segunda del Gobierno, que dirige Pablo Iglesias, pero la pandemia se interpuso en sus planes. Ahora, la intención es recuperarla para aprobarla en una o dos semanas, con el objetivo de que las víctimas de abusos puedan presentar acusación hasta que cumplan 45 años para los casos de delitos más graves.

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Como ya estaba previsto en el anteproyecto que no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes antes de las elecciones, en el texto se incluirá el deber de todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata si existen indicios de violencia ejercida contra los menores, se creará una figura de "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos, se crearán unidades específicas en las fuerzas de seguridad y se dará formación a jueces, se realizarán nuevos protocolos de prevención de obligado cumplimiento, se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, y, finalmente, se legislará para que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores se cuente a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad.

Con este cambio, que ya recogía el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, la víctima podrá presentar acusación hasta que cumpla 45 años para los casos de delitos más graves —con penas de hasta 15 años—, y no hasta los 33, como ocurre con la ley vigente. "Hace ya tiempo que en nuestro país era necesaria una ley como esta que proteja la dignidad y los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, que es algo que nos debería preocupar a todos, independientemente del color político", defendió Pablo Iglesias en su primera sesión de control en el Senado, celebrada el pasado 25 de febrero.

Entonces, el debate sobre Venezuela desplazó de la sesión de control al Gobierno en el Senado el brote de coronavirus e incluso opacó la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern, a menos de 24 horas de que se produjese su primera reunión. Eran tiempos del 'Delcygate' y los gritos de "dimisión, dimisión" que se escuchaban desde la bancada popular se dirigían al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Mentir sale muy barato a cualquier miembro de su Gobierno porque quien lo preside ha hecho de la mentira la forma de hacer política", replicaba el líder de los populares en la Cámara Alta, Javier Maroto.

En la agenda del Gobierno se mantiene también recuperar el calendario previsto para la derogación de la reforma laboral, una vez superados los desencuentros con la patronal ocasionados por el pacto con Bildu. Antes de la crisis sanitaria, cuando se aprobó el primer decreto para derogar el artículo 52.D, se manejaba un calendario en dos fases para los cambios de la reforma laboral comprometidos en el acuerdo programático del Gobierno de coalición. Para la primera, se establecía un plazo de dos meses y consistía en derogar las cuestiones consideradas urgentes. Esto es, además del absentismo por enfermedad, se pretendía derogar la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo —ultraactividad—.

Otras prioridades marcadas por Trabajo eran establecer limitaciones a la empresa a la hora de modificar de forma unilateral las condiciones del contrato laboral, revisar los mecanismos de no aplicación de los convenios colectivos, limitándolos al descuelgue salarial por causas económicas graves, y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores —mientras se redacta uno nuevo— para limitar la subcontratación a servicios especializados que no sea la actividad principal de la empresa en cuestión.

La segunda fase prevista, una vez consumado este primer paquete de derogaciones, era la legislativa. Consistiría en el redactado de nuevos artículos, modificación de otros y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En lo referente al despido, se pretendía poner más el acento en las causas y no tanto en las indemnizaciones, porque se consideraba que así se sitúa mejor el foco en la protección del trabajador.