De las caceroladas y el estado de alarma a la renta mínima: la derecha ahonda su división

A la espera del debate político de la semana en el Congreso, los partidos de la oposición, y especialmente los que aglutina el centro derecha, mantienen estrategias distintas en casi todos los grandes asuntos. En lo único que en este momento coinciden PP, Vox y Ciudadanos es en poner el foco sobre la ministra de Igualdad después de filtrarse una conversación privada el pasado 9 de marzo, justo antes de entrar en una entrevista en la televisión autonómica vasca.

Irene Montero asumía, como ya hicieron colectivos feministas entonces, que la marcha del 8-M tuvo una menor afluencia por el miedo que ya empezaba a generar el coronavirus. Unas declaraciones que el PP considera que debe aclarar en sede parlamentaria, y que también ven como objetivo de investigación en la Fiscalía. Vox incorporará el vídeo a la causa penal que ya tiene abierta contra el Gobierno, tras asegurar que se trata de “una prueba más” de que el Gobierno “disponía de información y la ocultó a la población”, y Ciudadanos recalcó que el Ejecutivo “se comportó de una manera imprudente porque ya conocía el miedo generalizado” que existía en la sociedad. Edmundo Bal llegó a sugerir que Montero debería “pensar si no está capacitada para el cargo que ostenta”.

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Agencias

La conciencia entre los tres partidos, en todo caso, termina aquí. Tras las discrepancias evidentes en la gestión de las manifestaciones y protestas de la ciudadanía hace días (que solo contaron con la convocatoria expresa de Vox, el apoyo equidistante de PP y la prudencia de Ciudadanos), el ingreso mínimo vital (IMV) que el Consejo de Ministros aprobó definitivamente la semana pasada ha terminado dividiendo a estos partidos. Todo parece indicar que será el grupo de Santiago Abascal el que se quede solo votando no al decreto. Un giro de 180 grados teniendo en cuenta que Vox se mostraba favorable a la tramitación hace solo una semana. Fue ayer cuando el portavoz del partido de ultraderecha, Jorge Buxadé, reconocía que su formación estaba “a la espera” de conocer el contenido final de la propuesta. “Y no podemos hacer otra cosa que rechazarlo”, aseguró.

Los de Abascal afirman que su visto bueno inicial respondía a la necesidad de “ayudar de forma extraordinaria” a aquellos españoles que se encuentran en una situación de “absoluta necesidad” por culpa de los destrozos del coronavirus. Pero insisten en que el borrador hecho público se queda muy lejos de cumplir con sus expectativas. Vox considera que lo que pretende es impulsar “una renta mínima permanente” y no una medida de carácter excepcional y temporal, lo que implica “cronificar la pobreza”. Además, el partido de Abascal denuncia que genera un “inevitable efecto llamada a gritos” para la inmigración ilegal, porque entiende que las excepciones incluidas en el decreto permitirían eludir el requisito de ser extranjero residente legal en España.

Justo en frente del no rotundo de Vox se encuentra Ciudadanos, que califica esta renta mínima como “absolutamente necesaria”, ya que se trata “de no dejar a nadie por el camino” en una situación tan excepcional. “Es obligatorio ayudar. Se nos ponen los pelos de punta con las colas que vemos en Aluche por una bolsa de comida”, insistió Bal este lunes al explicar la posición de su partido. Ciudadanos entiende, eso sí, que debe ser un instrumento “eficaz” —que llegue donde tiene que llegar— y que esté coordinado con las ayudas similares que ya existen en CCAA y ayuntamientos.

Por eso, el partido naranja es partidario de que la medida se tramite como proyecto de ley para que puedan incorporarse mejorías desde la oposición. Es el punto en el que coincide el Partido Popular. También el partido de Pablo Casado exige que se produzca esa tramitación parlamentaria ante las “múltiples carencias” que aprecian. Eso sí, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, dejó claro que su formación no está en contra del contenido del decreto como tal, y que tendrán que terminar de estudiarlo para decidir el sentido del voto. En todo caso, será abstención o sí. Solo Vox se plantea en este momento votar no a la medida.

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Fernando Garea

Sí existe un reproche compartido al hecho de que País Vasco y Navarra puedan ser las únicas comunidades que tengan competencias para gestionar el IMV. Este domingo, las CCAA gobernadas por el PP (en algunos casos, en coalición con Ciudadanos) exigieron al presidente del Gobierno poder hacerse cargo también de la renta mínima en sus territorios. Los barones populares rechazaron de plano "privilegios" para algunas autonomías y dejaron claro que no contemplan otra salida que gestionar ellos también las prestaciones.

Cs, lejos de la derecha en la alarma

En cuanto a las prórrogas del estado de alarma, la posición de Vox apenas ha cambiado (solo la primera vez la respaldó). Por su parte, el PP votó sí las tres primeras veces, se abstuvo la cuarta avanzando que el siguiente voto sería contrario y cumplió con el no en la quinta, como hará en la sexta y última, que se debatirá este miércoles en el Congreso.

Ciudadanos sigue con su hoja de ruta (no ha cambiado el sentido del voto en ningún momento, por ahora, las cinco veces ha dado su sí) afianzada, en todo caso, desde el cuarto debate, cuando realmente entró a negociar con el Gobierno. No desvela por ahora lo que hará el próximo miércoles, pero fuentes del partido apuntan que se podrían mantener en el sí, ya que los canales de interlocución con el Ejecutivo se mantienen completamente abiertos.

El partido de Arrimadas está satisfecho con la estrategia seguida hasta ahora: sacar el máximo provecho a sus 10 diputados en negociaciones con Sánchez, arrancando medidas importantes (la más sonada fue la desvinculación de las ayudas por ERTE del estado de alarma) y no atender a lo que algunos señalan como un debate en el que se apoya al Gobierno. Dirigentes naranjas insisten a este diario en que el criterio seguido es solo el interés general y que, en ningún caso, pretenden apuntalar la fortaleza del Ejecutivo de coalición. Todo lo contrario: aseguran que se trata solo de votaciones sobre el estado de alarma y que las conversaciones se ciñen a ese asunto. Aun así, la posición de centro adoptada por el partido naranja es ya indiscutible y parece afianzarse con el tiempo.

De ahí que, a pesar de reprobar los pactos con EH Bildu y ERC, Ciudadanos haya mantenido abierta la línea de diálogo con el Gobierno. Arrimadas resiste la presión del aparato cercano a Rivera que ya está fuera del partido (como el propio líder, el exportavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta y su fichaje estrella, Marcos de Quinto, que abandonó las filas naranjas por no querer apoyar la alarma y que ayer mismo cargó contra el partido en Twitter).