El reparto del gasto público

El Gobierno destina un 63% más a subir salarios y pensiones que a la renta mínima

El coste total de la subida será de 4.900 millones de euros según las estimaciones del Gobierno. En un año sin inflación, este incremento irá íntegro a elevar la capacidad adquisitiva

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)
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El Gobierno aprobó el miércoles el tercer tramo de la subida salarial a policías y guardias civiles que pactó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos hace ahora dos años. Este incremento, que lo había rechazado al inicio del año, tendrá un coste para las arcas públicas de 247 millones de euros, según los propios cálculos del Ministerio del Interior. De esta forma, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos completa la revalorización de los salarios y las pensiones públicas en un año en el que el déficit público se va a disparar por la crisis económica del coronavirus y en el que no habrá inflación.

El Ejecutivo aprobó tras la investidura, hace poco más de cinco meses, la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios. Dos medidas sociales que ya había prometido el PSOE durante la campaña electoral y que fueron su carta de presentación durante los primeros días trepidantes del Gobierno de coalición. En ese momento, se rechazó la subida pendiente a los policías y guardias civiles y se determinó que no habría más incrementos del gasto en salarios públicos. Sin embargo, esta semana el Gobierno ha rectificado tras el escándalo producido por el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.

En total, la subida de pensiones y salarios públicos tendrá un coste anual de 4.900 millones de euros según las previsiones del Gobierno. Este cálculo excluye los costes derivados de pagas extra y la incorporación de nuevos efectivos para combatir la pandemia del coronavirus. Esto es, se limita al gasto directo en subidas de pensiones y salarios públicos. Se trata, por tanto, de un fuerte incremento del gasto público corriente que requerirá de un importante esfuerzo para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

La subida de pensiones y salarios públicos tendrá un coste anual de 4.900 millones de euros según las previsiones del Gobierno

El gasto público comprometido con estas medidas supera ampliamente el coste de la renta mínima o la prestación del cese de actividad de los autónomos. Según las estimaciones de la Seguridad Social, la renta mínima tendrá un coste adicional neto de 3.000 millones de euros, lo que significa que la subida de los salarios públicos y las pensiones será un 63% superior. También será mayor que una de las medidas estrella aprobadas para paliar la crisis del coronavirus, el cese de actividad de los autónomos. Esta prestación tendrá un coste de 3.800 millones de euros, según figura en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas. Esto significa que la subida de salarios y pensiones públicas será un 29% superior.

La principal partida será la destinada a subir un 2% el salario de los trabajadores públicos. El Gobierno culminó el acuerdo alcanzado por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro con los sindicatos de la función pública para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y que este año quedará ampliamente restituido. Esta medida tendrá un coste presupuestario de 3.212 millones de euros este año y llegará a 2,5 millones de trabajadores públicos.

Esta revalorización se ha complementado ahora con la subida a policías y guardias civiles, que también procede de un acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos del sector. La subida salarial media se sitúa en el entorno del 20% y su coste para las arcas públicas asciende a 247 millones de euros, según los cálculos de Interior.

La subida de las pensiones ha sido más moderada, del 0,9%, que era la inflación prevista en ese momento por el Gobierno. Esta medida tendrá un impacto presupuestario de 1.406 millones de euros sumando las pensiones contributivas, no contributivas y las clases pasivas. La suma de las tres se queda al borde de los 5.000 millones de euros. Por ejemplo, en el caso de la Seguridad Social, esta misma semana el Gobierno ha tenido que aprobar un crédito y una transferencia extraordinarias para que pueda afrontar los pagos de las pensiones y las prestaciones de los próximos meses.

Este incremento del gasto corriente carga directamente sobre el déficit estructural del Estado y la Seguridad Social justo en el momento en el que las cuentas públicas se encuentran en una situación más delicada. La deuda pública se situará claramente por encima del 115% del PIB este año, lo que obligará a un fuerte ajuste en los próximos años. Está por ver cómo se reparte ese ajuste y a qué grupos sociales afecta, porque la solución de gravar a los ricos y a las empresas no será suficiente para cubrir las necesidades de financiación del sector público.

Un año sin inflación

Al inicio del año era imposible anticipar la crisis económica que se avecinaba como consecuencia del brote del coronavirus en China. El Gobierno planificó un ejercicio ordinario en el que garantizaba la revalorización de las pensiones con el IPC y concedía una importante ganancia de poder adquisitivo a los funcionarios y trabajadores públicos. Sin embargo, el estallido de la pandemia ha cambiado por completo el escenario económico. Ahora no solo la economía se está hundiendo, también la inflación. Según las previsiones del Gobierno, el deflactor del PIB este año será del -1%. Esto significa que los precios caerán este año y que las previsiones de inflación se han convertido en temor a una deflación.

Como consecuencia, la subida real de las pensiones y los salarios públicos será muy superior a la nominal, lo que generará una importante ganancia de poder adquisitivo. En el caso de los pensionistas superará el 1% y en el de los trabajadores públicos, se situará en el entorno del 2,5%. Este incremento del gasto se consolidará en el caso de los trabajadores públicos y, probablemente, también en el de los pensionistas. Si el Gobierno se compromete a revalorizar las pensiones con el IPC real, entonces debería eliminar la subida del 0,9%, pero nada parece indicar que lo vaya a hacer. En ese caso se confirmaría que la revalorización de las pensiones es igual o superior al IPC.

En 2019 la inflación media anual fue del 0,7% y se mantuvo la subida de las pensiones del 1,6% aprobada al inicio del año. Esto es, una ganancia de poder adquisitivo de casi un punto. Nada indica que en 2020 no se vaya a mantener la tendencia de 2019 de consolidar las ganancias de poder adquisitivo cuando el IPC real es inferior al previsto. De hecho, si se cumplen las previsiones actuales, la subida de las pensiones aprobada en enero de 2019 permitiría cubrir la inflación de los cuatro años siguientes.

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