El Gobierno recorta su ley de memoria y deja a ERC sin la devolución de bienes incautados

La Ley de Memoria Democrática no tendrá una aplicación plena. Al menos, esta legislatura. El Gobierno no desarrollará las iniciativas legislativas necesarias para materializar aspectos recogidos en la norma, como la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes incautados o las reparaciones a las víctimas que realizaron trabajos forzados, según confirman fuentes de la Moncloa. Estas mismas fuentes lo justifican por la falta de tiempo en lo que resta de mandato hasta la disolución de las Cortes y aducen que "tenemos otras normas mucho más prioritarias".

La norma aprobada el pasado mes de octubre recogía expresamente que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, se desarrollaría vía decreto el reglamento sobre la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación". Este decreto no figura en los planes del Ejecutivo para lo que resta de mandato. Tampoco la parte de la ley que insta a llevar al Consejo de Ministros la creación de una comisión técnica para que, en el plazo de un año, "elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables".

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El articulado de la ley relativo a las reparaciones económicas no se incluyó en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. Se pactó durante su tramitación parlamentaria para conseguir los apoyos necesarios. ERC las incluyó entre sus principales reivindicaciones para facilitar la aprobación del texto, que amenazó con tumbar hasta el último momento. Finalmente, pasó del no a la abstención tras recogerse en parte sus demandas. Los republicanos ya se opusieron en su día a la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sus votos en esta ocasión eran cruciales y consiguieron introducir en el texto cuestiones como las reparaciones económicas. Sin embargo, ahora quedarán recortadas, al descartarse su aplicación durante esta legislatura.

Los republicanos siempre han criticado el agravio comparativo con otras organizaciones, principalmente sindicales, a las que se les ha restituido patrimonio a través de diferentes fórmulas. A UGT, por ejemplo, se le devolvieron en el año 2005 bienes valorados en 140 millones de euros tras la aprobación de un decreto que sacó adelante el Ejecutivo de Zapatero. Fuentes de ERC cifran las incautaciones del régimen franquista a su formación, que lideró los gobiernos de la Generalitat durante la Segunda República hasta la abolición de la autonomía, en unos 200 inmuebles y un valor que rondaría los 90 millones de euros.

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El Gobierno nunca contempló como una prioridad en la ley la parte relativa a las compensaciones económicas, al entender que estas ya están suficientemente cubiertas. Según los cálculos que manejaban desde el Ministerio de Presidencia, impulsor de la norma, desde la vuelta de la democracia el número de beneficiarios por las reparaciones económicas supera los 600.000, por un valor de 21.000 millones de euros. En estos números incluyen diferentes reparaciones, desde las otorgadas a las viudas o huérfanos de la guerra, hasta militares u otros profesionales. De ahí que se defendiera que en el proyecto del Gobierno no se incluyese un derecho adicional para la compensación económica o una responsabilidad patrimonial del Estado, al considerarla ya suficientemente cubierta.

Lo que sí está en las previsiones del Gobierno antes de rematar la legislatura es el desarrollo de la ley para prohibir las organizaciones que hagan apología del franquismo, con la Fundación Francisco Franco en el punto de mira, que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes. Para ello, el Ministerio de Interior impulsará una ley que modifique la actual norma reguladora sobre el derecho de asociación. La Ley de Memoria Democrática establece el plazo de un año desde su entrada en vigor para promover esta modificación.

Valle de los Caídos

Los otros tres desarrollos normativos que se realizarán vía decreto se limitan a la resignificación del Valle de los Caídos, la creación de un Centro de Memoria Democrática y la puesta en marcha del Consejo de la Memoria Democrática. El primero de ellos establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al ahora denominado Valle de Cuelgamuros para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial. La creación del Consejo de Memoria Democrática es imprescindible para poner en marcha otros aspectos centrales de la ley, pues entre sus funciones están las de informar sobre el proyecto del Plan de Memoria Democrática, sobre el plan plurianual de exhumaciones o la elaboración de las recomendaciones para la reparación de las víctimas.

Opinión

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Desde ERC, avanzan que elevarán la presión para que no se hagan recortes en la ley. No solo en lo relativo al reconocimiento del Estado de las responsabilidades patrimoniales con las víctimas de la dictadura, sino también en otros aspectos, como los relativos a los "cambios en la legislación vigente que permitan juzgar a los responsables de la violación de los derechos humanos y fundamentales" o "la anulación de todas las sentencias y actos administrativos llevados a cabo por los tribunales y estamentos represivos durante el régimen fascista, así como su consideración explícita de ilegal por ser constituido a partir de un golpe de Estado violento contra la democracia de la Segunda República". En esta línea, desde el grupo en el Congreso ya han presentado una serie de preguntas escritas al Gobierno sobre sus planes, con el foco puesto en los plazos de aplicación previstos y las razones en caso de darse retrasos, sin descartar otras iniciativas para forzar el cumplimiento íntegro de la ley.