Caos por la ley de memoria: Llop y Bolaños se contradicen en torno al retrato de Garrigues

Caos en el Gobierno por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. En estos momentos, nadie sabe si el retrato de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, ministro de Justicia entre la muerte de Franco y la entrada en vigor de la Constitución, tiene derecho a colgar de las paredes del ministerio.

Su nombre apareció en una lista que la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez, remitió a la ministra Pilar Llop el pasado 12 de enero: "Se informa de que en la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en la calle San Bernardo 45, se han retirado, sin coste alguno, retratos correspondientes a los siguientes ministros de Justicia durante la dictadura franquista: Tomás Domínguez Arévalo (conde de Rodezno) (dos retratos); Esteban de Bilbao y Eguía; Eduardo Aunós Pérez; Raimundo Fernández-Cuesta Merelo; Antonio Iturmendi Bañales; Antonio María de Oriol y Urquijo (dos retratos); Francisco Ruiz-Jarabo; Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate; José María Sánchez-Ventura, y Landelino Lavilla Alsina. Estos retratos están almacenados en la sede (C/San Bernardo 45) del Ministerio de Justicia", rezaba el comunicado.

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Alfredo Pascual Datos: Miguel Ángel Gavilanes

El informe es parte del procedimiento habitual que se está llevando a cabo en todas las instituciones para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Como ya explicó este periódico en octubre, la redacción de la norma, una reformulación de la que aprobó Rodríguez Zapatero en 2007, amplía el rango de veto a figuras relacionadas con el franquismo hasta finales de 1978, cuando se aprobó la Constitución española. También establece que cualquier "colaborador" de la dictadura es susceptible de ser cancelado. Concretamente, el texto legal indica que "se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

Con la ley en la mano, sería posible retirar el nombre del aeropuerto de Madrid a Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento, o cualquier homenaje a Juan Carlos de Borbón, encumbrado por el dictador, ya que el texto no entra a valorar su contribución posterior a la democracia, si bien los ministerios han recibido órdenes de que esta circunstancia sea tenida en cuenta.

Sin consenso con Garrigues

Un caso similar es el de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, que ostentó la cartera de Justicia en el primer Gobierno sancionado por Juan Carlos I. Alto cargo en los últimos años de la Segunda República, llegó a fundar la revista Cruz y Raya, donde participaban literatos de corte progresista como García Lorca, Cernuda o Miguel Hernández. No obstante, una vez estalló la Guerra Civil, Garrigues se puso del lado de los golpistas, alojándolos en su casa de Madrid al amparo del estatus diplomático de Estados Unidos.

En 1941 fundó el bufete Garrigues, que sigue siendo uno de los más importantes de España, y posteriormente fue embajador de EEUU y del Vaticano. Cuando regresó a España, a mediados de los setenta, fue requerido por Arias Navarro para ocuparse del Ministerio de Justicia en su tercer mandato (diciembre 75- junio 76). He aquí el quid de la cuestión, ya que los gobiernos de Arias son considerados parte del franquismo por muchos historiadores, al ser anteriores a la Constitución y no elegidos de forma democrática. Además, se da la circunstancia de que Garrigues asumió el cargo pocos días después de la muerte del dictador. De hecho, los retratos de sus antecesores en Justicia, Sánchez-Ventura y Ruiz-Jarabo, ambos nombramientos de Arias Navarro, ya han sido retirados del ministerio.

El retrato de Garrigues se queda, pero los de sus predecesores en el cargo han sido retirados

La noticia de la retirada del retrato ha generado malestar en la familia Garrigues, representada por el abogado Antonio Garrigues Walker, que tiró de sus contactos para sacar a su padre de la lista de franquistas que circula por el ministerio. Las negociaciones surtieron efecto y ayer, a primera hora, Justicia salió al paso de la polémica asegurando que el cuadro de Garrigues se queda. El problema, según fuentes del ministerio, respondía de pronto a un error humano: "El retrato nunca se ha descolgado de la pared, porque Garrigues nunca debió aparecer en esa lista. Somos el primer ministerio que está adaptándose a cumplir con la Ley de Memoria Democrática y, aunque solo sea por lo novedoso, es normal que se cometa algún error en una lista de nombres".

Pero para sorpresa de todos, a mediodía, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió la decisión de retirar el retrato de Garrigues ante la prensa como un "gesto" para no olvidar que España atravesó por un "periodo negro" durante la dictadura. La aparente discrepancia entre los discursos de Justicia y Presidencia se ha explicado, de nuevo, recurriendo al malentendido: "El ministro Bolaños no se refería al caso concreto de Garrigues, sino en general a todos los afectados por la nueva ley". Garrigues, como evidencia la lista elaborada en Justicia, estaba entre los afectados por la ley, pero no se retirará su retrato.

La otra excepción será Landelino Lavilla: pese a figurar en la relación de franquistas, también conservará su óleo en el ministerio. Su caso era aún más sangrante que el de Garrigues, en tanto que Lavilla fue una figura clave en los primeros años de la democracia. Considerado el arquitecto jurídico de la Transición, apoyó medidas rupturistas como la legalización del Partido Comunista o la despenalización del adulterio, fue presidente del Congreso de los Diputados y del Consejo de Estado. Incluso encontró un hueco, a los 83 años, para diseñar el proceso de abdicación de Juan Carlos I.

Para colmo, se da la circunstancia de que el mismo Gobierno que quería despojar de su retrato a Lavilla lamentaba hace tres años su fallecimiento, calificándole de "figura destacada de la Transición".