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Con la ley de Memoria Democrática en la mano... ¿es ilegal el aeropuerto Adolfo Suárez?
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EL TEXTO NO REGULA SUPUESTOS

Con la ley de Memoria Democrática en la mano... ¿es ilegal el aeropuerto Adolfo Suárez?

Una interpretación literal de la norma recién aprobada abre el abanico de hipotéticos señalados como participantes del franquismo

Foto: El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (EFE)
El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (EFE)

El jueves pasado, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, retiró diez Medallas al Mérito en el Trabajo en virtud de la aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática. En la lista de damnificados se mezclan figuras unívocamente relacionadas con el franquismo, como el propio dictador, que se la autoadjudicó en 1953, o el militar Juan Yagüe, conocido como El carnicero de Badajoz con otras con roles en la dictadura menos destacados, como el constructor Félix Huarte, fundador de OHL, señalado por aceptar el encargo de construir el Valle de los Caídos.

Si algo deja claro la lista de despojados es la tolerancia cero con los altos cargos del franquismo. José Luis Arrese (ministro de Vivienda), José Antonio Girón de Velasco (ministro de Trabajo) o José María Fernández de Ladreda y Menéndez Valdés (ministro de Obras Públicas) han perdido su distinción y se prevé que queden fuera de los callejeros y los edificios públicos en los próximos meses.

Foto: Foto: EFE/Inés Verdejo.

En esta línea, el abogado Jorge Garrido, vicesecretario de Falange de las JONS, presentó esta semana una petición para que se retiren de Congreso y Senado los bustos y placas conmemorativas de Adolfo Suárez, Manuel Fraga y Juan Carlos I. Con esta maniobra, la formación ultraderechista busca demostrar lo "aberrante" de la redacción de la ley, que consideran "revanchista" y que busca "regular la Historia de España".

Más allá de las reivindicaciones de un partido que nunca ha tenido representación en el Congreso, la cuestión legal tiene miga. Si se interpreta el texto literalmente, no hay motivo para sacar de la ley a Suárez (ministro general del Movimiento), Fraga (ministro de Turismo), el emérito (sucesor en la Jefatura de Estado) y otros tantos cargos del franquismo que posteriormente se adaptaron al sistema democrático, como López Rodó o Licinio de la Fuente.

Entre la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007 y la actual hay modificaciones en el apartado de símbolos y elementos antidemocráticos. Son sutiles, pero lo cambian todo. El punto primero del artículo 15 de la ley de 2007 dice: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".

En este caso es claro: ninguna de las figuras mencionadas ha incurrido en la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión franquista. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática recién aprobada, pese a que toma como punto de partida el texto de 2007, va un paso más allá. Afirma el punto 35: "Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

Foto: Foto: EFE/Roberto escobar.
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La ley solo reconoce el valor "arquitectónico o artístico" de los monumentos y homenajes como eximente para la retirada. "Es notorio que estos tres personajes citados fueron altos cargos del franquismo y que la ley no recoge que su incorporación a la vida democrática les habilite a tener un homenaje", dice Norberto Pico, secretario de Falange. "Se debe, por tanto, hacer cumplir la ley en el Congreso y el Senado. Estamos esperando contestación, que a todas luces será un no, pero tenemos curiosidad por ver cómo la van a argumentar jurídicamente".

En el caso de que algún juez aceptase esta interpretación literal de la ley, inmediatamente estarían en cuestión las casi 900 calles que Suárez, Fraga y el emérito tienen repartidas por todo el país, además de cientos de instituciones públicas, recintos e instalaciones relevantes como el aeropuerto de Barajas.

Contra el espíritu de la norma

Expertos consultados matizan que una cosa es la interpretación literal y otra el espíritu de la norma. El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria histórica, profesor de la Universidad Carlos III y cercano al PSOE madrileño, lo ve de esta manera: "Los políticos señalados no tienen calles y pabellones dedicados por su papel en la dictadura, sino porque fueron figuras destacadas de la democracia. Entonces, lo primero que habría que hacer es encargar un informe pericial, a una universidad pública de prestigio, para dilucidar si fueron o no apologistas del franquismo".

"En mi opinión", continúa Ranz, "esta norma de ningún modo puede afectar a Adolfo Suárez. Algo más complejo es el caso de Manuel Fraga, aunque considero que la parte más importante de su trayectoria la desempeñó como senador y presidente de la Xunta en la democracia".

En torno a 1.000 denominaciones de calles, pabellones e instituciones públicas tendrían que cambiar de nombre

Es una interpretación que desagrada al otro lado del espectro político, como en el caso del historiador y diputado madrileño del PP Pedro Corral. "Creo que es una forma muy radical de entender el texto legal. Me impresiona que exista la posibilidad de que alguien que luchó tanto por la democracia como Adolfo Suárez pueda perder sus homenajes. Creo que, en el fondo, este tipo de interpretaciones solo buscan cuestionar la transición, ya sea desde posiciones de ultraderecha, como Falange, o de ultraizquierda, como Bildu".

Zanja el diputado de Ayuso: "Sinceramente, creo que ningún juez hará una interpretación tan literal del texto, pero solo que nos estemos haciendo la pregunta hace ver lo erróneo de esta ley, de carácter totalitario, que busca legislar el pasado".

El jueves pasado, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, retiró diez Medallas al Mérito en el Trabajo en virtud de la aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática. En la lista de damnificados se mezclan figuras unívocamente relacionadas con el franquismo, como el propio dictador, que se la autoadjudicó en 1953, o el militar Juan Yagüe, conocido como El carnicero de Badajoz con otras con roles en la dictadura menos destacados, como el constructor Félix Huarte, fundador de OHL, señalado por aceptar el encargo de construir el Valle de los Caídos.

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