El PSOE utiliza la Ley de Memoria para erosionar la imagen moderada de Feijóo

El Gobierno concentra estos días su artillería política para llegar fuerte al debate sobre el estado de la nación, que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio en el Congreso de los Diputados, y la memoria histórica es una de las bazas principales de las que se servirá. Será el debut de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo en una de estas citas (no se celebran desde 2015), y aunque no tomará la palabra, Alberto Núñez Feijóo estará en el banco del líder de la oposición. El presidente buscará rentabilizar al máximo la Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente logrará el aval del Congreso unas horas después de culminar el debate, y que el Gobierno quiere publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de septiembre.

Los votos de Bildu son claves en una tramitación en la que el PSOE acepta que se extienda la influencia del franquismo sobre la democracia y se investiguen (a través de una comisión de estudio) vulneraciones de derechos fundamentales hasta el 31 de diciembre de 1983, es decir, con la sombra de los GAL planeando sobre el Ejecutivo de Felipe González.

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Fuentes gubernamentales presumen de la relevancia del proyecto de ley, cuyo dictamen aprobó la Comisión Constitucional de la Cámara Baja este lunes. Es importante, aseguran, por el amplio apoyo recabado (19 de 37 votos), pero lo es también porque les servirá para erosionar la imagen de moderación que se ha construido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Frente al perfil centrista que se afanan en vender desde Génova, la consigna de PSOE y Unidas Podemos es desmontar esta imagen, retratarlo a la derecha del tablero político.

En este marco, afean al Partido Popular, pero también a Ciudadanos, que se haya alineado con Vox para votar contra esta norma, y acusan a la formación de Feijóo de no marcar distancia con la dictadura. Sostienen que el PP se suma así a los nostálgicos del franquismo, según estas fuentes.

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De hecho, desde Moncloa recuerdan que el pasado viernes el PP trató de posponer la votación que este lunes ha permitido a la ley dar un paso más en su tramitación, en lo que consideran un intento de obstaculizar y boicotear esta norma. Quieren convencer de que los conservadores han cambiado de líder, han recalibrado el tono y las palabras elegidas, pero siguen en la misma línea que ya marcó Pablo Casado cuando prometió derogar la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero si lograba llegar a la Moncloa.

Pero, más allá de tratar de deconstruir la imagen del líder de la oposición, el Ejecutivo no esconde el peso político y la carga simbólica de las iniciativas relacionadas con la memoria histórica, por lo que suponen para los respectivos electorados de PSOE y Unidas Podemos.

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Por ello, una vez comprometidos los apoyos para su tramitación, y contando con la previsible abstención de ERC, que apurará al máximo la negociación y no descarta votar a favor, el Ejecutivo está centrado en acotar los márgenes de la ley, pero también en exprimirla políticamente.

Y, desde luego, en no permitir que otros grupos políticos que ya han anticipado su respaldo a esta norma le roben la bandera. El primer esfuerzo es acotarla en las cuestiones más polémicas, como la comisión de estudio, cuya creación recoge la ley, sobre las posibles vulneraciones de derechos humanos de los considerados activistas defensores de los valores democráticos y derechos fundamentales, hasta 1983.

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Frente al triunfalismo de EH Bildu, que llegó a anunciar en rueda de prensa que había arrancado al Gobierno el compromiso de ampliar el límite temporal que abarca la ley, para elevarlo de 1978 a 1983, desde Moncloa, tratan de aterrizar la situación: la norma, dicen, hace referencia a los hechos comprendidos hasta 1978 inclusive.

Lo que se compromete después, precisan, es la creación de ese grupo de expertos que tratará de demostrar si se produjeron vulneraciones de derechos humanos en ese periodo, una vez entró en vigor la Constitución, pero lo ocurrido entonces, aunque se considere probado, no entrará en el marco de actuación de esta ley.

Por pelear, desde el Gobierno rechazan incluso haber elevado los límites temporales inicialmente previstos para acotar esta comisión técnica "de estudio" (desde 1982 a 1983) a propuesta de Bildu y Más País. El Ejecutivo aceptó una enmienda de estos dos grupos que apostaba por extender el límite de capacidad de estudio de esta comisión de 1982 a 1983, pero las fuentes citadas insisten: no fue por presión de otras fuerzas, sino porque reconsideraron su posición y decidieron modificarla.