El supuesto hombre de paja del exjuez Presencia al que investiga la Policía

La Audiencia Nacional investiga al exjuez Fernando Presencia como presunto líder de una organización criminal que, bajo la apariencia de combatir la corrupción, estafaría a sus seguidores para lucrarse. El juez a cargo de las pesquisas sospecha que Presencia y el resto de implicados seguirían ahora moviendo los hilos desde un segundo plano para tratar de entorpecer la causa, una línea de investigación que ha provocado la imputación de Felipe de Neri Galo Montero Dabouza, su supuesto hombre de paja.

Nacido el 4 de abril de 1965 en Gijón (Asturias), Felipe de Neri cobra relevancia en la investigación a partir del pasado agosto, justo dos meses después de que la Audiencia Nacional acordara la imputación de Presencia. En un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) detalla que, en los últimos cinco meses, este hombre ha interpuesto más de 10 denuncias que guardarían relación con los hechos investigados.

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"Es de interés indicar que las mismas se han sucedido una vez abiertas las presentes diligencias de investigación y son contra personas que, de alguna forma u otra, pueden afectar las investigaciones policiales y judiciales (...), por lo que la motivación de dichas denuncias sería el descrédito de estas personas", advierte la UDEF.

La policía dibuja así dos líneas: por un lado, las primeras querellas contra políticos, fiscales y magistrados que permitirían a la supuesta organización recaudar fondos y, al mismo tiempo, ajustar cuentas con sus enemigos. Por otro, las más de 10 denuncias que Felipe de Neri ha interpuesto entre el 18 de agosto y el 14 de noviembre para, según sospecha la policía, entorpecer la investigación mediante "el descrédito". La conexión entre unas y otras se encontraría en el modus operandi de la trama.

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La UDEF explica en este sentido que en las primeras denuncias se acusaba a diversas autoridades de ocultar dinero en el extranjero, pero al mismo tiempo estas autoridades estarían "relacionadas personalmente" con el propio Presencia o con Alberto Royuela Fernández, el antiguo líder de la ultraderechista Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Este último también consta como imputado y es uno de los impulsores del expediente Royuela, una teoría de la conspiración que apunta a que una trama de políticos, jueces y fiscales corruptos habría cometido y ocultado miles de crímenes en España. Entre ellos, la desaparición de uno de sus hijos.

"En un primero momento, la información bancaria hace referencia a miembros del Gobierno de España de legislaciones anteriores. Es el caso, entre otros, de José Luis Rodríguez Zapatero, Margarita Robles Fernández y José Borell Fontelles, siendo los denunciantes Alberto Royuela, Fernando Presencia y Álvaro Arteaga [otro de los imputados]", explica la UDEF. "Uno de los hijos de Alberto Royuela fue dado por desaparecido y, según consta en el expediente Royuela, existiría una trama de jueces, fiscales, guardias civiles y miembros del Gobierno que actuarían como organización criminal y que habrían sido los responsables de esa desaparición".

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Siguiendo el orden cronológico, el informe policial apunta entonces a una segunda tanda de denuncias interpuestas por el propio Presencia y acompañadas a su vez por escritos de Royuela y otro de los imputados, Juan Martínez Grasa. En este caso, las acusaciones cambian de objetivo y se dirigen contra "personas relacionadas con el expediente de ejecución hipotecaria (...) del Juzgado Mixto número 4 de Talavera de la Reina, expediente que afectaba personalmente a Fernando Presencia".

Por último, la UDEF destaca una tercera tanda de denuncias firmadas por Presencia, Royuela y Grasa contra "miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional", además de contra "el ministro de Interior actual, Fernando Grande-Marlaska, la directora general del CNI, la directora general de la Guardia Civil y la directora del gabinete de comunicación de la ministra de Defensa, todos ellos desempeñando dichos cargos en la actualidad".

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La conclusión que expone el informe policial es clara: "Presencia hace culpable de sus problemas judiciales a las personas sobre las que denuncia la existencia de depósitos bancarios". El juez de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, Joaquín Gadea, hace suya esta sospecha y avisa de "la existencia de indicios que permiten apuntar a la falsedad" de estas denuncias, así como al hecho de que las últimas "coinciden en el tiempo can las actuaciones judiciales abiertas contra el Sr. Presencia".

Tras explicar esta última tanda, el informe de la UDEF finaliza con una advertencia: "No se ha vuelto a recibir ningún escrito denuncia de las personas investigadas tras la apertura de las diligencias previas de las que entiende ese juzgado, si bien, por la presente, se comunica que se está elaborando un informe recopilando y analizando todas las denuncias presentadas por Felipe de Neri Galo Montero Dabouza". La policía adelanta que esta cuarta tanda de denuncias presenta "similitudes con los hechos investigados" y busca el "descrédito" de personas que "pueden afectar" a la causa, lo que apuntala la sospecha de que se trata de un hombre de paja de la organización.

A la espera de que este nuevo informe salga a la luz, el juez Joaquín Gadea ya acordó este mismo martes la imputación de Felipe de Neri "por su presunta participación en la comisión de un delito de injurias o calumnias contra altas instituciones del Estado y de organización criminal".