El Gobierno también rebajará con su reforma las penas de los altercados en las manifestaciones

La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y pactada con ERC por la que se elimina la sedición y se crea un tipo nuevo de desórdenes, supuestamente "agravados", no endurece las penas ya estipuladas por ese delito. En realidad, las reduce. El código ya contemplaba en su redacción actual un tipo que prevé penas más altas para aquellos que alteren el orden público en determinados supuestos. Ahora las condenas llegan hasta los seis años, uno más de los cinco máximos que se prevén en la proposición que tramita el Ejecutivo.

El Código Penal incluye ya un artículo 557 bis en el que se expone que se castiguen con pena de uno a seis años de prisión, los desórdenes en casos de especial gravedad. Por ejemplo, figura como circunstancia más grave que los hechos "se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa" o que el autor del hecho se prevalezca de su condición de autoridad, agente o funcionario público. También si los desórdenes se llevan a cabo con ocultación del rostro o se lanzan objetos contundentes o líquidos inflamables.

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El nuevo tipo que ha redactado el Gobierno suprime por completo el Capítulo I del Título XXII, donde venía definida la sedición e incluye una modificación de ese mismo artículo 557 bis en el que pasará a indicarse que los que "atenten contra la paz pública", obstaculizando las vías o invadiendo instalaciones, serán castigados con penas de tres a cinco años. La rebaja de los desórdenes y el atentado contra la autoridad era otra de las exigencias de ERC para esa "desjudicialización" que reivindican. Además de los políticos catalanes condenados por el procés o que huyeron y deben ser aún juzgados, miles de personas resultaron imputadas por las violentas manifestaciones que se produjeron en los días posteriores a que se conociera la sentencia.

Las personas que participaron en los distintos altercados que se dieron en aquellas fechas no solo se enfrentan a multas, sino también a imputaciones por la comisión de delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Otra reforma legal del PP, en este caso la del Código Penal de 2015, elevó las penas para endurecerlas. Según el cálculo del independentismo, más de 200 personas se encuentran acusadas por los hechos de 2019, y muchas de ellas se han ido enfrentando a elevadas peticiones de prisión de la Fiscalía.

Meses reivindicando la rebaja

Esquerra apostaba por una modificación a la baja de la actual legislación. El artículo del Código Penal que se reformó fue impulsado por los populares. A pesar de la norma, las decisiones de los distintos tribunales catalanes que han instruido los hechos y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sido atemperar las condenas. Lo mismo ha sucedido con el Ministerio Público, que ahora reclama condenas inferiores a los dos años, que no implicarían un ingreso en la cárcel.

El independentismo calcula que casi 3.000 personas se encuentran encausadas en más de 30 juzgados en Cataluña

Años después del 1 de octubre de 2017 aún resuenan las consecuencias en tribunales repartidos por toda Cataluña. El independentismo ha realizado estimaciones sobre el número de afectados por procedimientos judiciales vinculados con el procés y calcula que casi 3.000 personas se encuentran encausadas en más de 30 juzgados de las cuatro provincias catalanas. En la cifra, se engloban los 700 alcaldes de municipios catalanes que mostraron expresamente su apoyo a la Generalitat para la celebración del referéndum o las casi 200 personas imputadas por desórdenes públicos y daños por el corte que Tsunami Democràtic realizó en la frontera hispanofrancesa.