Todos los partidos que votaron con el Gobierno la ley del solo sí es sí piden ahora corregirla

El cerco sigue estrechándose sobre Podemos por la polémica de la ley del solo sí es sí. La presión sobre Irene Montero se multiplica, hasta el punto de que la mayoría de grupos parlamentarios que votaron a favor del trámite en el Congreso de los Diputados asumen los errores de la norma y piden ya al Ejecutivo impulsar una corrección del controvertido texto. El pasado 25 de agosto, solo PP y Vox se opusieron, con la abstención del PRC y la CUP. Además de la coalición gubernamental, ERC, PNV, Bildu, Ciudadanos, Más País, Compromís, Junts, PDeCAT, BNG, Coalición Canaria y Teruel Existe pulsaron el botón del sí. Hoy, a la vista de los acontecimientos, casi todos se han pronunciado en público o en privado para que se dé marcha atrás. El PSOE abrió también la puerta a estudiar una modificación, pese al rechazo de los morados.

Uno de los casos más sintomáticos del alcance de la polémica es el de Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas no suelen formar parte del bloque de apoyos fijos a Pedro Sánchez, salvo en las cuestiones en que votan por convicción. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual era una de ellas. Los nueve diputados naranjas no vieron fallas en una norma que, en suma, suprimía la distinción entre abuso y agresión sexual prevista en el actual Código Penal. Cuando los casos de rebajas de condenas a agresores sexuales comenzaron a salir a la luz, el partido se mantuvo firme.

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A principios de semana, fuentes autorizadas del grupo parlamentario de Ciudadanos insistieron en que la redacción del texto era correcta porque, más allá de la influencia de Podemos, en la reforma habían participado magistradas del Tribunal Supremo, catedráticos y una abogada del Estado, entre otros técnicos "brillantes" y "respetados" en el mundo penal. "Quien diga que es una reforma defectuosa está faltando a la verdad", sostenían. Cuando la presión comenzó a crecer, los liberales empezaron también a dar marcha atrás. "Somos partidarios de corregir la ley", reconocen ahora en el partido. Los naranjas critican también que desde el Gobierno se ataque y se señale a la judicatura, que desde la formación morada han llegado a calificar como "fachas con toga".

Dentro del bloque de socios habituales del Gobierno, tanto ERC como PNV recuerdan que ya reprocharon al Ejecutivo que no tuviese en cuenta los posibles efectos adversos de la ley y exigen tomar las medidas pertinentes para frenar el goteo de revisiones a la baja de penas. El ambiente se ha caldeado más, si cabe, después de trascender que el abogado de la Manada prepara un escrito para tratar de rebajar la condena a uno de sus clientes. El caso que más opciones tiene de prosperar es el de Ángel Boza, uno de los cinco condenados en firme por el Supremo.

"Estamos de acuerdo en la posibilidad de que se modifique la ley del solo sí es sí para asegurar una correcta interpretación", inciden fuentes autorizadas de los republicanos. Es el mismo argumento que esgrimen desde las filas peneuvistas. El portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, reconoció este jueves que se cometió "una equivocación por parte del Parlamento por no haber previsto una disposición transitoria" que aclarase en qué supuestos procedería revisar condenas. El dirigente achacó el error a las "prisas" del departamento de Irene Montero, a la que recomendó "moderar" el tono en sus últimas declaraciones. Aun así, el PNV votó también a favor.

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En la misma posición se sitúa Joan Baldoví, líder de Compromís, otra de las fuerzas que exigen una revisión de la norma "si no hay otra solución y sirve para evitar esas rebajas escandalosas". El diputado agregó el pasado miércoles que "fallos hay por todas partes" y se alineó con la necesidad de "estudiar" el asunto para evitar más consecuencias. "Si la ley ofrece resquicios para que alguien pueda interpretar que esto se puede utilizar para ir en contra de los derechos de las mujeres, habrá que tomar medidas", sostuvo también la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. "Si hay juristas de prestigio que significan que puede haber puntos de fuga en esa ley, que se mejore", zanjó su compañero de filas, Oskar Matute, marcando la posición del partido.

Entre el resto de grupos que dieron luz verde sin objeciones a la norma en el Congreso, la tesis es muy parecida. "Si se abren a revisarlo, nosotros estaremos de acuerdo", marcan por ejemplo en el PDeCAT. Junts, por su parte, ha ido un paso más allá y ha exigido directamente la comparecencia de Irene Montero por el aluvión de atenuantes de condenas. "No podemos dar ni medio motivo para que un juez pueda llegar a reducir penas a alguien que ha agredido sexualmente a otra persona", resumió Míriam Nogueras.

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, respalda el argumento del sector morado del Gobierno sobre el "evidente sesgo machista" en parte de la judicatura que ha llevado a utilizar la ley de una forma "injusta", pero recalca, en declaraciones para este medio, que "si a la hora de la entrada en vigor de una ley se pone en evidencia que no funciona correctamente, no pasa nada por que pueda ser revisada". A su juicio, debe primar "impedir" que haya jueces que "puedan utilizar la norma en el sentido contrario de lo que establece la propia ley". "Si hay una iniciativa por parte del Gobierno para revisarla, votaremos a favor", zanja.

Sánchez gana tiempo

La presión dentro y fuera del Ejecutivo comienza a ser insoportable. Y las posibilidades de que la ley permanezca intacta comienzan a atenuarse. El presidente del Gobierno compró algo de tiempo cuando apostó el pasado miércoles por esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia para, a partir de ahí, ver cuál es el camino a seguir. Los barones socialistas apremian a Ferraz para que dé un paso al frente y, sobre todo, piden rehuir el choque de Podemos con la judicatura. Por el momento, diferentes portavoces del partido han dejado entreabierta la puerta a la reforma. La que marcó una posición más activa fue la ministra Pilar Alegría, que abogó por "estudiar y valorar desde el punto de vista jurídico posibles modificaciones de la ley".

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Irene Montero y el resto de la cúpula morada continúan atrincherándose y culpando del goteo de reducciones de penas al "machismo" de los jueces, a los que exigen una mayor preparación. La polémica amenaza ahora con hacer estallar la frágil relación entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue guardando silencio pese a la ingente presión sobre los morados. Este jueves, se desmarcó también la líder de Más Madrid, Mónica García, que exigió al Gobierno "rectificar" porque "se abre una puerta que no se quería abrir".