La delegada de Ceuta culpa a Marlaska e Interior del retorno de menores: "Recibí órdenes"

La delegada del Gobierno en Ceuta recientemente cesada, Salvadora Mateos, declaró el pasado 5 de octubre como imputada ante la jueza que investiga la devolución de 55 menores a Marruecos sin aplicar los protocolos de la Ley de Extranjería. La comparecencia, a la que ha tenido acceso íntegro El Confidencial, estuvo plagada de alusiones a la participación directa del Ministerio del Interior en las gestiones y, en particular, de su titular, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ya ha pedido a la jueza que no tenga en cuenta esta declaración por los problemas de salud de Mateos.

Según le confesó durante la comparecencia, la petición de devolver a los menores partió del Gobierno de Ceuta, pero las gestiones las impulsó Interior tras una reunión mantenida en Madrid con el ministro Grande-Marlaska. La cita tuvo lugar el 28 de julio, semanas antes de la polémica operación retorno: “Se llevó personalmente a Madrid a hablar con el ministro, el ministerio se puso en esos momentos en contacto con Marruecos y vieron a bien llevar a cabo el convenio este”.

Mateos se refiere a un convenio firmado en 2007 con Marruecos en materia de inmigración que nunca antes se había usado. Cuando un viernes 13 de agosto procedieron a ponerlo en marcha, les dio tiempo a devolver a 55 menores antes de que la Justicia ordenase detener los trabajos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó esa paralización y determinó que se hizo sin cumplir los protocolos legales establecidos y que puso en riesgo a los menores.

Junto a la muerte de decenas de migrantes en el paso fronterizo de Barrio Chino de Melilla por el que han pedido la dimisión de Grande-Marlaska y una investigación exhaustiva, este es el segundo frente que acecha a la gestión del Ministerio del Interior en relación con la inmigración. Lo que investiga esta jueza de Ceuta es la responsabilidad penal de las autoridades en la devolución de los menores. Por el momento, están imputadas por prevaricación Salvadora Mateos y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deus, del PP. Las fuentes jurídicas consultadas no descartan que las imputaciones puedan seguir escalando.

Consta en el procedimiento que la operación se activó finalmente tras un correo remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por el número dos de Grande-Marlaska, Rafael Pérez. La Audiencia Nacional ya determinó que esa comunicación no se puede considerar una instrucción oficial, pero la delegada del Gobierno le dijo a la jueza que fue “una orden”.

“A ver, yo no decido que los niños salgan, yo recibo una orden de la Secretaría de Estado”, contestó. En ese correo no se precisaba el modo en el que debían ser devueltos los menores, pero Mateos abundó en que ella mantuvo conversaciones telefónicas con el secretario de Estado. Según dijo, cuando desde Madrid se le avisó de que Marruecos estaba dispuesto a recibir a los menores, ella mantuvo al secretario al tanto de cómo se iba a hacer.

“Las órdenes me estaban viniendo de donde me estaban viniendo. Me dijeron: "Hemos llegado a este acuerdo y hay que ponerlo en marcha”. De este modo, Mateos admitió que ella sabía que no estaban aplicando la Ley de Extranjería porque se fio de lo que le indicaron, que era aplicar el convenio con Marruecos de 2007 que ya ha sido censurado por la Justicia. Por ese motivo, añadió la investigada, no solicitó asesoramiento del personal de su delegación del Gobierno en Ceuta.

La jueza hizo numerosas preguntas acerca de los protocolos que se tendrían que haber cumplido. Salvadora Mateos admitió no saber si los menores estuvieron asistidos por un abogado y también desconoce si la Fiscalía hizo algún informe. “Las circunstancias eran las que eran”, se justificó. La jueza contrastó entonces estas respuestas con un documento del Ministerio del Interior remitido a la Fiscalía el 12 de agosto en el que le pusieron en conocimiento del plan retorno. La magistrada leyó en voz alta parte de ese informe y cómo en él se indicaba que el retorno se realizaría buscando garantizar los derechos e intereses de los menores y tras un análisis exhaustivo de sus situaciones personales.

“Le están diciendo a Fiscalía que se ha hecho un análisis exhaustivo…”, le advirtió la jueza. Salvadora Mateos indicó que ese era el trabajo de la ONG: “Lo dimos por hecho”, sentenció. “¿Usted se preocupó en mirar si en cada uno de los menores existía ese informe?”, “¿Desde la Secretaría de Estado no le preguntaron si se habían hecho los informes?”, le insistió la magistrada a Mateos, quien dijo no recordar este aspecto. “Es importante, Salvadora, por eso se lo pregunto”.

Mateos padece cáncer y la Abogacía del Estado remitió hace días un escrito a la magistrada apelando a la desorientación que puede sufrir debido a su tratamiento para pedir que solo se tenga en cuenta las explicaciones que prestó ante la Fiscalía en diciembre de 2021. Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público propiciaron que la fiscal de Ceuta Silvia Rojas presentase una denuncia para judicializar el caso. Mateos es también la madre de la exjefa de prensa del PSOE, Maricha Ruiz Mateos, persona próxima al presidente Pedro Sánchez, quien la premió hace meses con el puesto de responsable del Hipódromo de la Zarzuela.

"Entiendo que han hecho todo lo que correspondía hacer", trató de justificarse Salvadora Mateos ante las preguntas de la jueza. "Estaban contentos con irse con sus padres. De hecho, así pasó. Los niños cuando llegaron a la frontera estaban contentos, felices... Vamos, hay fotos... No iban niños llorando ninguno".