El Gobierno destituye a la delegada de Ceuta investigada por la devolución de menores

El Gobierno ha tomado la decisión de apartar de su cargo a la delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos. Se encuentra investigada en un juzgado de la ciudad autónoma por un delito de prevaricación tras la devolución de menores a Marruecos sin cumplir con lo estipulado en la Ley de Extranjería. Fuentes oficiales conocedoras de la destitución indican que Mateos padece una grave enfermedad que arrastra desde hace tiempo. La noticia de su salida se publicará esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indican las mismas fuentes.

En los acuerdos alcanzados en la reunión del Gobierno de este lunes aparece el nombramiento de Rafael García Rodríguez como nuevo delegado. Es asesor jurídico del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la ciudad autónoma y responsable jurídico del partido. También es el secretario general de Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE de Ceuta desde 2021 y anteriormente se ha dedicado a la empresa privada y ha sido titular de una gestoría.

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La hasta ahora delegada del Gobierno declaró el pasado 5 de octubre durante algo más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta en calidad de investigada. En agosto del año pasado, fueron expulsados 55 menores marroquíes no acompañados. Según dijo, fue en el marco de un "pacto" entre Madrid y Rabat. Antes de entrar al juzgado, declaró a los periodistas su deseo de "terminar de una vez" con lo que considera que es "una injusticia".

Fuentes jurídicas consultadas han apuntado a que, al dejar de ser delegada del Gobierno, ya no podrá seguir siendo representada por los servicios jurídicos del Estado y tendrá que designar nuevo abogado. De entrada, creen, eso servirá para dilatar la causa, ya que el nuevo letrado solicitará días para estudiarla. Para este 2 de noviembre, estaba citado el secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrrou, y la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro.

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La delegada Mateos se negó a responder a las preguntas de la acusación particular y solamente lo hizo a las formuladas por la jueza instructora, el Ministerio Público y su propia defensa. Según su versión, la Delegación y el Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP), competente en materia de Menores desde 1999, actuaron en todo momento de acuerdo con distintos ministerios como los de Interior, Justicia o Exteriores, así como con el gabinete del presidente Sánchez.

Según Mateos, los contactos establecidos con Marruecos llevaron a que este país aceptara por primera vez activar el Acuerdo de 2007 y se comprometiese a hacerse cargo de los niños a través de una entidad gubernamental [L'Entraide Nationale] antes de devolverlos a sus familias. Ella misma contactó en agosto con autoridades regionales del país vecino a las que dio absoluta credibilidad sobre sus intenciones y "entendía" que "una oenegé" había analizado la "vulnerabilidad" de los chicos, por lo que consideraba cumplidos "todos los requisitos".

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En diciembre, la delegada ya aseguró que "no le consta" que los menores se negaran a ser expulsados y que, al contrario, Deu le había transmitido que "estaban muy contentos" por salir de Ceuta, algo que se contradice con los informes de las ONG contratadas para velar por los menores. También afirmó que "nadie" le manifestó su desacuerdo con el protocolo que se iba a aplicar al margen de la legislación, algo que vio justificado en una situación "excepcional" y mirando por el "bienestar" de los jóvenes.

Igualmente, señaló que, al término de una reunión en la frontera con representantes de Marruecos en la que la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, reiteró sus reparos legales, nadie se los transmitió, sino que, al contrario, le dieron "todas las garantías" de que no se obraba legalmente, como hasta ahora han entendido todas las instancias judiciales de lo Contencioso-Administrativo que se han pronunciado, tanto en primera instancia como el TSJA.

Mateos tiene atribuidas las competencias para ejecutar cualquier repatriación de menores extranjeros no acompañados de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería, que se obvió, y Deu, responsable de Menores entonces, podría haberlo evitado, por lo que también figura como investigada por el mismo supuesto delito que se persigue. Las diligencias abiertas deberían determinar si, además de ambas, otros responsables de la Administración a niveles superiores deben acabar imputados como cooperadores necesarios.