La vicepresidenta de Ceuta (PP) pide que Marlaska declare en el caso de los menores

La vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, compareció el miércoles pasado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma para responder como imputada por la devolución de 55 menores de edad a Marruecos en el verano de 2021. En sus explicaciones, responsabilizó al Gobierno central de Pedro Sánchez de haber autorizado el plan de repatriación. Al día siguiente de dar explicaciones ante la jueza, la número dos de la ciudad autónoma, gobernada por el PP, remitió un escrito solicitando la declaración como testigo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En un documento al que ha tenido acceso El Confidencial, Deu también pide al juzgado la citación del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de Isabel Valdecabras, la jefa de Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo. "Es útil y pertinente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en este procedimiento", dice el escrito para justificar la solicitud de estas declaraciones. Además, quiere que se interrogue a autoridades marroquíes que, dos días antes de que empezasen las devoluciones de menores, participaron en una reunión en la frontera donde se acordó el plan de retorno.

TE PUEDE INTERESAR

La vicepresidenta de Ceuta elude responsabilidades sobre las repatriaciones: "Todo lo decidía Madrid"

EFE

El origen de estos hechos se remonta a mayo de 2021. En torno a 12.000 personas entraron de golpe en Ceuta cruzando la frontera de El Tarajal ante la pasividad de las autoridades de Marruecos. Cerca de un millar eran menores de edad. Las autoridades locales se vieron desbordadas. Pidieron ayuda al Gobierno de España y se repartieron 200 niños entre las comunidades autónomas. El resto fueron ubicados de forma provisional en pabellones. El Gobierno de Ceuta propuso activar un acuerdo inédito suscrito entre España y Marruecos en 2007 para devolver a los menores. Desde el Ministerio del Interior dieron el visto bueno a la idea en agosto de 2021. La Justicia determinó en un procedimiento contencioso-administrativo que eso fue saltarse la ley y poner en riesgo a los niños.

Ahora, el Juzgado de Instrucción de Ceuta sigue otra causa, en este caso penal, por un presunto delito de prevaricación. Está imputada la vicepresidenta de Ceuta, pero también la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos. Esta segunda fue llamada a declarar también el pasado miércoles, pero el juzgado aceptó retrasar su interrogatorio por motivos de salud. Está previsto que acuda al juzgado este jueves, día 15. Ambas coinciden en alegar que todos los pasos que dieron se hicieron con el conocimiento e incluso el asesoramiento de Madrid. El plan se activó a partir de un correo del Ministerio del Interior, concretamente, de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En los correos que la Secretaría de Estado de Seguridad remitió a las autoridades de Ceuta, se daba la instrucción de comenzar las repatriaciones de menores y se decía que era por indicación del ministro. En su defensa, desde Interior alegan que eso no era un acto administrativo, ni una orden oficial, y que, además, pidieron de forma expresa que en todo momento se garantizasen los derechos de los menores. De este modo, el Gobierno central se sacude la responsabilidad del 'modus operandi' empleado. Saber en qué consistió el asesoramiento a las autoridades de Ceuta será clave para determinar si hay más responsables de esta presunta prevaricación y si las imputaciones podrían afectar al Ejecutivo central. Si el juzgado aceptase la petición de que el ministro Grande-Marlaska declarase, estaría obligado por ley a decir la verdad por acudir como testigo.

Deu, en el juzgado

Deu centró su defensa en el juzgado en tres argumentos, según informan a este periódico varias fuentes presentes en la sesión. Durante dos horas, argumentó que se tomó una decisión excepcional como aplicar el convenio con Marruecos porque era una situación extraordinaria provocada por la entrada masiva de personas. Los menores llevaban tres meses en los pabellones sin una solución a la vista. Por ello, la vicepresidenta ceutí también quiere que se cite al responsable de la fundación SAMU, contratada por el Gobierno de Ceuta para velar por los menores que habían entrado en la ciudad y permanecían en los pabellones.

Esta citación a declarar del coordinador de SAMU, Javier Olier, no está exenta de riesgos para los intereses judiciales de Deu. Un informe de esta fundación discute la versión del Gobierno autonómico. SAMU documentó cómo los menores empezaron a llorar y a autolesionarse cuando se enteraron de que les iban a trasladar de vuelta a Marruecos. Las dos imputadas, en cambio, le dijeron a la Fiscalía que los niños estaban "contentos" y los despedían entre "aplausos".

TE PUEDE INTERESAR

Un informe discute la versión de Ceuta ante el fiscal: "Los menores se autolesionaban"

Alejandro Requeijo

En esta investigación, es clave el papel que jugó la jefa del Área de Menores de Ceuta, quien advirtió de la ilegalidad del plan que iban a cometer con los menores. Aun así, siguieron adelante y dio tiempo a retornar a 55 niños antes de que los tribunales ordenasen detener los trabajos de deportación, alertados por las ONG. Durante su comparecencia del miércoles pasado, Deu fue preguntada por esta advertencia, pero puso en duda los conocimientos jurídicos de la responsable de menores y priorizó los suyos propios y los de los asesores de la Delegación del Gobierno.

Cuando en el interrogatorio se le pidió que señalase quién decidió que se usara ese procedimiento, la investigada habló de asesores jurídicos del Gobierno y demás ministerios, pero no fue más allá. En su declaración ante la Fiscalía el pasado diciembre, Deu tampoco ofreció excesivos detalles sobre las personas con las que contactaba del Ejecutivo central. Según declaró entonces, desde la entrada masiva trataban con Madrid todos los días a través de la Vicepresidencia del Gobierno y los ministerios de Asuntos Sociales e Interior, normalmente a través de la Delegación de Gobierno. Llegó a citar a la exjefa de Gabinete de Carmen Calvo, que ahora desempeña funciones en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La acusación en este caso la ejercen la Fiscalía, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC. La red emitió un comunicado tras el interrogatorio en el que señaló su "preocupación" por la negativa de Deu a contestar a sus preguntas. Según desveló, la vicepresidenta de Ceuta acusó a la Fiscalía de "acoso" por el interrogatorio que le hicieron a finales del año pasado.