"Me torturaron", denuncia el militar disidente que España entregó a Argel para congraciarse

“Me llevaron a Saoula [comisaría], me desnudaron, se llevaron toda mi ropa, me torturaron y me mantuvieron en un aislamiento total durante cuatro meses”, declaró, el 28 de agosto, Mohamed Benhalima, cabo del Ejército argelino, ante el tribunal de apelación de Argel.

Una semana después, el domingo 4 de septiembre, fue condenado a un total de 12 años de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, difamación, insultos a funcionarios públicos, intromisión en la vida privada, etcétera. Tiene unos cuantos juicios más pendientes, incluido el que se celebró en su ausencia, en marzo de 2021, en el tribunal militar de Blida. Fue condenado a muerte por deserción. Cumple sus condenas en la prisión militar de Blida, a 45 kilómetros al sureste de Argel.

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Si Benhalima ha podido sufrir malos tratos e incluso tortura es porque fue expulsado de España y entregado a Argelia, en marzo, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue el segundo disidente argelino entregado a Argelia después de Mohamed Abdellah, sargento mayor de la Gendarmería, repatriado en agosto de 2021. A su mujer y a sus dos hijos pequeños, de tres y cinco años, se les permitió permanecer en Vizcaya, donde residían con su padre. El 11 de septiembre, el tribunal dará a conocer las sentencias condenatorias que recaen sobre Abdellah.

“Es anormal que un imputado declare haber sido torturado y que la Fiscalía no abra una investigación de inmediato”, se indignó durante el juicio Zakaria Belahreche, el abogado de Benhalima, reputado por su defensa de los derechos humanos. “El poder judicial tiene la obligación de velar por el respeto de la ley y en este juicio todos los procedimientos no han sido respetados”, le recordó al tribunal. Enumeró a continuación los artículos de la ley argelina y las convenciones internacionales que penalizan la tortura y fueron ratificadas por Argelia.

“Este es un asunto político, aunque no se quiera confesar”, concluyó el letrado su defensa, según explicó él mismo por teléfono a este periodista. Tanto Benhalima como Abdellah denunciaron en sus canales de YouTube, con cientos de miles de seguidores, la supuesta corrupción en las fuerzas armadas de su país. Ambos eran simpatizantes del movimiento islamista moderado Rachad, que dirige desde Londres el exdiplomático Mohamed Larbi Zitout. Ningún país, excepto Argelia, considera a Rachad un movimiento terrorista. Ningún país, excepto España, entregó a Argelia a miembros o simpatizantes de ese movimiento pacífico de oposición.

Cuarenta y ocho horas antes de que el presidente Emmanuel Macron iniciase, el 25 de agosto, su visita a Argelia, un grupo de asociaciones afines a las autoridades de ese país le instaron a “asumir sus responsabilidades” con relación a los disidentes exiliados argelinos en Francia expulsándolos. Macron hizo oídos sordos a la petición.

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Ambos militares argelinos emigraron a España y solicitaron el asilo, pero les fue denegado. La petición de Benhalima fue rechazada pese a que gozaba de la protección de Amnistía Internacional y de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elaborase dos informes consecutivos instando a las autoridades españolas a que admitieran y estudiaran en profundidad su solicitud, ya que existía un riesgo creíble de tortura.

Benhalima fue detenido el 14 de marzo pasado en Zaragoza y se le abrió de inmediato un expediente administrativo urgente de expulsión. Interior le acusó de haber participado en “actividades contrarias a la seguridad pública o que puedan ser perjudiciales para las relaciones de España con Estados extranjeros”. No aportó “ninguna prueba” de que hiciera apología de la violencia ni supusiera una amenaza para la seguridad, según sus abogados españoles, Jaume Dura y Alejandro Gámez, y las diversas ONG que le apoyaron.

La resolución de expulsión le fue notificada a Benhalima, ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, el 24 de marzo. De inmediato, fue conducido a un avión de Iberia, fletado por Interior, en el aeropuerto de Valencia. No pudo avisar a sus abogados, porque se le había incautado el móvil. El avión le trasladó a Chlef, un pequeño aeródromo argelino con apenas tráfico. Interior repatria siempre a los inmigrantes irregulares argelinos en barco, desde Alicante o Almería, pero con Benhalima hizo una excepción.

El procedimiento preferente de expulsión urgente, para evitar cualquier supervisión judicial, al que recurrió Interior y el medio de transporte utilizado son reveladores de las prisas que tenía el ministro Grande-Marlaska por expulsar al militar, cuya extradición no había sido ni siquiera formalmente solicitada por Argelia. Se trató, en opinión de fuentes diplomáticas no oficiales, de mitigar el enfado de ese país con España después de que diese a conocer, el 18 de marzo, la carta del presidente Pedro Sánchez a Mohamed VI de Marruecos. En ella, se alineaba con Rabat en el conflicto del Sáhara Occidental. No sirvió para apaciguar a Argel.

Los abogados españoles de Benhalima denunciaron en agosto a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Le entregó a Argelia “bajo riesgo cierto y creíble de tortura y, por lo tanto, España incumplió obligaciones críticas del derecho internacional que prohíben a los gobiernos devolver [personas] a un país en el que estarían en peligro de sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, recalcan en su escrito.

El Comité abrirá una investigación cuyo resultado no se dará a conocer hasta, como pronto, dentro de un par de años. Si asume los argumentos de los abogados de Benhalima, amonestará a España y pedirá al Estado español que indemnice a la víctima de la expulsión arbitraria. Para entonces, Grande-Marlaska habrá dejado de ser ministro.