El calvario de Benhlima, el militar expulsado por Marlaska y condenado a muerte en Argelia

“El Estado ha destruido mi vida. Me han sucedido cosas en la policía en Saoula. No voy a evocarlas hoy. Estoy enjuiciado por los mismos hechos en 19 tribunales, sin contar el militar de Blida que me ha condenado a muerte”. En su intervención final, el 8 de mayo, ante el tribunal de Bir Mourad Raïs (Argel), el cabo Mohamed Benhlima, de 32 años, dejó caer que había sido torturado y reveló que fue condenado a muerte 'in absentia' por un tribunal castrense.

Benhlima, militar, fue juzgado a principios de este mes por “difusión de informaciones falsas que ponen en peligro de seguridad del país y la integridad territorial; perjudicar los intereses superiores del país y atentar contra la vida privada”. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel y la sentencia se dará, en principio, a conocer el 22 de mayo. Este juicio fue la repetición de otro que ya se celebró cuando estaba exiliado en España y que se saldó con una condena a 10 años. El que tuvo lugar en el tribunal militar de Blida también debería, en teoría, repetirse.

Si Benhlima se sentó en el banquillo la primera semana de mayo, fue porque el Ministerio del Interior español le expulsó el 24 de marzo. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo hizo en un plazo de tiempo extraordinariamente corto y fletando un avión de Iberia para trasladarle del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) al pequeño aeropuerto de Chlef. Los inmigrantes irregulares argelinos eran siempre repatriados en barco desde Alicante y Almería, pero con Benhlima se hicieron varias excepciones, una de ellas, recurrir al avión.

“No había tiempo para esperar al próximo barco” a Argelia, aseguraron en marzo fuentes oficiales de Interior para explicar las prisas. Ese barco que tanto tardaba zarpó, sin embargo, el 2 de abril de Almería rumbo a Ghazaouet con un puñado de 'sin papeles' a bordo. La celeridad de Grande-Marlaska —tomó él mismo la decisión de fletar el avión— fue un intento de mitigar el enfado de Argelia con el Gobierno español. El 18 de marzo se hizo pública la carta del presidente Pedro Sánchez a Mohamed VI alineándose con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. Al día siguiente, Argel llamó a consultas a Said Moussi, su embajador en Madrid.

“Hay que señalar que la expulsión se produjo en un contexto de guerra donde España necesitaba el gas procedente de Argelia y además acababa de apoyar la autonomía propuesta por Marruecos” para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, explicó Adrián Vives, portavoz de la asociación CIEs NO, al diario valenciano 'Levante'.

El gesto apaciguador del exjuez de la Audiencia Nacional con Argel no sirvió de nada. Argelia suspendió, a partir del 2 de abril, las repatriaciones de inmigrantes irregulares; dejó de importar carne de vacuno española, y Toufiq Hakkar, el presidente de Sonatrach, la gran empresa estatal de hidrocarburos, deslizó que será España el cliente del gas argelino al que más subirá el precio.

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Amnistía Internacional confirmó, el lunes por la noche en un comunicado, que sobre la cabeza de Benhlima pende una sentencia de muerte. En él pidió al Gobierno de España que presione para que se anule la condena, un asunto sobre el que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó el martes 17 del mismo mes no estar al corriente. Dos diputados, Joan Baldoví (Compromís) y María Dantas (ERC), han pedido la comparecencia de Grande-Marlaska para que explique los motivos de esa deportación. La ONG de derechos humanos también remitió una carta al presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, en la que le insta a cancelar esta condena a la pena capital “por cargos de espionaje y deserción”.

Aunque el tribunal militar de Blida, una ciudad a 45 kilómetros al sureste de Argel, ratifique, tras un nuevo juicio, la condena a muerte de Benhlima, este no será ejecutado. Argelia aplica una moratoria y no se ha ejecutado a ningún reo desde 1993. Los condenados a la pena capital suelen cumplir en muchos casos una cadena perpetua.

Amnistía asegura que, “según la información que ha obtenido, a su llegada a Argelia, las fuerzas de seguridad agredieron físicamente a Benhlima”. Confirma así la velada acusación de tortura que el cabo argelino formuló ante el tribunal. Su recorrido en Argelia desde que fue expulsado fue un vía crucis, según la ONG y el alegato de su abogado, Abdelkadir Chohra, ante los jueces.

Desde Chlef, el aeropuerto donde aterrizó, “fue trasladado por la policía a Saoula, donde se le grabó sin que fuese informado de ello”, resaltó Chohra. “Después difundieron sus declaraciones [en la televisión] y le condujeron a El Harrasch [prisión de Argel], aunque dos días más tarde le entregaron a la seguridad militar”, que debió llevárselo a la prisión castrense de Blida. Chohra, un conocido defensor de los presos de opinión, fue detenido el pasado sábado junto con el opositor y empresario Rachid Nekkaz.

Benhlima llegó a España, en septiembre de 2019, con un visado, pero cuando este expiró pidió asilo, en febrero de 2020, en la oficina de San Sebastián. Este le fue denegado. Se convirtió en 'youtuber' y en su canal, que contaba con 155.000 seguidores, denunciaba la corrupción en el Ejército y en las elites gobernantes en Argelia. Nunca propugnó la violencia. Probó fortuna en Francia y Portugal, pero ahí también se le denegó el asilo porque debe solicitarse en el primer país de la UE que pisa el aspirante a refugiado.

A mediados de marzo fue detenido en un control de carretera, supuestamente casual, por infracción de la ley de extranjería y trasladado al CIE de Valencia. Allí logró grabar con su móvil un último vídeo a escondidas en el que decía en voz baja en español: “Quiero pedir al señor Marlaska y Pedro Sánchez que revisen sus decisiones y me salven la vida”. “Argelia es un país de dictadores que no aceptan otras opiniones”, les recordaba.

Asesorado por Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y CIEs No, volvió a pedir el asilo desde el CIE, pero 72 horas después su demanda fue rechazada por, entre otros motivos, ser “un peligro para la seguridad nacional”. En cuanto le fue notificada la resolución negativa de su nueva solicitud, fue conducido al aeropuerto custodiado por media docena de policías españoles que embarcaron con él rumbo Chlef.

Las autoridades argelinas habían solicitado su extradición —Grande-Marlaska optó por la expulsión— por pertenecer y financiar un grupo terrorista que ponía en peligro la seguridad del Estado y la unidad nacional. El grupo es Rachad, un movimiento islamista moderado y no violento que no figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Su líder, Larbi Zitout, reside en Londres. Ningún país europeo ha deportado a miembros de Rachad excepto España. Benhlima no reconoció durante el juicio su pertenencia a Rachad, pero sí admitió haber intercambiado mensajes con Zitout.

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Benhlima es el segundo militar argelino expulsado a su país. El exgendarme Mohamed Abdallah fue el primero, el 21 de agosto pasado, a bordo de un ferry. Había llegado en patera en septiembre de 2018 junto con su mujer y su hijo, a los que el Ministerio del Interior permitió permanecer en España. Él también se convirtió en 'youtuber' y en su canal, con 265.000 seguidores, formulaba denuncias similares sobre la corrupción que aseguraba haber visto de cerca cuando estuvo destinado en la frontera con Túnez. Abdellah fue condenado, en marzo, por el tribunal de Bir Mourad Raïs a seis años de cárcel por pertenencia a una organización terrorista, es decir, a Rachad. La Fiscalía había pedido 20 años.

Grande-Marlaska también atendió una petición de entrega de Rabat, la del activista saharaui Hussein Bachir Brahim. Desembarcó de una patera, en enero de 2019, en Lanzarote, pero no pudo ni solicitar asilo. A la semana ya estaba de vuelta en Marruecos. El Tribunal de Apelación de esa ciudad le condenó, en noviembre de ese año, a 12 años por el asesinato de un joven durante una pelea entre estudiantes marroquíes y saharauis en el campus de la universidad. El activista siempre negó los hechos que se le imputaban y sus letrados alegaron durante el juicio que no existía ninguna prueba que avalase la acusación.