La vicepresidenta de Ceuta elude responsabilidades sobre las repatriaciones: "Todo lo decidía Madrid"

La vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), ha declarado este miércoles en sede judicial que las repatriaciones de los 55 menores marroquíes en agosto del pasado año se hicieron amparadas por el Gobierno de la nación.

"Todo lo decidía Madrid", ha declarado la dirigente ceutí según el testimonio ofrecido por el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, que ha ejercido la acusación popular en este proceso. Mabel Deu no ha querido realizar ninguna valoración sobre sus declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 pero sí ha ratificado las mismas manifestaciones que en su día realizó ante la Fiscalía donde dejó claro que toda sus actuaciones estaban amparadas por el Gobierno de la nación. Deu ha acudido en calidad de investigada por un delito de prevaricación continuada en la devolución de estos niños a su país de origen.

Rafael Escudero ha manifestado a los periodistas a las puertas del Palacio de Justicia que Mabel Deu "no ha querido contestar a nuestras preguntas pero sí ha dejado claro que todo lo había autorizado Madrid".

En estas declaraciones, la vicepresidenta primera del Gobierno autonómico ha señalado que ha aportado como pruebas las comunicaciones que mantenía con los diferentes jefes de Gabinete y los responsables de hasta cuatro ministerios.

"Ha manifestado que mantuvo conversaciones con cuatro ministerios y con cargos del Gobierno de España, por lo que solicitaremos la ampliación de los elementos probatorios para que esas personas comparezcan como testigos y ampliar las diligencias", ha advertido Rafael Escudero.

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Rafael Escudero ha comentado que la intención es que exista un procedimiento "claro, transparente y ágil ya que ahora mismo sólo veo excusas mientras que Mabel Deu ha insistido en que todo lo decidía Madrid", en relación a que las autorizaciones para las repatriaciones fueron aprobadas por el Gobierno central.

Por este motivo, se ha decidido también incorporar como testigos a organizaciones como la Cruz Roja Española o Save The Children "para ver qué hicieron".

Del mismo modo, se va a pedir una aclaración sobre el más de un millón de euros invertidos en emergencia para la acogida de los menores marroquíes que entraron en la ciudad "porque no nos cuadran las cuentas y queremos aclarar quién, cómo, en qué y cuándo se invirtió ese dinero", ha apostillado Rafael Escudero.

"Es un procedimiento penal, no administrativo, y tienen responsabilidad la que tutelaba -en relación al Gobierno ceutí- y el que debería haber seguido el procedimiento -en referencia al Gobierno central-", ha añadido.

Esta misma mañana también estaba citada a declarar la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, pero su citación se ha pospuesto a petición de su abogada por motivos de salud de la dirigente gubernativa.

En principio, la delegada del Gobierno podría declarar a finales de la próxima semana, aunque la fecha todavía no ha sido concretada, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Las devoluciones se produjeron en tandas de quince menores a mediados de agosto de 2021 hasta que fueron paralizadas por un juez, según han informado a Efe fuentes judiciales.

En el proceso se piden hasta quince años de inhabilitación para cargo público por una acusación de prevaricación administrativa continuada mientras que la Red Española de Inmigración y Ayuda solicita ampliar la responsabilidad a altos cargos del Gobierno, de hasta cuatro ministerios.

El Gobierno ceutí tiene en la actualidad acogidos a unos 340 menores marroquíes, entre ellos 5 menores de los que en su día fueron repatriados y han regresado por sus propios medios a la ciudad.