El Gobierno pide a la jueza obviar lo que le dijo la delegada de Ceuta por su estado de salud

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, quiere que la jueza de Ceuta, que investiga la devolución de decenas de menores a Marruecos el verano pasado, obvie las explicaciones que le dio la delegada del Ejecutivo en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos. Prestó declaración el 6 de octubre en el Juzgado y, entre otras cosas, señaló al secretario de Estado de Seguridad y a la jefa de Gabinete de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Pero su defensa alega que lo hizo afectada por la enfermedad que padece y el agresivo tratamiento que le provoca situaciones de desorientación. Pide a la magistrada que se quede solo con la declaración que prestó hace casi un año ante la Fiscalía, cuando la investigación todavía no se había judicializado.

Salvadora Mateos fue cesada esta semana. Se encuentra imputada en esta causa, acusada de un delito de prevaricación administrativa por su responsabilidad en el retorno de 55 menores que habían entrado en Ceuta en la llegada masiva de personas desde Marruecos en mayo de 2021. Salvadora Mateos, padece cáncer. Es la madre de la exjefa de prensa del PSOE, alguien de la estrecha confianza del presidente Pedro Sánchez, que la premió con un puesto de 113.000 euros anuales al frente del Hipódromo de la Zarzuela.

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Mateos alega en su defensa durante todo el proceso que la devolución de menores fue un pacto entre Madrid y Rabat y que las autoridades de Ceuta, tanto nacionales como locales, contaron siempre con el respaldo y el asesoramiento del Gobierno de España. En el escrito al que ha tenido El Confidencial, la Abogacía del Estado dice que el estado de salud de la delegada "especialmente en los últimos meses, se ha ido deteriorando por motivo de un carcinoma que ha requerido, y sigue requiriendo, de tratamiento con sesiones de quimioterapia y radioterapia".

"Estos tratamientos, de fuerte intensidad en el organismo humano, junto con el deterioro ocasionado por el carcinoma, hacen que la estabilidad, fuerza física y memoria de mi representada no se encuentren en sus mejores momentos, pudiendo sufrir episodios de desestabilidad y desorientación que afectan a su estado cognitivo", añade el escrito que va acompañado de un informe médico. A juicio de los servicios jurídicos del Estado, "estos episodios de confusión son más propensos a ocurrir ante situaciones que requieran gran atención y concentración, como puede ser el enfrentarse a una declaración judicial".

El documento lo firma el abogado del Estado Alejandro Geronico. A su juicio, estos problemas de salud deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la declaración de Mateos "habida cuenta de las afirmaciones realizadas y de los leves episodios de desmemoria". "Por esta razón, y dado que los hechos investigados son los mismos que se investigaron por la Fiscalía en las Diligencias Preprocesales que dieron lugar a este procedimiento, y habiéndose ratificado mi representada en su declaración dada en Fiscalía, entendemos que a la hora de esclarecer los hechos acaecidos es conveniente darle mayor verosimilitud a la declaración dada en la fase preprocesal”, zanja. Fuentes jurídicas apuntan que esta puede haber sido una de las últimas gestiones que realice la Abogacía del Estado en defensa de Salvadora Mateos dado que ya no es un cargo oficial.

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La delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Fiscalía de la polémica repatriación a Marruecos de los menores que entraron de forma masiva a la ciudad en mayo de 2021. Mateos prestó declaración como "sospechosa" en el marco de la investigación penal impulsada por el Ministerio Público. "Lo decidió el Gobierno", llegó a decir en su interrogatorio al que ha tenido acceso íntegro El Confidencial.

La imputada por estos hechos es la número dos del Gobierno autónomo de Ceuta, Mabel Deus, del Partido Popular. Declaró como investigada en septiembre. Basó toda su defensa en que ella confió en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que mantenía contacto diario. "Me guie por los servicios jurídicos del Gobierno". Se mostró dispuesta a enseñar el WhatsApp de su móvil para acreditar sus conversaciones con el Ministerio del Interior o la Vicepresidencia de Carmen Calvo.

El número dos de Marlaska

Mientras tanto, el Juzgado sigue con sus pesquisas y citando a declarar a todos los implicados. Esta semana declararon como testigos la abogada del Estado, Zaida Fernández, y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, que desempeñaban esas funciones en agosto de 2021, cuando los menores migrantes marroquíes no acompañados fueron devueltos a su país al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería.

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La Red Española de Inmigración ejerce la acusación popular en esta causa. En un comunicado explicó que Kasrou "ha ratificado en sala la condición de orden e instrucción", a su juicio, de "todas las comunicaciones entre la Delegación y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. También "ha confirmado que durante un año no se hizo seguimiento del estado de los menores deportados".

Esta declaración facilita que el número dos del ministro Fernando Grande-Marlaska, el magistrado de carrera Rafael Pérez, pueda ser citado a declarar por estos hechos dentro esta investigación penal. En un procedimiento que se siguió en su día ante la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa, los jueces determinaron que las comunicaciones de la Secretaría de Estado en este caso no podían ser consideradas como órdenes oficiales.