La Fiscalía marca el camino para castigar con cárcel los gritos racistas en estadios de fútbol

Los aficionados que profieren cánticos e insultos racistas en los estadios de fútbol deben ser castigados con cárcel. Al menos esa es la tesis del fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, que pide condenar a dos años de prisión a un aficionado del Espanyol al que acusa de haber imitado "los gestos que hacen los primates" y gritado "uh, uh, uh, uh" cuando el delantero del Athletic Iñaki Williams era sustituido durante la segunda parte de un partido el 25 de enero de 2020.

El escrito de acusación lleva un paso más allá la primera causa penal de la historia de España por racismo en un estadio de fútbol y, a lo largo de tres páginas, el fiscal marca el camino para los que todavía están en fase de investigación. Entre las claves que da para ello, destaca la propia condena que solicita, pues más allá de los dos años de cárcel, solicita tres 'castigos': multa de 5.400 euros, "prohibición de acceder a estadios de fútbol en cualquier categoría durante un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión impuesta" e "inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre" por el mismo periodo de tiempo.

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Tras pedir la apertura de juicio oral, el fiscal propone además reproducir una serie de pruebas que reflejan los aspectos en que se ha centrado la investigación. Entre ellas, se encuentran las habituales de interrogar al acusado y de tomar declaración como testigos a diversas personas, pero también otras que ponen el foco en las imágenes y vídeos tomados durante el encuentro. En concreto,"el visionado de las imágenes" que se tomaron del sector 108 de la grada, donde se encontraba el mencionado aficionado del Espanyol, y la toma de declaración a mossos que han actuado como peritos y forman parte de la Unidad Central de Fotografía y Audiovisuales.

La importancia que juegan las imágenes se refleja también en que la Fiscalía ha terminado por pedir el sobreseimiento provisional para otro de los aficionados a los que se investigó en un primer momento, pues "la instrucción de la causa no ha permitido obtener todos los indicios racionales de criminalidad para formular acusación".

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En cuanto a los delitos en los que se apoya la petición de cárcel, el fiscal apunta a la letra A del 510.2, que castiga con entre seis meses y dos años de prisión a "quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito (...) por motivos racistas", y el 510.5, que añade la mencionada inhabilitación especial. Según argumenta el escrito, el aficionado incurrió en ambos "en concurso" con un delito contra la integridad moral del artículo 173.1, que sostiene que "el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Para justificar este último punto, el relato del fiscal subraya además que los supuestos cánticos e imitaciones del aficionado generaron al jugador del Athletic "sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca", tal y como él mismo declaró ante el juez durante la fase de instrucción.

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De esta manera, el escrito justifica la petición de cárcel y la inhabilitación, pero, para incluir la prohibición de acceder a estadios de fútbol, salta hasta los artículos 57.1 y 48.1 del Código Penal: "Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral (...), atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones", señala el primero. "La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito", añade el segundo.

La clave en este último punto se centra, por tanto, en "la gravedad" y el "peligro", para lo que el escrito pone el foco en que "los hechos se desarrollaron ante los 27.318 asistentes que en ese momento estaban presenciando el partido de fútbol en el propio estadio y ante una audiencia en televisión que se estima en un mínimo de 209.512 telespectadores". Estos datos podrían llevar a argumentar que la prohibición solo es necesaria para el propio estadio del Espanyol y no para los de "cualquier categoría", pero el escrito subraya a su vez que cánticos racistas como el de “uh, uh, uh, uh” se han extendido por diversos "grupos de aficionados de distintos países".

El pasado septiembre, sin ir más lejos, la Fiscalía de Madrid también abrió una investigación "en relación con los cánticos de tintes racistas que se escucharon tanto fuera como en el interior del Civitas Metropolitano" contra el jugador del Real Madrid Vinícius Júnior durante el derbi que se celebró en la capital el día 18 de ese mes. Por el momento, el Ministerio Público ya ha seguido el mismo esquema que se refleja en este escrito de acusación: solicitar a la Policía Nacional que analice las grabaciones "a fin de que identifique a las personas que profirieron insultos racistas" y que habrían incurrido en "un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas".