Un juez investiga al médico de Juan Carlos I por tapar el cobro de 1,3M de origen desconocido

Nueva investigación sobre las finanzas del entorno de Juan Carlos I que ya salpica al propio monarca. El Ministerio Público ha judicializado una querella por fraude fiscal contra el médico personal del Rey emérito, Manuel Sánchez Sánchez, y contra el banquero mexicano Allen Sanginés-Krause, presunto testaferro del exjefe del Estado, por simular varias ampliaciones de capital para ocultar el cobro de 1,3 millones de euros de procedencia desconocida, según consta en la denuncia de la Fiscalía de Barcelona, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La querella, presentada antes de verano y asumida por el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, no se dirige contra Juan Carlos I, pero advierte de que puede acabar afectando "a todas aquellas personas cuya identidad se revele en el curso de la instrucción de la causa como posibles partícipes en los hechos delictivos". De hecho, el Ministerio Público asegura que se han localizado facturas emitidas por Manuel Sánchez Sánchez a nombre de una mercantil de Sanginés-Krause que en realidad se corresponden con servicios médicos prestados a Juan Carlos I.

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Los hechos descritos por la Fiscalía, anticipados por 'El Periódico de Catalunya', habrían comenzado en 2016, cuando Manuel Sánchez Sánchez, doctor especialista en cirugía estética y reparadora y trabajador de la exclusiva Clínica Planas de Barcelona, en la que conoció al Rey emérito, decidió independizarse y montar su propia consulta en compañía de su mujer, A.A.M. A partir de ese momento, también se convirtió oficialmente en el médico de cabecera del monarca, aunque lo era en la práctica desde hacía años. Desde que Juan Carlos I se instaló en Abu Dabi, lo ha visitado en numerosas ocasiones para controlar su salud, por ejemplo.

Lo que Hacienda ha descubierto es que, entre 2016 y 2018, Sánchez ocultó el cobro de 1,3 millones de euros por servicios médicos a "su clientela con elevada capacidad económica" y que posteriormente trató de legalizar esos fondos simulando hasta cuatro ampliaciones de capital de su clínica. “Para ocultar las referidas rentas, Manuel Sánchez Sánchez recurrió a una estrategia defraudatoria, para cuya ejecución fue imprescindible la colaboración de los querellados Allen Sanginés-Krause y A.M.M.”, señala la querella, en poder de este diario.

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En concreto, Sanginés-Krause habría utilizado una mercantil creada en 2015, Sanlua Inversiones SL, para realizar aportaciones ficticias de capital a la clínica del doctor por un total de 1,3 millones de euros, la cantidad que el médico necesitaba regularizar. De ese modo, Sánchez podía alegar que el dinero que en realidad había recibido por sus servicios profesionales, y que “debía haber sido objeto de declaración y tributación en su IRPF”, procedía de un inversor.

Inversión sin retorno

Sin embargo, la operación hizo saltar las alarmas de la Agencia Tributaria. A pesar de aportar supuestamente 1,3 millones de euros, Sanginés-Krause solo obtuvo el control del 35% de las acciones del centro médico, frente al 65% en manos del propio doctor del Rey, que apenas había pagado por ese porcentaje 3.010 euros. La Fiscalía tampoco ha encontrado ninguna documentación que avale el teórico interés del banquero mexicano en ese proyecto, ni tampoco pruebas de que haya realizado ningún tipo de fiscalización posterior. Su 35% de las acciones acabó en manos de una ciudadana venezolana con residencia en España. Además, todas las rentas generadas por la clínica han tenido como únicos beneficiarios al doctor Sánchez y a su mujer. A juicio de Hacienda, es incompresible que Sanginés-Krause nunca haya obtenido el más mínimo retorno ni se haya preocupado por conseguirlo.

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El Ministerio Público sospecha de los motivos por los que el banquero mexicano colaboró en el intento de regularización de las rentas no declaradas del médico del Rey. "Sanlua Inversiones SL es propiedad del querellado Allen Sanginés-Krause, magnate mexicano con pasaporte británico a cuyo nombre la clínica expidió facturas correspondientes a servicios prestados por el querellado Manuel Sánchez al Rey emérito, cliente suyo desde hace muchos años", expone la Fiscalía.

Este hecho ya se detectó durante las diligencias fiscales que condujo la Fiscalía del Supremo en cooperación con Anticorrupción durante meses y que acabaron en archivo. En el decreto en que archivaba la investigación contra el emérito, se cifró en 95.365 euros la cantidad que Sanginés-Krause abonó por "servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018" al padre de Felipe VI.

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Esa cantidad venía a sumarse a otra serie de pagos efectuados por el empresario. A lo largo de cuatro años, este ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey. El importe total fue destinado al abono de gastos particulares de Juan Carlos I o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados.

Las nuevas diligencias abiertas en Barcelona amplían considerablemente las cifras mencionadas entonces. De momento no se ha acreditado si el banquero mexicano realizó esa inversión bajo sospecha con fondos propios o ajenos, ni se conocen los motivos por los que el médico no la declaró. Ambos partícipes tienen, sin embargo, vínculos directos con Juan Carlos I que, durante años, manejó fondos opacos depositados en cuentas fuera de España. La inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones fiscales le libraron de un procedimiento penal.

La querella atribuye al doctor un fraude total de 604.690 euros entre 2016 y 2018 (235.182 euros en 2016; 231.067 en 2017, y 138.441 en 2018). En cada uno de esos tres ejercicios, habría rebasado la cifra de 120.000 euros que convierte una posible infracción de carácter meramente administrativo en un delito contra la Hacienda Pública.