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Zarzuela sugiere al emérito que visite España pero que resida en Abu Dabi
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Tras el archivo de la Fiscalía

Zarzuela sugiere al emérito que visite España pero que resida en Abu Dabi

Traslada a Juan Carlos I, a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, que visite España después de la Semana Santa y antes del verano, pero le hace saber que no se alojará en la Zarzuela ni recibirá asignación presupuestaria

Foto: Foto: David Ramos/Getty Images.
Foto: David Ramos/Getty Images.
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Este fin de semana, Javier Sánchez-Junco, letrado y apoderado del rey emérito, Juan Carlos I, valora con él en Abu Dabi el contenido de los dos decretos motivados el pasado día 2 de marzo por los que se archivan las tres diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ambas resoluciones están suscritas por el fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón.

En estas resoluciones, que no implican ningún tipo de sobreseimiento judicial, el Ministerio Fiscal ha llegado a la conclusión de que no procede interponer contra el anterior jefe del Estado ni denuncia ni querella porque, aunque algunas de sus conductas investigadas presentan indicios de delito fiscal, no se puede jurídicamente proceder a su persecución judicial.

Foto: El rey emérito Juan Carlos I en 2018. (Getty)
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La Fiscalía estima en los decretos de archivo cuatro razones que impiden la interposición de la acción penal ante la Sala Segunda del Supremo contra Juan Carlos I: la inviolabilidad del investigado hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación; la prescripción de hechos con apariencia delictiva; y la falta de indicios delictivos en otros comportamientos que, de probarse, habrían constituido tipos penales diferentes al delito fiscal (cohecho o tráfico de influencias), todo ello en relación con los 65 millones de euros recibidos por la fundación panameña Lucum.

En lo referido a las transferencias opacas efectuadas por Sanginés Krause y los gastos sufragados con cargo a sus importes recurrentes, y no declarados por Juan Carlos I, y en lo que concierne a los pagos de vuelos privados y alojamientos abonados por la fundación Zagatka, la Fiscalía considera que concurre la excusa absolutoria prevista en el artículo 305.4 del Código Penal, ya que el padre del Rey formalizó dos regularizaciones fiscales de forma voluntaria, espontánea y completa, tanto por el concepto de impuesto sobre donaciones a la Comunidad de Madrid, como por el de la renta de las personas físicas a la Agencia Tributaria estatal por un importe conjunto de más de cinco millones de euros, sin que en ninguno de los dos casos precediera 'conocimiento formal de la iniciación de diligencias', fuera por resolución administrativa de inspección o apertura de procedimiento judicial.

Por último, el Ministerio Fiscal considera que respecto del fondo 'The JRM 2004 Trust', constituido en Jersey, Juan Carlos I "nunca tuvo la condición de beneficiario ni la tuvo ninguna persona de su entorno". El decreto de archivo subraya que "entre 2004 y 2021, no existe indicio alguno que permita vincularle [a Juan Carlos I]" con ese trust.

Foto: El rey emérito Juan Carlos I. (Reuters)

Desde el día 3 de agosto de 2020, dos meses después de que la fiscal general del Estado ordenase abrir las primeras diligencias de investigación (40/2020 de 5 de junio), el padre del Rey reside en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde donde ha manifestado reiteradamente su deseo de regresar a España. Era una condición no expresa, pero sí convenida, que tal regreso no podía producirse hasta que no se cerrase la investigación del ministerio fiscal. Concluida esta, tanto Juan Carlos I como la Casa del Rey se plantean la posibilidad de su vuelta a España.

La próxima semana, Javier Sánchez-Junco, tras debatirlo hoy con el padre del Rey, informará mediante un comunicado sobre la valoración de los decretos de archivo de la Fiscalía y, muy seguramente, acerca de las decisiones de su cliente sobre su regreso a España y las condiciones en las que se produciría.

Foto: Felipe VI y Pedro Sánchez. (EFE)

La Casa del Rey, según fuentes de toda solvencia a las que ha tenido acceso El Confidencial, ha solicitado al letrado Sánchez-Junco que traslade a Juan Carlos I los criterios a los que entiende debería ajustarse en el futuro inmediato el padre de Felipe VI. Estos consistirían en que el rey emérito no debería fijar su residencia en España y que resultaría más conveniente que se instalase los próximos "dos o tres años" en Abu Dabi, donde quedaría fijada su residencia fiscal, además de la administrativa que se entiende ya dispone.

En la Zarzuela se valora como más "prudente" y "discreto" que Juan Carlos I permanezca en Emiratos Árabes Unidos como residente, ya que allí goza de privacidad, seguridad y asistencia y no tendría que sujetarse a determinadas obligaciones de orden fiscal y administrativo, ni desviaría el foco de atención mediática y pública de la Jefatura del Estado y de su titular, el rey don Felipe VI.

Solo un problema serio de salud de Juan Carlos I —que ahora es buena pese a sus problemas de movilidad— justificaría su traslado a España

No obstante, y según expresión de las fuentes consultadas, la Zarzuela quiere "estallar el grano" que supone esta situación porque "el padre del Rey no está exiliado" y entendería adecuadas visitas de Juan Carlos I a España aprovechando invitaciones a eventos a los que pudiera ser requerida su presencia, así como consultas médicas, siempre en actos de naturaleza privada, ya que no cabe en absoluto que asuma ningún tipo de representación. La Casa del Rey estimaría que la visita inicial de Juan Carlos I debería producirse "no antes de la próxima Semana Santa en abril ni después del inicio del verano, en junio".

Durante estas visitas o estancias no se alojaría en la Zarzuela por ser "la sede de la Jefatura del Estado", sino en los lugares en los que fuera invitado o a los que se desplazase por cualquier otro motivo. Se consideraría, no obstante, "normal" que el rey emérito se desplace a la Zarzuela —donde además de los reyes y sus hijas reside doña Sofía— para estar con su familia, pero de manera privada y, por lo tanto, sin presencia de medios de comunicación y "sin pernoctar allí". También se descarta que la Casa del Rey vuelva a abonar a Juan Carlos I la asignación presupuestaria que suspendió Felipe VI en marzo de 2020. En todo caso, un problema serio de salud de Juan Carlos I —que ahora es buena al margen de sus problemas de movilidad— justificaría su traslado a España.

Foto: Pedro Campos y el rey Juan Carlos. (EFE)

La Casa del Rey, de nuevo según las fuentes consultadas, habría advertido de que "Juan Carlos I es el que tomará las decisiones sobre su situación, estancia y desplazamiento y que los criterios que le traslada este fin de semana a su abogado son sugerencias prudenciales". Efectivamente, Juan Carlos I es un ciudadano en plenitud de sus derechos y es a él al que corresponde tomar estas decisiones. No obstante, los criterios de la Casa del Rey serían "básicamente coincidentes" con los de la Presidencia del Gobierno, que le ha exigido "explicaciones" sobre su conducta, uno de los asuntos que, según fuentes de la Moncloa, debería satisfacer. Esta circunstancia abona también la cautela y equilibrio del planteamiento que la Zarzuela transmite al padre de Felipe VI, que podría consultar también sus decisiones con otras personas de su entorno y, entre ellas, con Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y estrechamente vinculado al emérito.

Desde la Moncloa y desde la Casa del Rey, se espera que tanto Juan Carlos I como las personas de su entorno de confianza sean conscientes de que los decretos motivados de archivo, aunque le libran de la acción penal, hacen un relato "muy duro" que ha impactado en la opinión pública "negativamente" y generado un agrio debate político, con planteamientos urgentes de alterar la constitucional inviolabilidad del jefe del Estado.

Se espera que el comunicado de Javier Sánchez-Junco, trasladando a la opinión pública la valoración sobre los decretos de archivo dictados por la Fiscalía y sobre las decisiones de Juan Carlos I, se produzca en los primeros días de la semana próxima, porque Felipe VI viaja el miércoles a Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Gabriel Boric, e inmediatamente después se desplazará a La Palma, donde participará en un acto de solidaridad con los afectados por la erupción del volcán y en la sesión inicial de la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez.

Este fin de semana, Javier Sánchez-Junco, letrado y apoderado del rey emérito, Juan Carlos I, valora con él en Abu Dabi el contenido de los dos decretos motivados el pasado día 2 de marzo por los que se archivan las tres diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ambas resoluciones están suscritas por el fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón.

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