Juan Carlos I pierde su blindaje jurídico al abandonar España y se expone al fiscal suizo

El país elegido por Juan Carlos I para su exilio sigue sin confirmarse oficialmente, pero tras abandonar España este lunes, su abogado emitió un comunicado para asegurar que no busca esquivar a la Fiscalía del Supremo: "No obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación". Pese a ello, el texto deja en el aire la investigación que salpica al emérito en Suiza, país que no contempla su inviolabilidad y que, según sugieren juristas consultados por El Confidencial, puede ahora proceder en su contra de forma más sencilla: fuera de España, Juan Carlos no goza del blindaje jurídico que le otorga la Constitución hasta que abdicó y, por tanto, se allana el camino para una posible toma de declaración por parte de Ginebra.

A falta de que avancen las pesquisas y de que confirmen oficialmente el país al que se traslada Juan Carlos, los expertos insisten en que se trata de escenarios hipotéticos. España y Suiza ponen el foco en "la donación" de 100 millones de dólares que recibió de Arabia Saudí en 2008 y buscan aclarar si fue una comisión por la adjudicación del AVE a La Meca tres años después, pero por ahora no han actuado en su contra. El fiscal suizo, Yves Bertossa, investiga a Corinna Larsen y a dos presuntos testaferros, Arturo Fasana y Dante Canónica, por su posible papel en una trama que supuestamente lavaba fondos de la corrupción en el país helvético y, al mismo tiempo, custodiaba el patrimonio oculto del monarca. La investigación por blanqueo acaricia aspectos que se acercan a la figura del Rey, pero sin tocarlo.

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La principal diferencia entre las pesquisas de ambos países pasa entonces por el artículo 56.3 de la Constitución, que establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". En España, ese blindaje se extiende hasta junio de 2014, cuando Juan Carlos dejó el trono a su hijo, Felipe VI. Cualquier delito en el que pudiera haber incurrido antes de esa fecha se queda en papel mojado. Pero en el derecho internacional no existe una regulación específica sobre la inmunidad de los jefes de Estado tras abandonar el cargo y menos cuando se trata del ámbito privado de su vida, por lo que esa inviolabilidad no tiene por qué ser reconocida en otros estados: se abre un escenario en el que Juan Carlos I deja atrás su blindaje constitucional y se expone a que el fiscal suizo actúe en su contra.

La posibilidad de que el monarca se viera afectado judicialmente en el Supremo resultaba poco probable. En Suiza, sin embargo, el periodo investigable es más amplio y, para esclarecer los hechos, Bertossa solicitó a la Audiencia Nacional los audios del encuentro que mantuvo el excomisario José Villarejo con Larsen en Londres. La cita se remonta a 2015 y ella aseguraba en la misma que Juan Carlos había cobrado comisiones y guardaba dinero en Suiza a nombre de terceros: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón". La Audiencia Nacional archivó esta investigación porque los "actos" se remontaban a entre 2009 y 2012, cuando el Rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad, pero Bertossa siguió tirando del hilo.

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Con el fiscal investigando y Juan Carlos marchándose de España, el país al que se traslade resultará clave para su futuro judicial. Si Bertossa considera que cuenta con suficientes indicios para su imputación, podrá incluso solicitar su extradición, petición que resulta poco probable y dependerá del tratado de Suiza con el país que lo acoja: España no hubiese aceptado su entrega por hechos anteriores a 2014, pues, como establece la Constitución, no cabe hablar de un delito antes de esa fecha. Como ha adelantado El Confidencial, Juan Carlos I ha optado finalmente por asentarse en Portugal con la familia Brito e Cunha-Espirito Santo, por lo que Suiza podría pedir su colaboración sin demasiadas complicaciones. Si finalmente Bertossa actúa en su contra, la duda pasa por la disposición que muestren las autoridades lusas.

Sea como sea, los juristas consultados destacan que se trata de meras especulaciones y, por el momento, no hay más datos que los que contiene el comunicado emitido por el abogado del monarca. En cualquier caso, la marcha de Juan Carlos presenta ya una consecuencia: ha perdido el blindaje jurídico que le aseguraba la Constitución. "Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España", sostiene en la carta enviada a su hijo. La decisión es histórica, pero sus consecuencias judiciales son por ahora un misterio.