Montero irrita a los alcaldes al convocarlos sin margen para aprobar el gasto de los PGE

Una convocatoria extraordinaria por correo electrónico, con apenas tres días de antelación y a punto de finalizar julio. El Gobierno ha convocado para este jueves a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) con casi un único punto en la agenda: fijar el techo de gasto para los ayuntamientos y los objetivos de déficit y deuda para el próximo año, para acelerar los presupuestos generales del Estado de 2023 —los últimos de la presente legislatura— y comenzar a darles forma a partir del mes de septiembre. María Jesús Montero quiere comenzar agosto con las nuevas cuentas públicas ya enfiladas, y atará los cabos sueltos con las administraciones territoriales justo después de llevar el denominado límite de gasto no financiero este martes al Consejo de Ministros, con lo que se dará el pistoletazo de salida a los nuevos presupuestos.

El Ejecutivo ha movido ficha y ha convocado al órgano que une a la Administración General del Estado y la Administración Local, una maniobra que ha sorprendido a más de un alcalde después de meses sin una sola convocatoria. Hace unos días, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) volvió a exigir al Gobierno que reuniese al citado órgano de colaboración para tratar asuntos "urgentes" como el nuevo modelo de financiación local; el debate sobre la compensación de los ingresos fiscales por las plusvalías no recaudadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional —el impuesto aportaba 2.500 millones de euros anuales a las bolsas locales—, o la creación de un fondo de transportes más allá de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

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El Confidencial

Pero ninguna de estas cuestiones será tratada en la reunión extraordinaria de este jueves, lo que ha levantado un fuerte malestar, especialmente entre los alcaldes del PP, que vuelven a denunciar el "ninguneo" del Ejecutivo en general y del Ministerio de Hacienda en particular a la hora de tratar las demandas que hace meses vienen solicitando las entidades locales. "Ni una palabra de asuntos que afectan al municipalismo en España y que son reivindicaciones de todos los alcaldes de distinto signo desde hace meses", denuncian fuentes municipales. Además de las cuestiones previamente citadas, las voces consultadas echan de menos un apartado de debate sobre los problemas derivados del precio de la energía, justo en un momento en que el Gobierno trabaja en un plan de contingencia para incentivar el ahorro energético que remitirá progresivamente a los territorios.

En la convocatoria remitida a los ayuntamientos, a la que ha tenido acceso El Confidencial, aparecen cuatro puntos del día sin contar el turno de ruegos y preguntas. Además de la fijación de la tasa de referencia de estabilidad presupuestaria para 2023 correspondiente a las entidades locales, la flamante nueva vicesecretaria general del PSOE abordará otras cuestiones más técnicas, como el informe de deuda viva de los gobiernos municipales o la compensación de los saldos negativos de la liquidación del sistema de financiación local de 2020 en 2023.

Además de su cita con las entidades locales, la titular de Hacienda se reunirá el 27 de julio con representantes de las comunidades autónomas para fijar también su correspondiente techo de gasto, si bien la agenda con los responsables regionales incluye otros puntos del día, como el acuerdo relativo a la cesión del impuesto sobre depósito de residuos en vertederos.

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I. P.

Fuentes municipales denuncian tanto las "prisas" de la ministra de Hacienda como el hecho de que haya escogido una fecha complicada que imposibilita la asistencia de algunos representantes locales. Es el caso del portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, con una agenda especialmente apretada este jueves —incluido el último pleno municipal del curso político—, por lo que le resulta "completamente imposible" asistir a la reunión convocada por María Jesús Montero, una situación similar a la que tienen en Córdoba, Cantabria o Alicante.

Las mismas voces denuncian una supuesta intencionalidad de la titular de Hacienda para forzar la ausencia de regidores populares. De hecho, algunos de ellos habían despejado la agenda el viernes 29 de julio, asumiendo que el Gobierno respetaría los compromisos de los mandatarios municipales. El también alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, solicitó que al menos se permitiese una reunión mixta (presencial y telemática) para facilitar la asistencia de aquellos que tuviesen una agenda más complicada. Pero, finalmente, la cita tendrá un formato exclusivamente presencial: a las 15:30 en la Sala de Banderas de la sede del Ministerio de Política Territorial.