NUEVA PROPUESTA SOBRE EL SUPERÁVIT

Hacienda rectifica tras fracasar su decreto y suspenderá la regla de gasto hasta 2021

María Jesús Montero prepara un nuevo decreto para ofrecer a las entidades locales "más recursos y un mayor margen presupuestario" con un impacto superior a los 3.000 millones

Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (d), y la portavoz socialista, Adriana Lastra (i), durante el pleno del Congreso sobre el decreto de remanentes. (EFE)
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (d), y la portavoz socialista, Adriana Lastra (i), durante el pleno del Congreso sobre el decreto de remanentes. (EFE)

Hacienda propondrá un nuevo decreto sobre el superávit de los ayuntamientos y la suspensión de la regla de gasto hasta 2021. Después de que el pasado jueves el Congreso tumbase con una amplia mayoría el decreto de remanentes y el departamento que dirige María Jesús Montero cerrase la puerta a presentar otro, se ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta. La principal novedad será que, además de suspenderse la regla de gasto en 2020 para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit de 2018 y 2019, Hacienda se abre ahora a ampliarlo también al próximo año 2021 dentro del proyecto de Presupuestos, según confirman fuentes de este departamento.

La no aplicación de la regla de gasto a las entidades locales durante 2020 y 2021 era una de las principales reivindicaciones de los grupos que votaron en contra del decreto.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en un encuentro telemático con responsables políticos de 31 ciudades, el pasado 1 de septiembre. (EFE)
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en un encuentro telemático con responsables políticos de 31 ciudades, el pasado 1 de septiembre. (EFE)

El nuevo texto, que todavía se debe someter a negociación, estaría listo en las próximas semanas con el objetivo de que "las entidades locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia", según trasladan desde Hacienda. Con este nuevo decreto se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles —un mecanismo por el que ya se permite a los ayuntamientos utilizar el superávit en inversiones consideradas sostenibles en el tiempo y en determinados servicios públicos esenciales— iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, "siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario".

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Con carácter excepcional, el decreto que prepara Hacienda permitirá que las diputaciones forales y los cabildos insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 "para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o a los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias".

Por otra parte, las entidades locales con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito, una medida con la que se pretende que las administraciones locales pongan fin a sus planes de ajuste.

Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. De cara a los gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria, se establece un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos. El impacto de esta batería de medidas supera los 3.000 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo.

La no aplicación de la regla de gasto para los dos próximos años se establece como una vía intermedia a la derogación de la conocida como Ley Montoro. Una línea roja que estableció Hacienda durante las fallidas negociaciones para sacar adelante el decreto votado el pasado jueves, argumentando que dicha derogación implicaría una reforma constitucional. Para sortear este impedimento, desde el grupo municipalista de Izquierda Unida, Podemos y 'comuns' se propuso también ampliar las denominadas inversiones financieramente sostenibles, como se recoge en el nuevo decreto. Su objetivo pasaba así por buscar "otra propuesta" alternativa tras el rechazo de una mayoría de 193 diputados del Congreso al decreto de remanentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma con patronal y sindicatos del acuerdo para subir el salario mínimo a 950 euros, el pasado mes de enero. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma con patronal y sindicatos del acuerdo para subir el salario mínimo a 950 euros, el pasado mes de enero. (EFE)

Sobre lo que no se prevén adoptar medidas es respecto a los remanentes de tesorería, aduciendo que esta ha sido una cuestión "que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso", dejando en el aire un total de 15.000 millones de ahorros que suman las corporaciones locales y que no pueden emplear. A pesar de ello, desde Hacienda se defiende que esta falta de consenso "no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse".

El presidente de los populares, Pablo Casado, ha valorado que "Sánchez solo acierta cuando rectifica" y ha vinculado "la rebelión de alcaldes liderada por el PP" a que se evitase la convalidación de un decreto que consideraba una "confiscación de sus ahorros". La decisión de suspender la regla de gasto, ha añadido, desautoriza en su opinión a Montero y Abel Caballero, el presidente de la FEMP, a quienes ha conminado a "asumir su responsabilidad por este fracaso". Algunos de los regidores de los principales consistorios, como Barcelona (Ada Colau) o Valencia (Joan Ribó), han coincidido en valorar la derogación de la regla de gasto, pero exigiendo que se acompañe de un fondo extraordinario para los ayuntamientos.

Uno de los primeros líderes políticos en reaccionar ha sido el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, quien a través de las redes sociales ha expresado que "a veces hay que plantarse para que el gobierno rectifique y dé un paso en la dirección adecuada. Sigamos avanzando hasta derogar la Ley Montoro y modificar el 135". El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya se mostraba esta mañana seguro de que se encontrarían vías alternativas para sacar adelante las medidas positivas contenidas en el decreto, al tiempo que se mostraba favorable a modificar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Desde Bildu calificaron positivamente el cambio de criterio en Hacienda, defendiendo que "solucionar la situación de los ayuntamientos pasa por modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ahoga a las entidades locales, dejar sin efecto la regla de gasto y devolver el respeto a la autonomía municipal al lugar que le corresponde".

La ministra de Hacienda ya se mostró autocrítica tras el fracaso de su proyecto y reconoció que se trata "de un toque de atención del que tenemos que aprender todos". En esta línea, se mostró dispuesta a "tomar nota y aprender" de cara a futuras negociaciones. Con esta propuesta, se espera alcanzar un consenso y Hacienda confía así en encontrar una solución "para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos".

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