La FEMP pide a Montero un fondo de 2.600 millones para poder presupuestar 2022

La tensión en los ayuntamientos de España se encuentra en estos momentos al límite. A la espera de conocer al detalle la sentencia con que el Tribunal Constitucional tumbó el impuesto de plusvalías, las corporaciones locales están buscando la manera de sobrevivir sin una tasa que supuso en 2019 el 6,3% de sus ingresos tributarios. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado su junta este jueves para abordar la situación, pero ya ha planteado solicitar al Ministerio de Hacienda un fondo para cubrir el 'agujero' de 2.600 millones de euros, una cuantía similar al total que reciben los ayuntamientos por este concepto anualmente, que les permitiría cuadrar las cuentas de 2022, según apuntan fuentes del organismo a El Confidencial.

La situación es vital para muchos ayuntamientos españoles. Los ingresos de municipios como el de Boadilla del Monte dependen en un 53,76% de esta figura tributaria, según los últimos datos disponibles. En términos absolutos, el mayor impacto se lo llevan las grandes ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabeza. La primera recauda casi 600 millones al año por este impuesto y la segunda, en torno a 200.

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La entidad que preside el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha dado el paso después de que este miércoles recordara que venían instando a una reforma de la ley desde 2015, por lo que espera que el Gobierno y las formaciones presentes en el Congreso de los Diputados aceleren los trámites al máximo para resolver la cuestión por la vía legislativa. El objetivo de esta reforma, que María Jesús Montero ya ha puesto en marcha, es dar un nuevo soporte al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (ese es el nombre técnico) para que la duración de este limbo sea la menor posible.

Desde la FEMP, asimismo, han advertido de que, una vez tengan en sus manos el fallo del tribunal de garantías, analizarán el contenido del mismo y elegirán qué paso dar: "Tomaremos nuestras propias decisiones de demanda para las administraciones", aseguraba Caballero en un comunicado en referencia a las pérdidas de recaudación.

"Es un problemón"

Un alcalde de una gran ciudad relata a El Confidencial lo que supone para su corporación afrontar la situación, más aún después de lo sufrido durante la pandemia. "Es un problemón, porque los ayuntamientos ni siquiera hemos tenido fondos covid para paliar el gasto social extraordinario que hemos tenido que afrontar", asegura este regidor, que incide en que los consistorios padecen "pérdidas millonarias en el transporte público" y solo les van a llegar "las migajas de los fondos europeos". "Y ahora el agujero de la plusvalía...", lamenta este primer edil.

Si un movimiento como este ya supone de por sí un fuerte golpe a las arcas públicas, la coyuntura agrava incluso más su trascendencia. Los consistorios han incidido en el último año y medio en el estado crítico en que se encuentran después de que el coronavirus y la crisis económica hayan trastocado sus planes por múltiples flancos, especialmente durante el confinamiento estricto, pero también en los meses siguientes. El transporte público, la caída de la actividad económica o la mayor asistencia social a la población han descuadrado sus planes.

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El fallo del Constitucional es el tercero sobre el impuesto en cuestión después de que otros dos, de 2017 y 2020, cuestionaran el diseño del tributo. El de esta semana supone la puntilla final para esta tasa, que seguirá anulada hasta que los poderes ejecutivo y legislativo actualicen la Ley de Haciendas Locales con un nuevo texto. Su cobro queda, por tanto, paralizado por el momento, justo en un contexto en que los gobiernos locales ultiman sus presupuestos de cara a 2022 y a la espera de saber hasta dónde pueden llegar las reclamaciones sobre cuantías ya cobradas.