Podemos presiona al PSOE para que el techo de gasto pase de los 200.000 millones

El Gobierno lleva dos años seguidos batiendo récords absolutos con el techo de gasto, fundamentalmente para combatir el impacto de la pandemia, y 'dopado' por el empuje que le brindan los fondos europeos. En 2021, el Ejecutivo situó el límite de gasto no financiero en 196.142 millones de euros, 45 millones más que el año anterior. En esta ocasión, en la negociación que los dos integrantes de la coalición mantienen desde hace semanas, el socio minoritario reclama que el techo de gasto sobrepase "sensiblemente" el umbral de los 200.000 millones de euros en 2023, una cifra inédita hasta la fecha. La aprobación del techo de gasto es un paso clave en el largo camino hacia la aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque marca hasta dónde se pueden estirar las cuentas públicas.

Fuentes de Unidas Podemos conocedoras de la negociación explican a El Confidencial que, si bien en un primer momento su socio de gobierno planteó establecer el techo de gasto por debajo del umbral de los dos años anteriores, hoy celebran que el PSOE haya reconsiderado sus posiciones. Sobre las reuniones en el Ministerio de Hacienda, responsable de la elaboración de las cuentas públicas, afirman que "la música" suena bien, pero aún queda mucho trabajo para pactar la letra.

De alcanzar un acuerdo, ambas formaciones dan por hecho que el techo de gasto será aprobado en Consejo de Ministros a finales de julio o principios de agosto (el último consejo antes del parón estival está previsto para el 2 de agosto). Hacienda, por su parte, prevé su presentación en el Congreso (el techo de gasto no necesita someterse a votación) en el arranque del mes de septiembre. El artículo 134 de la Constitución establece que las cuentas públicas deben llegar a la Cámara Baja tres meses antes de que expiren los presupuestos anteriores, esto es, antes del 1 de octubre.

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Unidas Podemos, que en las últimas semanas ha tenido que tragarse varios sapos en materias muy sensibles —inmigración, política internacional y gasto militar, entre otras—, aprieta para convencer a sus socios de que el gasto público es hoy más necesario que nunca, y de que si puede "encontrar" 1.000 millones extra para partidas relacionadas con la defensa, para cumplir con los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con la OTAN, también hay que dedicar más recursos a políticas sociales. "Si encuentran dinero para carros de combate", resumen, deberán hacer lo propio "para sanidad, educación y dependencia".

Y, más allá de las declaraciones públicas de representantes de cada uno de los dos partidos en el Gobierno, en privado, Unidas Podemos no renuncia a la reforma fiscal que su socio no ve oportuno abordar por el momento. Alguno de sus máximos dirigentes ni siquiera se atrevía a descartar que el presidente pudiera hacer alguna mención a esta reforma fiscal en el debate sobre el estado de la nación.

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En concreto, las fuentes citadas insisten en la necesidad de actuar sobre el impuesto de patrimonio —que las comunidades autónomas bonifican— o sobre la riqueza generada fuera de España y posteriormente repatriada. Recuerdan que, en su día, el PSOE ya consideró "imposible" limitar la exención por dividendos y plusvalías obtenidos en el extranjero, y fue difícil convencerles de dejar de bonificar al 100% su repatriación a España, esto es, su repatriación sin pagar nuevos impuestos, para dejar esta exención en el 95%, imponiendo el desembolso de un 5%. Hoy, Unidas Podemos presiona para llegar al 85%, lo que supondría el pago de un 15% para repatriar estas cantidades. "No era imposible, y ya lo hacen varios países de la UE", apuntan.

Y sobre el impuesto temporal a las entidades financieras, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones al año, celebran este "esfuerzo", que va "en la buena dirección", pero piden ir más allá, a medidas que no sean extraordinarias o temporales. Esgrimen que los grandes bancos ganaron 15.264 millones en 2021 en España, aunque solo tributaron 731 millones por sociedades, "el 4,8%". Además, espoleada por el aumento de los precios, y solo entre enero y mayo, la recaudación del Ejecutivo está más de 15.500 millones de euros por encima de sus previsiones (casi un 20% más de lo esperado).

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"Será una negociación difícil", reconoce un destacado dirigente de Unidas Podemos, que también asume que deberán hacer importantes cesiones. Batallarán, además, con una ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bregada en todo tipo de negociaciones sensibles. "Es muy dura negociando, no se le escapa una", apunta.

Y esto, por no hablar del trabajo pendiente para recabar apoyos entre los grupos parlamentarios a las cuentas públicas. Superados dos hitos marcados en rojo en el horizonte del Ejecutivo, la cumbre de la OTAN y el debate sobre el estado de la nación, y después de que Sánchez volviera a cohesionar al Gobierno, centrará ahora sus esfuerzos en la negociación presupuestaria.

Formalmente, el engranaje comenzó a girar hace un mes: la ministra de Hacienda firmó la orden de elaboración de los presupuestos, en que especifica las normas para ello. Si logran los apoyos necesarios en el Congreso, y tras una tramitación de no menos de dos meses (tienen prioridad sobre el resto de iniciativas), las cuentas públicas deberían someterse a votación en pleno antes de finales de año, para pasar por el Senado y volver al Congreso para su ratificación definitiva.

El proceso, 'per se', es largo y complejo. Lo fue los dos últimos años, y las reclamaciones de los diferentes grupos en el debate sobre el estado de la nación ya anticipan que esta ocasión no será distinta.