La banca tiene 60.000 M en créditos fiscales para amortiguar el golpe fiscal de Sánchez

Los bancos españoles cuentan con un colchón de casi 60.000 millones de euros para amortiguar el hachazo impositivo de Pedro Sánchez. Esta es la cifra de créditos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que atesoraban las 10 mayores entidades (ver gráfico) a finales de 2021, de los que casi 42.200 millones están garantizados por el Estado (monetizables).

Por si fuera poco, las entidades financieras esperan acelerar el uso de estos activos este año y los próximos, aprovechando la mejora del negocio bancario y las perspectivas de mayores ingresos por los tipos de interés. Justo lo que quiere penalizar el Gobierno. Fuentes financieras consultadas por este medio no tienen todavía claro si el recurso a estos créditos fiscales les permitirá contrarrestar directamente los efectos del nuevo impuesto, en el caso improbable de que se aplicara dentro del impuesto de sociedades, o si su efecto será indirecto.

Así, si el Gobierno aprueba a tiempo un nuevo impuesto especial para los bancos, que grave el "beneficio extraordinario" derivado de la subida de tipos, los créditos fiscales no tendrán efectos directos sobre este tributo, salvo sorpresa. Pero los efectos para la recaudación podrían ser neutros, ya que la factura fiscal global de las entidades se verá amortiguada indirectamente por el efecto de los DTA.

Los créditos fiscales diferidos son deducciones fiscales generadas por pérdidas en el pasado —ligadas principalmente a la crisis inmobiliaria— que las empresas tienen derecho a usar durante los próximos años, mejorando así su factura fiscal. Hay parte que está garantizada por el Estado —monetizable, por la que se paga una tasa anual— y parte que no.

Estos activos han sido objeto de polémicas en el caso de la banca. Sobre todo en los años posteriores al rescate financiero, que provocaron críticas por que las entidades se beneficiaran fiscalmente por pérdidas que fueron cubiertas con dinero público, de modo que el Estado pagaría dos veces por ellas. Sin embargo, la complejidad técnica y estratégica del asunto evitó que se tomara ninguna medida. De hecho, el Gobierno del PP (Partido Popular) blindó la contabilización en términos de capital de estos créditos con un real decreto en 2013 que hizo gran parte monetizable. Esto supone que estén garantizados por el Estado a cambio de una tasa del 1,5%.

Dificultades

Para compensar este efecto, en el año 2016 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, introdujo una importante reforma para limitar el uso de las bases imponibles negativas de las grandes empresas al 25% de la base imponible de cada año. El objetivo de esta reforma era limitar la compensación de beneficios que pueden hacer las empresas cada año para así elevar la recaudación.

El saldo de los créditos fiscales se ha mantenido estable en los últimos años, en parte por estos límites a su uso. Pero también han sido claves las pérdidas sufridas durante la pandemia, que han creado más DTA, y la ralentización de los beneficios, que han generado menos bases imponibles. Todo esto podría cambiar a partir de ahora por los tipos de interés, aunque los bancos y los supervisores todavía no tienen claro si la inflación, la crisis energética y la ralentización van a forzar un repunte de la morosidad en el último tramo del año.

En este contexto, los que más tienen para beneficiarse son CaixaBank, con 19.500 millones en DTA tras la fusión con Bankia; BBVA, que todavía atesora 11.600 millones, muchos procedentes de las cajas catalanas (Unnim y Catalunya Banc); Santander, con casi 10.000 millones en parte del Popular, y Sabadell, con 6.700 millones. Los bancos calculan poder usar todos estos activos fiscales en los próximos 10-15 años.

Lo que no tienen tan claro es cómo va a ser el impuesto que afrontan, si llegará a tiempo y si podrá ser anulado por la Justicia en el futuro: "La doble imposición es evidente. En el impuesto sobre sociedades, se grava el beneficio total (ordinario y extraordinario), por lo que al gravar en el nuevo impuesto el beneficio extraordinario, este será objeto de un doble gravamen. Además, todo apunta a que la definición de la base tributaria será inevitablemente arbitraria y es anómalo aprobar un impuesto periódico a mitad (o más) de 2022 para que entre en vigor el 1 de enero de 2022 (el de las energéticas, al menos). Por todo ello, es posible que los jueces tumben los nuevos impuestos", expone el ex director general de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.