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La oposición exige al alcalde de Leganés que frene la enajenación de tres parcelas públicas
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La oposición exige al alcalde de Leganés que frene la enajenación de tres parcelas públicas

El Partido Popular, ULEG y Unidas Podemos, a través de sendos recursos de reposición, intentan frenar la operación. Entienden que con esta operación se está cometiendo un fraude de ley

Foto: El alcalde de Leganés, Santiago Llorente. (EFE/Rodrigo Jiménez)
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Los tres principales partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Leganés, Partido Popular (PP), Unión por Leganés (Uleg) y Unidas Podemos-IU, han presentado otros tantos recursos de reposición contra la decisión del equipo de Gobierno, liderado por el alcalde socialista, Santiago Llorente, de ceder de manera gratuita tres parcelas del Plan Parcial PP-5 “Poza del Agua” a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE). En los terrenos estaba previsto la construcción de VPO, pero su enajenación permite levantar vivienda libre conforme a la decisión adoptada, rubricada por la Junta de Gobierno Local el pasado 7 de junio.

Foto: El alcalde de Leganés, Santiago Llorente. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Lo que obtenga EMSULE con la venta de estas tres parcelas de titularidad municipal, supuestamente, se destinará a la construcción de viviendas de renta libre, en régimen de alquiler, en el barrio de Puerta de Fuenlabrada (PP4). Tal y como informó El Confidencial el pasado 14 de junio, la oposición calificó dicha actuación como “chapucera, oscurantista, sospechosa y en clamoroso fraude de Ley”, por entender que se “vacía el patrimonio público de suelo para generar especulación y salvaguardar mediante una ampliación de capital encubierta la viabilidad de una empresa pública que está condenada a su disolución por ser un chiringuito inútil”, según aseguró entonces Carlos Delgado, portavoz de ULEG.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular y diputado autonómico, Miguel Ángel Recuenco, asegura ahora que con esta operación el alcalde pretende “dar viabilidad a una empresa que acumula pérdidas millonarias y que le cuesta en nóminas 1,3 millones de euros a los vecinos de Leganés con el único objetivo de mantener el cortijo de amigos y familiares” del primer edil.

Foto: El alcalde de Leganés, Santiago Llorente. (EFE/Rodrigo Jiménez)

A su vez, Gema Gil, portavoz de Unidas Podemos-IU, también en declaraciones a El Confidencial, señala que se trata de una operación especulativa. “Carece de sentido que el Ayuntamiento de Leganés ceda parcelas para la construcción de viviendas de renta libre en suelo que está destinado a fines de interés social cuando podría ser el mismo Ayuntamiento el que construyera dichas viviendas como protegidas”, denuncia.

"El aumento de la vivienda sin un control solo provoca mayor especulación”, añade la portavoz de Unidas Podemos-IU en Leganés y remarca que si fuera el propio Ayuntamiento quien se encargara de la construcción de viviendas protegidas en dichas parcelas, los beneficios que se pudieran obtener se podrían dedicar “a aumentar el parque de vivienda pública sin fomentar la especulación”.

Foto: El alcalde de Leganés, Santiago Llorente. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Y Recuenco remarca que el movimiento del Gobierno municipal desde un punto de vista jurídico carece de valor.

“Mantener a los amigos”

En primer lugar, Recuenco señala “el incumplimiento de la Ley estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLARU), donde se establece que los bienes y recursos que integran los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Y en el supuesto que hablamos, las parcelas no se van a destinar a ese uso, se destinarán a vivienda libre, por tanto, no cumpliría el requisito”.

Foto: Protesta de los agentes de la Policía Local de Leganés el pasado mayo. (CPPM Leganés)

Y en segundo lugar, según el recurso interpuesto por el PP, por “incumplimiento de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establece que cuando se hace una cesión gratuita de un suelo a otra administración o entidad pública se tienen que destinar a la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública no a la construcción de viviendas en otra zona”.

Además, el portavoz popular subraya que, desde un punto de vista político, "el objetivo de una empresa pública es utilizar los suelos públicos para promocionar vivienda para la venta y alquiler con un precio más accesible para los vecinos, pero si se convierte en un instrumento para vender el patrimonio municipal de suelo al mejor postor, carece de sentido tener la empresa pública. Y todavía es más sospechoso que la venta no la haga directamente el Ayuntamiento, con los correspondientes controles jurídicos por parte de los funcionarios, sino que se hace desde la empresa pública careciendo de control y con el único objetivo de mantener a los amigos del alcalde".

Una cesión “viciada”

Por su parte, Carlos Delgado, portavoz de ULEG en Leganés, asegura en su recurso de reposición que la Junta de Gobierno carece de competencia y viola el procedimiento establecido cuando resuelve sobre una cuestión ya ajena a sus atribuciones y de la que ha perdido a estos efectos su control jurídico. “Esto es, la modificación del acuerdo de cesión ya nace radicalmente viciada desde el momento en que esas parcelas ya fueron entregadas a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) en un anterior acuerdo de Junta de Gobierno, siendo tal cesión firme y definitiva, en cuanto que el propio consejo de Administración de EMSULE en un acuerdo del mismo también aceptó tales parcelas y los fines por los que fueron cedidas”, remarca.

Foto: Bolsas de basura acumuladas en Leganés. (C. V. G.)

El portavoz de dicha formación también destaca que el Consistorio, con esta operación, vulnera diversos apartados de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 83, 174, 176, 178 y 246, entre otros, “puesto que es evidente que no se está cumpliendo fielmente lo previsto en esa normativa en cuanto al uso y destino de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo”.

Además, ULEG en su recurso de reposición también alega para solicitar la impugnación de esta operación urbanística la vulneración del artículo 48 de la Ley 39/2015 “en tanto que en cuanto, no consta en el cuerpo que justifica el acuerdo elementos esenciales como los informes jurídicos que desde el área de Urbanismo avalen esta actuación, los informes que desde la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento avalen esta actuación así como los informes jurídicos y técnicos que desde la Empresa Municipal del Suelo avalen que decaiga la virtualidad del acuerdo ya adoptado por el órgano competente de la mercantil para aceptar la cesión y el destino de las parcelas y que ahora avalen que la decisión unilateral del presidente tenga alguna eficacia jurídica”.

Los tres principales partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Leganés, Partido Popular (PP), Unión por Leganés (Uleg) y Unidas Podemos-IU, han presentado otros tantos recursos de reposición contra la decisión del equipo de Gobierno, liderado por el alcalde socialista, Santiago Llorente, de ceder de manera gratuita tres parcelas del Plan Parcial PP-5 “Poza del Agua” a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE). En los terrenos estaba previsto la construcción de VPO, pero su enajenación permite levantar vivienda libre conforme a la decisión adoptada, rubricada por la Junta de Gobierno Local el pasado 7 de junio.

Partido Popular (PP) Madrid