Un juez autoriza la destrucción de las cintas del 'Delcygate' que nunca vieron la luz

Si nadie ha hecho lo que no debe en todo este tiempo, las imágenes del encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas deberían seguir a buen recaudo en un cajón de Aena. Ahora, dos años y tres meses después del escándalo, un juez de Madrid ha autorizado la destrucción de los vídeos grabados por las cámaras de vigilancia del aeropuerto la noche del 19 al 20 de enero de 2020 y que jamás vieron la luz.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decreta “el cese de la conservación de las grabaciones”. Por ello, da la orden a la Policía de que informe a Aena y “al encargado de la efectiva conservación de las grabaciones” de que ya no hace falta que las sigan conservando. Por la Ley de Protección de Datos, las imágenes captadas por videovigilancia se tienen que destruir pasado un tiempo. Para evitar eso, la Justicia prohibió la destrucción de estas cintas mientras investigaba los hechos.

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió en secreto a reunirse con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, en plena noche a la terminal de vuelos privados del aeródromo madrileño. La mandataria bolivariana tenía prohibido por la Unión Europea pisar su territorio en respuesta al incumplimiento de los derechos humanos en su país. La cita, que el Gobierno trató de ocultar hasta el último momento, fue desvelada por 'Vozpópuli'.

Tanto Ábalos como el Ejecutivo ofrecieron varias y erráticas versiones sobre el tiempo que duró la reunión o el contenido de la misma. La última explicación del ya cesado Ábalos es que acudió para recordarle en persona que no podía acceder a territorio español. Delcy Rodríguez, persona de la más estrecha confianza del presidente Nicolás Maduro, pernoctó en una sala vip del aeropuerto y a la mañana siguiente siguió su viaje.

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El PP, Ciudadanos, Vox y una pequeña formación llamada Partido Laócrata llevaron el caso a los tribunales y a la Fiscalía. Se abrieron diversos frentes judiciales. El Tribunal Supremo estudió la denuncia contra José Luis Ábalos como ministro. La Sala de lo Penal determinó que el Gobierno había permitido estar en territorio europeo a Delcy Rodríguez, incumpliendo la orden de la UE, pero consideró que no era motivo de condena por un delito penal. En todo caso, serían las autoridades comunitarias las competentes para sancionar. Con todo, la verdad judicial contradijo al Gobierno, que siempre defendió que la terminal de vuelos privados es zona de tránsito.

Algunas incógnitas permanecen pendientes de resolver, como la cantidad de maletas que llevaba el séquito de la vicepresidenta. Uno de los vigilantes privados que prestaban servicio esa noche afirmó ante notario que la mandataria viajaba con 40 maletas. Las imágenes podrían servir para esclarecer si se quedaron en Madrid o continuaron con ella el viaje. El juzgado que ordenó conservar las cintas fue el de Instrucción número 7 de Madrid. Estaba de guardia cuando recibió la petición y lo ordenó el 18 de febrero de 2020, al filo de que se cumpliese el plazo legal para deshacerse de ellas.

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Desde esa fecha, si nadie ha hecho lo que no debe, deberían haber permanecido intactas. El Juzgado de Instrucción número 31, que estudió los hechos que afectaban a los funcionarios policiales del aeropuerto, también optó por archivar los hechos. Ha demorado hasta ahora la destrucción de las cintas, meses después de agotarse la última opción judicial de investigar el caso en el Tribunal Constitucional.

El auto en el que se levanta la protección de las imágenes lleva la fecha del 20 de abril y contra él todavía cabe la posibilidad de recurrir ante el propio juez o la Audiencia Provincial por parte de la Fiscalía o el partido Vox, personado como acusación en la causa. Las imágenes se reclamaron en varias ocasiones por medio del Portal de Transparencia una vez archivado el caso. El Gobierno se negó a hacerlas públicas apelando al riesgo de facilitar detalles sobre el aeropuerto a grupos terroristas o para no enturbiar las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela.