El fin del Delcygate: el TC confirma su archivo e impulsa la destrucción de las cintas

El caso Delcy, que protagonizó la batalla política en España hasta la irrupción de la pandemia, ha llegado a su fin un año y medio después tras haber recorrido todas las instancias judiciales posibles. El Tribunal Constitucional ha dado carpetazo definitivo a la pretensión de investigar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por reunirse en secreto en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. La mandataria bolivariana tenía prohibido el acceso a territorio de la Unión Europea por la violación de derechos humanos en su país. Esta decisión impulsa la destrucción de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeródromo aquel día.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, la Sección Primera de la Sala Primera del órgano dictó el martes una providencia en la que rechaza el recurso de amparo que había presentado Vox contra el archivo del caso. Los magistrados alegan como motivo su “falta de especial trascendencia constitucional”. Esta sección está compuesta por Juan José González Rivas (presidente), Alfredo Montoya Melgar y Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Delcy Rodríguez aterrizó en Madrid para hacer escala en un viaje a Turquía la noche del 19 al 20 de enero de 2020, a pesar del veto impuesto por las autoridades comunitarias. Era domingo y hasta allí se trasladó Ábalos, acompañado de su hombre de confianza, Koldo García Izagirre. El ministro primero quiso ocultar la reunión mantenida en el interior de un avión en la terminal de vuelos privados de Barajas, pero fue desvelada por el periódico 'Vozpópuli'.

Recorrido judicial

En torno al suceso, persisten algunas incógnitas. Uno de los vigilantes de seguridad que prestaban servicio esa noche aseguró ante notario que la número dos de Nicolás Maduro portaba decenas de maletas. La mandataria pasó la noche en la sala vip de la terminal y a la mañana siguiente tomó un vuelo con destino a Doha. Tanto el PP como Ciudadanos y Vox presentaron iniciativas judiciales para esclarecer todo el episodio. También una formación minoritaria de Sevilla llamada Partido Laócrata.

Se presentaron querellas tanto en la Fiscalía como en los tribunales ordinarios de Madrid o el Tribunal Supremo, por la condición de aforado del ministro. Se le acusaba de prevaricación o tráfico de influencias. También a los agentes de seguridad, personal del aeropuerto y al hombre de confianza de Ábalos, por permitir la estancia de Delcy Rodríguez. Los jueces fueron archivando el caso.

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No obstante, la Justicia zanjó que Delcy sí había incumplido la orden de la UE y que sí pisó suelo español, frente a la tesis del Gobierno, que se escudaba en que había permanecido en todo momento en zona de tránsito. Sin embargo, los jueces no apreciaron motivos suficientes para considerarlo un delito. Ninguno de los magistrados que estudiaron este caso llegó a visionar nunca las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de esa noche, pese a que estaban a su disposición desde el inicio.

El destino de las cintas

Ahora, el carpetazo definitivo del Tribunal Constitucional tiene una incidencia directa sobre esa prueba, que ha permanecido todo este tiempo bajo custodia de AENA, dependiente del Ministerio de Transportes. La Ley de Protección de Datos obliga a destruir las imágenes de las cámaras pasado un plazo de tiempo. Para evitarlo, un juez dio la orden de preservarlas hasta que terminase el recorrido judicial.

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La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en abril el archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 31 de la capital. El magistrado ya mostró su disposición a levantar la protección de las cintas, pero preguntó antes qué hacer al Tribunal Supremo. Desde el alto tribunal, le contestaron que era una decisión que solo le compete a él. En consecuencia, en mayo dictó una resolución en la que aplazaba su decisión a la espera del Tribunal Constitucional: “Resulta de prudencia proceder a mantener la situación actual de aquellas [las imágenes] hasta tanto por el Tribunal Constitucional se decida sobre la admisión de la demanda de amparo”. Con la confirmación del archivo, las cintas serán previsiblemente destruidas en virtud de la Ley de Protección de Datos.