El juez del caso Delcy se resiste a destruir las cintas de Barajas y las deja en manos del TC

El juez de Madrid que archivó el caso Delcy se resiste a dar la orden de que se destruyan las imágenes que captaron las cámaras de videovigilancia del aeropuerto de Barajas la noche del encuentro secreto entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tras consultar al Tribunal Supremo, ahora el magistrado deja el futuro de esas cintas, inéditas un año y medio después del suceso, en manos del Tribunal Constitucional.

Según la última resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que dirige Antonio Serrano-Arnal, apela al recurso presentado por Vox ante el máximo garante constitucional contra el archivo del caso. “Resulta de prudencia proceder a mantener la situación actual de aquellas [las imágenes] hasta tanto por el Tribunal Constitucional se decida sobre la admisión de la demanda de amparo”.

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Ábalos acudió en secreto a la terminal de vuelos de Barajas la noche del domingo 19 de enero de 2020 para mantener una reunión con la mandataria bolivariana, quien tenía prohibido el acceso a la UE por la violación de derechos humanos en su país. El Gobierno primero lo negó, para después reconocerlo encadenando varias versiones. Jamás trascendió de lo que hablaron. Las cámaras de seguridad serían útiles para determinar el tiempo que estuvieron dentro del avión o si ella portaba decenas de maletas, como declaró ante notario uno de los vigilantes privados que prestaron servicio aquella noche.

Varios partidos políticos acudieron a los tribunales para denunciar los hechos por prevaricación del exministro, sus acompañantes y los miembros de las fuerzas de seguridad que permitieron a Delcy Rodríguez pisar suelo europeo. Además, pidieron preservar las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que la Ley de Protección de Datos obliga a destruirlas pasado un plazo.

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Qué hacer con las cintas

Fue el Juzgado de instrucción número 7, al encontrarse de guardia, quien accedió a poner a salvo las cintas. En concreto, pidió a la Policía que diese la orden a AENA de que las custodiara hasta que finalizase el proceso judicial. No obstante, el responsable de este material pasó a ser el Juzgado número 31, que asumió el caso y lo terminó archivando. Lo mismo hizo el Tribunal Supremo, competente para estudiar la actuación de Ábalos por ser aforado. En ninguno de los procedimientos se visionaron las cintas antes de tomar la decisión. La duda ahora es qué hacer con ellas y quién asume la responsabilidad de decidir sobre su destino.

El Juzgado número 31 remitió el mes pasado un escrito al Tribunal Supremo comunicando no tener inconveniente en que se destruyan las imágenes, pero dejaba la última palabra en manos del alto tribunal. Tal y como informó este periódico, los jueces del Supremo replicaron al magistrado madrileño que él es el único competente para decidir. Ahora, el mismo juez vuelve a eludir poner el punto y final a la cuestión y la remite al Tribunal Constitucional.

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El juez responde al Supremo

El magistrado argumenta que si consultó al Supremo fue porque el juzgado de guardia que ordenó conservar las cintas “hacía referencia tanto a los hechos seguidos contra personas aforadas así como contra personas que no gozaban de dicho privilegio (...) habiendo por tanto de entenderse que las aludidas cintas quedaban sujetas a ambos procedimientos”.

No es el único mensaje que manda al Supremo de vuelta. En la misma resolución, el juez se desvincula de la decisión de haber mantenido las cintas y se la achaca al juez de guardia: “Por otro lado, este juzgado no ha hecho planteamiento alguno relativo al contenido de las cintas, razones que en su día motivaron su retención, así como tampoco sobre la ‘conveniencia de su visionado”. Además del recurso contra el archivo del caso, Vox también presentó a comienzos de mayo un escrito ante el Tribunal Constitucional en el que solicitó que paralice la destrucción de las grabaciones, al mismo tiempo que se dirigió al Juzgado de Instrucción número 31 para solicitar de nuevo su conservación.