El Supremo archiva la causa contra Ábalos por el 'Delcygate'
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Control político pero no penal

El Supremo archiva la causa contra Ábalos por el 'Delcygate'

El alto tribunal destaca que entró en España sin duda alguna pero no puede considerar delito el incumplimiento de las recomendaciones del Consejo

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La vicepresidenta de Venezuela. (EFE)

El Tribunal Supremo ha archivado este jueves la causa derivada de las querellas por delito de prevaricación contra el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en territorio español en enero de este año, pese a la prohibición al respecto establecida por la Unión Europea. El alto tribunal destaca que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político, no a responsabilidad penal.

El análisis del Supremo considera probado que Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas, estancia que implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo de la UE de permitir su entrada en el territorio de la Unión, establecida en las decisiones PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) aprobada por dicho Consejo relativas a la situación de Venezuela. "Que la estancia en el Aeropuerto de Barajas de Delcy Rodríguez implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo de permitir su entrada en el territorio de la Unión está fuera de cualquier duda", indica.

Así continúa, la vicepresidenta venezolana entró en territorio español y se mantuvo en él mientras duró su estancia en España. Esa conclusión —dice el auto— es obligada a partir de la simple constatación de que la frontera de un Estado, conforme a categorías históricas no discutidas en la dogmática del derecho internacional, puede ser "terrestre, aérea, marítima, fluvial y lacustre, sin que pueda afirmarse la existencia de 'terras nullius', ajenas a cualquier jurisdicción, más allá del matiz impuesto por la simbólica pervivencia de algún territorio no reclamado por ningún Estado".

Foto: El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. (EFE)

Destaca que el acceso al territorio español se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español y que, cuando el Falcon aterrizó en el Aeropuerto de Barajas, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona del aeropuerto por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado. Además, recuerda el auto, el Aeropuerto de Barajas está enclavado en territorio español y sobre él ejercen soberanía las autoridades españolas.

Asimismo, el tribunal considera acreditado, por su reconocimiento público, que el ministro Ábalos se entrevistó con la vicepresidenta venezolana durante su estancia en territorio español. Pero una vez descartada cualquier duda acerca del hecho de que Delcy Rodríguez accedió a territorio español y vulneró así la decisión PESC 2017/2074, aprobada por el Consejo de la Unión Europea, el Supremo rechaza que la acreditada infracción de una decisión de política europea de seguridad común sea, por este simple hecho, constitutiva de un delito de prevaricación imputable a la autoridad nacional que haya, en su caso, consentido esa infracción.

Pese a todo, no es delito

Así, el auto expone que "las obligaciones derivadas de las decisiones PESC tienen una naturaleza esencialmente política. Su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea. El control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo". Y, en cualquier caso, subraya que "no incumbe" a la Sala de lo Penal del Supremo "el control del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno español respecto de las decisiones PESC. El carácter político de estas decisiones se percibe con más nitidez, si cabe, a la vista de los artículos 24 del Tratado de la Unión Europea y del 275 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", que "limitan incluso la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común".

Como Ábalos acudió a pie de pista para recibirla y no se selló su pasaporte, el juez dice que la número dos de Maduro no pisó suelo español

Un juez de Madrid archivó la pasada semana otra de las causas derivadas de la visita de la venezolana. En ese caso, consideró que la madrugada del 20 de enero la vicepresidenta de Venezuela no pisó suelo español al reunirse en secreto con el ministro. Para justificar el sobreseimiento, el magistrado apunta al artículo 25 de la Ley de Extranjería: "El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas", establece el mismo. Como el propio Ábalos acudió a pie de pista para recibirla y en ningún momento se procedió al sellado de su pasaporte en "los puestos habilitados al efecto", el juez considera entonces que la número dos de Maduro no pisó suelo español.

El TS no comparte esa visión. No hay duda de que entró en España y pisó suelo europeo, pero que Ábalos se reuniera con ella no es delito. "Sostener que cualquier vulneración por una autoridad española de una decisión PESC ha de ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación sería contrario a la propia naturaleza del mandato incumplido", dice el auto. Se trata —añade— de una obligación singular, no integrable en las obligaciones formales derivadas de la aplicación de reglamentos, directivas, recomendaciones y dictámenes. "Una obligación, en fin, de marcado carácter político cuyo incumplimiento no admite otra responsabilidad que la que se dirime en ese ámbito", insiste.

placeholder El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. (EFE)
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. (EFE)

El auto también descarta que los hechos puedan ser calificados, como sostenía Vox, como constitutivos de un delito de omisión del deber de promover la persecución de los delitos, "pues ningún delito se habría cometido —como ya hemos razonado— por el incumplimiento de la decisión PESC que prohibía la entrada en territorio europeo de Delcy Rodríguez". Tampoco acepta la admisión a trámite de la querella para investigar un "inexistente" delito de usurpación de funciones, en el que se castiga a la autoridad o funcionario público que "…careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución".

El auto recoge también que no hay constancia que el viaje de Delcy Rodríguez estuviera motivado por alguna de las causas que justificarían una exención de la prohibición de entrada, como son el tránsito por razones humanitarias urgentes o por razón de la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, a reuniones promovidas por la Unión, o celebradas en un Estado miembro que ejerza la Presidencia de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Como tampoco consta que el Gobierno español hubiera promovido un expediente de tal naturaleza, que tendría que haber sido notificado por escrito al Consejo y autorizado por este órgano.

Por otro lado, la Sala destaca que el tratamiento jurídico-penal de los hechos que han sido objeto de querella "no puede hacerse depender del impacto político que ha generado su conocimiento público", ya que "la aplicación del derecho penal ha de sujetarse a los principios que legitiman su aplicación". Fuera de este ámbito —destaca— "la imposición de una pena se apartaría de las reglas que definen un sistema democrático. El proceso penal solo adquiere sentido para la investigación y, en su caso, enjuiciamiento, de hechos susceptibles de ser calificados como delito".

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