España y Francia estrechan su amistad con el convenio de doble nacionalidad

Vuelta de tuerca a la amistad entre España y Francia. Este viernes 1 de abril entra en vigor el convenio de doble nacionalidad, con un gran calado histórico por ser el primero que se rubrica con un país no iberoamericano. La medida pondrá fin a la formalidad —más teórica que práctica— por la que españoles y franceses debían renunciar a su nacionalidad de origen al adoptar la del otro país, y deja en el aire algunas lagunas que afectan a los descendientes de republicanos españoles exiliados en Francia, a la espera de la tramitación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática.

El convenio, aprobado recientemente por las dos cámaras del Parlamento francés, previo paso por las Cortes españolas, fue firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron durante la visita del presidente español a Montauban el 15 de marzo de 2021. Un desplazamiento de alto voltaje simbólico, en el que el líder socialista y el presidente francés homenajearon al último presidente de la II República, Manuel Azaña, fallecido en esta ciudad del sur de Francia en 1940. Visita en la que no faltó el actual titular de Exteriores, José Manuel Albares, por entonces embajador en París.

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La entrada en vigor del acuerdo, anunciada en el BOE este martes, tiene también gran trascendencia histórica, por ser el primero que España cierra fuera del ámbito de naciones que en el pasado estuvieron bajo control de la monarquía hispánica. Hasta ahora, solo los ciudadanos de países iberoamericanos, así como de Portugal, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial, estaban exentos de renunciar a su nacionalidad a la hora de adquirir la española, además de poder solicitar la misma al cabo de solo dos años de residencia. El acuerdo con Francia es por eso novedoso y acerca aún más a dos países que tienen un estrecho vínculo humano, con 290.000 españoles residentes en Francia y 110.000 franceses en España, según datos del INE.

No abre vías privilegiadas

El convenio, eso sí, “no altera las vías de acceso a la nacionalidad” ni abre vías privilegiadas, enfatizan a este periódico fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los franceses en España deberán, por tanto, acreditar 10 años de estancia para solicitar la nacionalidad española por residencia, o solo un año en caso de matrimonio. Los españoles en Francia, por su parte, pueden solicitarla por residencia a partir de cinco años, o incluso solo dos si durante ese tiempo se ha cursado y obtenido un título de enseñanza superior.

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Hasta ahora, los nacionales de ambos países debían renunciar a su patria de origen para adquirir la nacionalidad del país vecino. Pero esto más bien en la teoría, porque en la práctica es algo que ha venido sucediendo escasamente, gracias a la tolerancia practicada por ambas administraciones. Ejemplo de ello es el caso de María Martínez, barcelonesa de nacimiento y residente en París desde hace décadas.

“Obtuve la nacionalidad francesa en el año 2007. Mis hijos pequeños nacieron en 2009 y 2013. Cuando fui al consulado de España en París para registrarlos, me preguntaron si yo tenía la nacionalidad francesa. Les dije que sí. En ese momento escribieron al Registro Civil en Barcelona, explicando que quería recuperar mi nacionalidad española, que había perdido automáticamente. Yo pensé que entretanto me quitarían el pasaporte, pero no fue el caso y mantuve el mío, que estaba en vigor. Y, al cabo de un tiempo, recibí una carta del Consulado que me decía: usted ha recibido su nacionalidad española de nuevo, y si su pasaporte está en vigor, está todo bien. Si no, le haremos uno nuevo”, cuenta a El Confidencial María Martínez.

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Una versión muy similar a la que describe una fuente de la embajada francesa en Madrid a este diario: “Formalmente, un francés que vivía en España, al obtener la nacionalidad española, debía firmar un papel diciendo que renunciaba a la francesa”. Pero en la práctica esto no tenía ninguna relevancia para la Administración francesa, de modo que “un francés que obtenía la nacionalidad española en realidad nunca perdía la nacionalidad francesa”.

“Lo bueno de esto es que permitirá ganar tiempo, para las personas y para la Administración pública”, eso sí, siempre y cuando “se dé la formación adecuada” a los funcionarios correspondientes, añade María Martínez, una mujer con larga experiencia como administrativa. En ese sentido, el Ministerio español de Justicia publicará próximamente instrucciones para que los registros civiles lleven a cabo la aplicación práctica del convenio, al que podrán acogerse quienes en virtud de la legislación hasta ahora vigente hubieran perdido su nacionalidad de origen.

Republicanos españoles

El afán por reconocer y restaurar la memoria de los republicanos españoles ha planeado sobre el convenio, rubricado por Sánchez y Macron en una cumbre bilateral, la de Montauban, concluida con una declaración conjunta en la que se celebró la memoria de esos más de 500.000 hombres y mujeres que salieron de España a partir de 1939 para refugiarse en el país vecino, “y muchos de entre ellos contribuir después a su liberación”.

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La cuestión ha sido objeto de una interesante revisión histórica en Francia, donde el propio Macron manifestó en abril de 2020 que su país le estará “eternamente agradecido” a esos españoles que, tras luchar contra Franco, lo hicieron contra la ocupación nazi de Francia y entraron en París el 24 de agosto de 1944 bajo el mando del general Leclerc para liberar la capital. Un giro copernicano después de décadas de silencio oficial en el país galo, derivado del mito gaullista sobre la 'Francia resistente' en el que no encajaba eso de que la liberación de París fuera mérito —también— de un puñado de republicanos españoles.

Pero precisamente aquí es donde está la tarea pendiente en cuanto al acceso a la nacionalidad. Durante cuatro años, de 2008 a finales de 2011, la Ley de Memoria de Histórica de Zapatero quiso colmar una gran laguna, ampliando la posibilidad de solicitar la nacionalidad a los hijos de padre o madre de origen español, aunque estos no hubieran nacido en España, y a los nietos de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio.

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La letra pequeña de la ley de 2007 permitía conceder la nacionalidad también a los hijos de los beneficiarios de esta medida, pero solo a los menores y no a los adultos. La misma norma dejaba fuera a los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con hombres extranjeros antes de la Constitución de 1978, una flagrante discriminación de género, dado que esto mismo no sucedía con aquellos que se casaban con extranjeras.

El texto del actual proyecto de Ley de Memoria Democrática, cocinado bajo el mando de Carmen Calvo y desde julio en manos de Félix Bolaños, subsana ambas lagunas. Pero su tramitación se encuentra empantanada en el Congreso por falta de apoyos suficientes y el escollo de la posición de ERC, que pide tumbar la amnistía del año 1977 y que se permita juzgar los crímenes del franquismo. Una posición de máximos que, de momento, mantiene alejados a socialistas y republicanos.