Quién paga ahora el amarre de los yates rusos parados y otras secuelas tras las sanciones

España ha empezado a interceptar megayates que vincula con oligarcas rusos. Tiene bajo el radar la pista de en torno a una decena. Las autoridades han procedido a la inmovilización de al menos tres al tener indicios de que pertenecen a alguna de las fortunas incluidas en la lista ‘negra’ de la Unión Europea por la guerra en Ucrania. El único futuro que les depara ahora es esperar a que termine la contienda bélica o que se levanten las sanciones contra ellos por considerar que hay riesgo de que financien los planes militares de Vladímir Putin. Aunque no pueden mover los barcos, el coste del amarre en el puerto corre de su cuenta, según explican a El Confidencial fuentes del Ministerio de Transportes. Las posibilidades de recurrir para evitar las sanciones son limitadas.

Ni España ni ningún Estado miembro podrá quedarse con estos barcos para subastarlos, como pasa con los bienes incautados a bandas criminales en operaciones policiales. Se trata solo de una inmovilización provisional, según detallan diversas fuentes gubernamentales consultadas por este periódico. La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, elaboró esta semana un escrito para determinar quién tiene la competencia para actuar en este escenario inédito y dejó claro que priman las normas comunitarias.

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El origen de todo no es la reciente invasión de Ucrania, sino cuando Rusia se anexionó ilegalmente Crimea en el año 2014. En ese momento, el Consejo de la Unión Europea decidió aplicar medidas restrictivas “respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”. Elaboraron el Reglamento 269/14 que, en su artículo 2, ordena que se inmovilicen “todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos” que figuren en unas listas que se van actualizando. La primera tenía 21 nombres, pero ahora hay más.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ampara esta forma de actuar, sin autorización judicial previa. A su juicio, el reglamento de la UE puede considerarse como “ley singular” en el sentido de “ley de caso único” que se da “en atención a un supuesto de hecho concreto y singular”. Los oligarcas rusos incluidos en la lista tienen la opción de recurrir ante la propia UE. El reglamento establece que tienen derecho a que se les comunique su inclusión y los motivos “a fin de que tengan la oportunidad de formular alegaciones”.

A partir de la inclusión en la lista, el recorrido empieza por el Ministerio del Interior y las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cruzan datos, nombre a nombre, en busca de propiedades vinculadas a los oligarcas, ya sean un buque, una aeronave o bienes inmuebles. Muchos de estos activos están a nombre de sociedades interpuestas o testaferros que dificultan el seguimiento. Fue el caso del barco Crescent, paralizado este miércoles en un puerto de Tarragona. Las autoridades atribuyen este megayate de 135 metros de eslora a Igor Sechin, una de las personas más próximas al presidente ruso, Vladímir Putin.

Una vez se aprecian indicios, desde las fuerzas de seguridad se comunica a la Administración marítima. “Resulta indiferente que el buque se encuentre fondeado en un puerto de interés general [competencia del Estado] o en un puerto de titularidad y competencia de una comunidad autónoma”, dice la Abogacía del Estado.

"Lo que impedimos con la inmovilización es que los oligarcas se beneficien del uso o explotación de estos bienes, pero no los decomisamos"

Fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, insisten en dejar claro que no se trata de una incautación: “Lo que impedimos con la inmovilización es que los oligarcas se beneficien del uso o explotación de estos bienes, pero no los decomisamos. Las sanciones establecidas por la UE consisten en inmovilizar los fondos y recursos económicos de personas físicas y jurídicas incluidas en los listados hasta que prescriba la sanción o el Consejo decida modificar su contenido”.

36.000 euros de amarre al mes

Una portavoz de este departamento confirma que el coste del amarre mientras dura la paralización corre a cargo de los oligarcas afectados y no del Estado que interviene el buque. El precio está determinado por el tamaño del yate, el puerto elegido y la época del año. Ibiza o Marbella son de los más caros de la geografía española. Atendiendo a la tarifa de precios de Port Tarraco, el amarre del Crescent supera los 36.000 euros mensuales.

Otra de las derivadas de las sanciones de la UE es que los oligarcas no tendrán derecho a indemnización. Así lo recoge el reglamento del Consejo: “No se satisfará reclamación alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas”. La Abogacía del Estado, en su escrito a modo de guía, tan solo hace la salvedad en aquellos casos en que una tercera persona hubiese alquilado el barco para su disfrute antes de que su propietario fuese incluido en la lista de la UE.

No obstante, a los oligarcas —o a sus abogados— todavía les queda un resquicio para recurrir. Una ventanilla ante la Administración, según recoge la resolución de la Dirección General de Marina Mercante por la que se inmovilizó el Crescent en Tarragona, a la que ha tenido acceso este periódico: “Esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Secretaría General de Transportes y Movilidad, en el plazo de un mes”. No consta que ninguno de los afectados lo haya hecho de momento.