¿Podrían los tribunales internacionales revocar las sanciones a Rusia?

El pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que la Unión Europea anunciarían más sanciones si Rusia no detiene su ofensiva militar contra el país vecino. "Sabemos que este conflicto está lejos de terminar. Seguimos dispuestos a adoptar más medidas si Putin no se detiene y revierte la invasión", afirmó. Estas nuevas medidas se unirían a las ya existentes, que están causando incomodidad entre los empresarios y oligarcas rusos. De hecho, el multimillonario Mijaíl Fridman, hasta hace unos días dueño de Día, pero apartado del cargo por las sanciones, ya ha anunciado que llevará las restricciones europeas ante los tribunales.

Ahora bien, ¿qué recorrido tienen estas demandas? "Bastante. No nos deberíamos sorprender si a un recurrente se le revoca la sanción", advirtió Ignacio Ulloa, magistrado especializado en materia del Estado de Derecho, seguridad, justicia criminal y derechos fundamentales, durante una charla organizada el pasado viernes en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). En el ámbito de las restricciones, ha explicado, entran en juego varias normativas, como es el tratado de funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de Derechos Humanos de la UE. Esta última reconoce una serie de principios, entre los cuales se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva, que opera en este caso y da potestad a los afectados a recurrir las sanciones.

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Para ello, las personas o entidades perjudicadas por las restricciones deben acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el artículo 275 del tratado, se recoge la potestad de la Corte de Luxemburgo para llevar un control de algunas de las decisiones que toma el Consejo, incluidas las medidas restrictivas sobre personas, entidades u organismos no estatales, e impugnar, en su caso, las medidas que no cumplan con las garantías legales. En este sentido, Ulloa explicó que, tras los ataques terroristas de Al Qaeda, el tribunal dedicaba un tercio de su actividad a resolver sobre la legalidad de estas sanciones.

¿Qué garantías legales deben cumplir las restricciones? Principalmente, deben estar debidamente justificadas. Al fin y al cabo, ha aclarado Ulloa, suponen una limitación de derechos fundamentales como el de la libre circulación de capitales y de bienes y comercios, entre otros. Hasta ahora, el Consejo está alegando vínculos entre los oligarcas sancionados y el dictador ruso para respaldar las sanciones. En el caso de Fridman, por ejemplo, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE argumenta que "ha cultivado fuertes lazos con la Administración de Vladímir Putin y ha sido uno de los financieros de referencia en el círculo estrecho de Putin", justifican en una lista donde recogen a los castigados.

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Sin embargo, parece que estas acusaciones no serían suficiente. "Las sanciones no pueden ser categóricas. El Consejo tiene que demostrar lo que alega, recopilar acervo de elementos probatorios, ya sea de fuentes abiertas como medios de comunicación o reservadas", subrayó Ulloa. Y aquí es, para el magistrado, donde reside la complejidad para Bruselas. Muchas veces, la información probatoria proviene de los servicios de inteligencia u otras fuentes confidenciales. "La UE se encuentra en una posición de inferioridad respecto al recurrente", resumió.

Dos meses sin impugnar

Bruselas cuenta, no obstante, con una bala para evitar que las sanciones pierdan eficacia. El reglamento de funcionamiento del TJUE fija un plazo de dos meses en el que el plazo de revocación de la sanción queda en suspenso. Es decir, que desde que se toma la decisión, el recurrente ve paralizado su derecho a recurrir y tiene que asumir la restricción por, al menos, dos meses antes de acudir a los tribunales.

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Ahora bien, tras ese tiempo y en caso de ganar el litigio ante Bruselas, la persona o empresa rusa afectada no solo podría librarse de la sanción, sino que también podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios a la UE. "Ya ha habido casos en los que se han concedido compensaciones por sanciones que han sido posteriormente anuladas por el TJUE", señaló el magistrado.

Corte Penal Internacional

Por su parte, María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y actual presidenta de la sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM, intervino en la jornada y destacó que la Corte Penal Internacional también podría tener un papel relevante en este conflicto. Especialmente, matizó, teniendo en cuenta los asesinatos a civiles que se están ejecutando.

Asimismo, respaldó el envío de armas a Ucrania. "España debe ser un aliado fiel y seguir las indicaciones de la OTAN sobre cómo tenemos que participar", añadió. En este sentido, señaló un punto débil de Rusia, y es la falta de recursos para mantener la invasión a un país tan grande como Ucrania. "Vamos a ver si esta es una situación de aguantar y esperar, pero mientras tanto hay mucha gente sufriendo y la legalidad internacional no puede estar siendo atacada mientras el mundo defensor del Estado de Derecho no haga nada", aseveró.