Fridman, las fundaciones y los millones de la banca española de un oligarca sancionado

"Yo siempre soy el malo. En Rusia, soy un judío ucraniano. Y en Ucrania, un oligarca ruso". Así se describió Mikhail Fridman, el inversor de Europa del Este al que Estados Unidos y la Unión Europea han incluido en la lista de negra y selectiva de oligarcas con vínculos estrechos con Vladímir Putin. Lo hizo en una de las pocas visitas que hizo a España cuando su 'holding' financiero estaba comprando la cadena de supermercados DIA. Fridman se reunió con varios de sus asesores, entre los que destacaban los bancos Goldman Sachs y PJT Partners, y el bufete de abogados Pérez-Llorca.

El principal objetivo de Fridman en esos encuentros celebrados en 2018 era conocer cómo se hacían negocios en España, qué puertas había que tocar para facilitar la estrategia y cuáles eran los códigos de negociación. Si podía esperar reticencias por parte del Gobierno, ya fuera del PSOE como del PP, o de los reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ahora la UE le acusa de haber "prestado activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania" y de que "se benefició de ellos".

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En 2019, Fridman y sus socios tomaron la mayoría del capital de DIA a través de la sociedad luxemburguesa LetterOne, tras una batalla contra la banca española, liderada por Ana Botín, que se opuso a las formas tan agresivas de los ejecutivos del inversor nacido en Ucrania y nacionalizado ruso en primera instancia. Se negó a recibirle en varias ocasiones y hasta investigó la procedencia de su fortuna. Pero la tensión con el ruso llevó a la presidenta del Santander a protagonizar un desliz a la salida del Hotel Palace de Madrid, cuando a través de Twitter aseguró que no cedería a las exigencias de LetterOne a 45 minutos del cierre de la bolsa. Era el último día para salvar a una compañía, que, de no lograr el salvavidas financiero de los acreedores, entraría en quiebra.

Tras el cierre de los mercados, a las 17:35 horas, Botín firmó el armisticio. Los bonos de DIA se hundieron tras el mensaje de la ejecutiva del principal acreedor del grupo de distribución, que minutos después se revalorizaron más de un 20% tras el comunicado del acuerdo a la CNMV. El organismo regulador abrió una investigación sobre la influencia que tuvieron las declaraciones de Botín, que archivó el caso pese a la alteración de los precios de las acciones y los bonos.

España ha abierto de nuevo el caso contra Fridman, que lo ha negado todo, tras la intervención de hasta el FBI estadounidense

La presidenta del Santander ya tenía referencias de Fridman porque una de las empresas en las que el magnate estaba invirtiendo, Vimpelcom, había estado envuelta en la quiebra de la española ZED, una empresa de tecnología fundada por la familia Dolset de la que el banco llegó a tener hasta un 10%. ZED está en manos de un liquidador, con pérdidas millonarias para los accionistas —Santander, Grupo Planeta (Atresmedia, la Sexta y Onda Cero) y Juan Abelló—, mientras Javier Pérez Dolset pleitea en la Audiencia Nacional y en los tribunales holandeses por lo que la Policía española describió como "asfixia financiera". La justicia española ha abierto de nuevo el caso contra Fridman, que lo ha negado todo, tras la intervención de hasta el FBI estadounidense.

El inversor de origen ruso y su socio, Petr Aven, han tenido que dimitir esta semana de todas sus funciones en LetterOne, al ser incluidos en la lista de oligarcas estrechamente vinculados con Putin. El Diario Oficial de la Unión Europea, el equivalente comunitario al BOE español, explica el motivo de la inclusión. Fridman fue fundador y uno de los principales accionistas de Alfa Group, dueño de Alfa Bank, uno de los mayores bancos rusos, al que Putin ha recompensado ofreciendo "ayuda política a los planes de inversión en el extranjero".

En la exposición de motivos para recibir la sanción, la UE asegura que "ha cultivado lazos estrechos con la administración de Vladímir Putin y es conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin". Además, la UE afirma que "ha adquirido bienes estatales por medio de contactos en el Gobierno" y que junto a su socio Aven han colaborado con el Kremlin para que "se levantaran las sanciones impuestas por Occidente para frenar la política agresiva de Rusia con respecto a Ucrania".

El autócrata ruso permitió en 2013 que el gigante estatal Gazprom, la tercera compañía petrolera del país, comprara la participación de Fridman en una petrolera rusa por 28.000 millones de euros. Fridman y sus socios cobraron el importe en rublos, pero rápidamente lo transformaron en euros a través de Deutsche Bank. Con ello evitaron el colapso que la divisa rusa sufrió cuando el presidente de Rusia invadió Crimea en 2014.

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Fridman emitió un comunicado esta semana asegurando que ni él ni su socio Aven, controlaban, en el sentido jurídico del término, LetterOne. El objetivo era limitar el alcance de las sanciones de Bruselas. Aun así, dimitieron ambos de todas sus responsabilidades en la sociedad. Fridman, con el 37,92% de las acciones, era presidente y Aven, consejero. Entre los dos controlan prácticamente la mitad del grupo, pero su porcentaje de acciones está ligeramente por debajo del 50%.

DIA, cuyo 77% del capital está en manos de la sociedad luxemburguesa, hizo lo mismo con la CNMV, a la que aseguró el lunes por la noche que "ningún accionista persona física de LIHS ostenta, ni individualmente ni mediante acuerdo con otros accionistas, el control de LIHS". Lo que defendía la compañía es que Fridman, la cara más mediática de la operación cuando LetterOne tomó la mayoría de la cadena de supermercados española, no influye en la gestión del grupo de supermercados a pesar de poseer el principal paquete de acciones de la sociedad luxemburguesa y que, en el momento del comunicado, todavía ostentaba el cargo de presidente. Aven, por su parte, tiene algo menos del 12% del capital.

Curiosamente, el jueves 22 de febrero, LetterOne tuvo que comunicar al supervisor de los mercados estadounidenses, la SEC, quiénes eran las personas que están detrás de la compañía. En esa nota oficial Fridman y Aven aparecen, junto con otras dos personas, en el apartado donde se debe identificar a los directivos y a las personas que "controlan" LetterOne.

La relación entre los dos oligarcas viene de antaño y no hay ningún acuerdo de concertación accionarial firmado, pero que Fridman y Aven, juntos o por separado, controlen o no LetterOne es crucial para determinar el perímetro de los bienes congelados. Si las autoridades españolas entendieran que sí ejercen un control, deberían congelar todos los activos de la sociedad, incluida la cadena de supermercados DIA. De lo contrario, bastaría con que Luxemburgo congele sus participaciones particulares, lo que supone que no pueden lucrarse con ellas: ni venderlas, ni hipotecarlas, ni cobrar un dividendo.

Y también tendría implicaciones para la banca española, que le tiene prestados aún 900 millones de euros a DIA, con Santander, CaixaBank y BBVA a la cabeza del riesgo, con tickets de cerca de 300 millones por cabeza. Desde estas entidades se asegura que las sanciones a Fridman y sus socios no afectan, en principio, a la operativa con la cadena de supermercados porque aceptan la tesis, como también la CNMV, de que el empresario no controla LetterOne pese a ser su mayor inversor.

El caso de corrupción llevó a sus fundadores a rebautizarla como VEON, cuya cotización se ha desplomado un 35% desde la invasión

Fridman controla ese 37,92% de LetterOne a través de dos fundaciones. Una es Genesis Philantrophy Group, cuyo fin principal, según explican en su página web, es "hacer avanzar el compromiso judío en el siglo XXI y crear una comunidad judía global más diversa y conectada". Mark Foundation for Cancer Research es otra organización sin ánimo de lucro tenedora de gran parte de las acciones de LetterOne, según documentos oficiales.

El oligarca sostiene que ese nivel de participación accionarial no es suficiente para tener el control de la sociedad. Su tesis es la misma que cuando Estados Unidos impuso a Vimpelcom una sanción de 835 millones de dólares, la segunda mayor de la historia de la bolsa estadounidense, por sobornos. El inversor ruso de origen ucraniano y ahora nacionalizado israelí dijo que no tenía nada que ver con esa compañía porque solo tenía el 49% del capital y, por tanto, era un accionista más, sin control alguno sobre la empresa de telecomunicaciones. El caso de corrupción llevó a sus fundadores a rebautizarla como VEON, cuya cotización se ha desplomado un 35% desde la invasión de Ucrania por Putin.

El mensaje fue similar cuando en 2015, Reino Unido obligó al empresario a vender unos activos de petróleo en el Mar del Norte que pocos meses antes había comprado a la alemana RWE por 5.100 millones. Según un comunicado oficial, el gobierno inglés le instó a desprenderse en seis meses de esos pozos de oro negro en las costas locales al considerar que, tras recibir información de otros países, era un riesgo geopolítico para Inglaterra tras la toma de Crimea por Rusia. Estados Unidos incluyó poco después a Fridman en su 'black list'.

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Ni Ana Botín en Banco Santander, ni Florentino Pérez en ACS, ni Fundación la Caixa en CaixaBank tienen más de un 50% de esas compañías. De hecho, tienen un 1%, un 12,5% y un 30%, respectivamente. ¿Diría usted que las controlan? Pero, independientemente de si Fridman y Aven controlan o no de facto LetterOne, subyace un hecho: ambos han sido sancionados por la Unión Europea por colaborar con el régimen de Vladímir Putin en la desestabilización de Ucrania. Y entre los dos poseen al menos una tercera parte de la cadena de supermercados del país, que, a su vez, debe 900 millones de euros a los tres principales bancos españoles. El dilema no solo es legal.