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El Gobierno responde a la protesta social con policía y culpa a "la extrema derecha"
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Tensión en la calle por los altos precios

El Gobierno responde a la protesta social con policía y culpa a "la extrema derecha"

La huelga indefinida de transportistas pone en jaque la distribución de productos. El Ejecutivo desplegó ayer a 23.000 efectivos policiales para evitar el desabastecimiento y un estallido social más violento

Foto: Transportistas cortan el paso a camiones no prioritarios, este jueves en Lugo. (EFE/Eliseo Trigo)
Transportistas cortan el paso a camiones no prioritarios, este jueves en Lugo. (EFE/Eliseo Trigo)

Con problemas de desabastecimiento de productos básicos en algunos lineales de los supermercados, el Gobierno despliega su relato frente a las protestas y la huelga de transportes, que vincula a una minoría radical con lazos con la ultraderecha, pero no acelera medidas urgentes para calmar los ánimos. La preocupación se extiende y el Ejecutivo es consciente de la gravedad de una crisis profunda por los altos precios en un escenario sin precedentes por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez sigue remitiendo al Consejo Europeo y descarta adoptar medidas inmediatas antes del Consejo de Ministros del 29 de marzo.

Se esperan días muy tensos y la calle está caliente. A primera hora del jueves, el Ministerio del Interior dio la orden a todas las delegaciones del Gobierno del país de "reforzar todos los dispositivos policiales" para garantizar el abastecimiento de productos básicos y proteger a los transportistas que no han secundado un paro que tachan de "ilegal". El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se hizo presente durante la jornada mediante la difusión de vídeos que mostraban la actuación de las fuerzas de seguridad en labores de escolta de camiones frente a los piquetes.

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

Pasadas las 14:00, había más de 15.000 uniformados desplegados. Horas después, la cifra ascendió hasta 23.598 entre policías y guardias civiles. El Gobierno achaca las protestas de los transportistas a “un boicot alimentado desde posiciones de ultraderecha”, en palabras de la portavoz, Isabel Rodríguez. Insisten en que la patronal mayoritaria no apoya una huelga de una "minoría radical" que está poniendo en jaque la distribución.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recordó que el Congreso convalidó este jueves el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera que incluye, entre otras medidas, una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible. La aprobación de la norma ha obtenido el respaldo de todos los grupos, excepto de Vox. El decreto fue pactado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la patronal mayoritaria. “No vamos a legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras que está intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por los palos y las piedras”, aseguró la ministra tras asegurar que tomarán más medidas de manera “ágil y contundente”.

Raquel Sánchez: "Un boicot organizado por sectores minoritarios apoyados por la ultraderecha"

Fue el discurso oficial desplegado por los ministros de un Gobierno que pasó a la ofensiva en el relato para frenar la escalada social, pero que sigue sin mover ficha. A la huelga de los transportistas se suman las protestas convocadas por Vox el sábado en los ayuntamientos de todas las capitales de España por la escalada de precios de la luz, los carburantes, las materias primas y los servicios básicos.

Más preocupa en las filas del Gobierno la manifestación convocada el domingo por todas las organizaciones agrarias en Madrid y para la que agricultores y ganaderos llevan meses calentando motores. Será, dicen, “la protesta del siglo” y llega en un momento de máxima tensión. El sector primario ya se quejaba de una tormenta perfecta, con ventas a pérdidas en origen, importaciones de terceros países contra las que no se puede competir, una PAC cuya reforma creen injusta, la sequía y unos costes disparados en la producción. Ahora, los efectos económicos galopantes de la guerra sobre los precios, el gasóleo disparado, el problema de importaciones de grano para pienso animal —la mayoría viene de Ucrania— y la huelga de transportistas, que ya ha golpeado a los ganaderos de la leche y está obligando a muchos agricultores a posponer la recogida de productos perecederos, convierten la tormenta en tsunami. Las asociaciones agrarias avisan de una situación límite. Vox y PP ya anunciaron que apoyarían el domingo esta gran manifestación.

Foto: La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. (EFE/Víctor Casado)

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado entre el 1 y el 11 de marzo, señala que el 38,6% de los españoles está muy preocupado y un 47,8% bastante preocupado por los efectos en los precios de la guerra. Fuentes del Gobierno dejan claro que no están ajenos a la inquietud social y avanzan que habrá “medidas contundentes” para contener los precios de la energía, pero insisten en esperar más de una semana para adoptarlas. La presión política crece, no solo por parte del PP, que exige medidas inmediatas como se han adoptado en Francia, Alemania, Irlanda o Polonia. Otros partidos socios del Gobierno como ERC o EH Bildu han advertido de las consecuencias de dejar que crezca la indignación ciudadana y de no adoptar medidas urgentes, mostrando preocupación de que Vox logre capitalizar este malestar ciudadano.

Sánchez, de gira

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó a los socios de la UE no posponer la decisión de desacoplar los precios del gas y la electricidad, confiando en que se adopte esa medida en el Consejo Europeo de la semana próxima, de donde espera que salgan medidas rápidas y urgentes. Así se pronunció desde Bucarest en su gira europea para recabar apoyos a la postura defendida por España desde el pasado diciembre. Sánchez sigue sin mover ficha sobre el plan de choque que aprobará su Consejo de Ministros, mientras que se evidencian las profundas diferencias que existen en su gabinete entre PSOE y Unidas Podemos.

Sánchez urge a Europa a tomar medidas para atajar la subida del precio de la energía

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fijó con claridad las recetas de Unidas Podemos para afrontar una crisis que, advirtió, será “profunda” y más grave que la de la pandemia. En una entrevista en RNE, insistió en un impuesto extraordinario a las grandes eléctricas para redistribuir sus beneficios, reclamó congelar los precios de los arrendamientos en España y abogó por tocar solo un impuesto, el de la renta de las personas físicas, para ayudar a las rentas más bajas y no “a todos por igual”.

Las medidas de los socios de coalición del PSOE no convencen en absoluto a los ministerios de Economía, Hacienda o Transición Ecológica, que discrepan de ese impuesto a las eléctricas, y desde esta ala del Gobierno hablan de “eslóganes activistas alejados de la realidad”. Las medidas anticipadas por Hacienda se dirigen a subvencionar la gasolina como alternativa a las rebajas fiscales. El presidente del Gobierno se comprometió con las comunidades del PP, en la Conferencia de Presidentes, a abordar un plan de choque fiscal. Los populares reclaman reducir el IVA de electricidad, gas e hidrocarburos, abrazando un tipo superreducido del 4%. Una fórmula que no gusta en absoluto a Unidas Podemos, pero tampoco a los socialistas. Sánchez quiere un pacto con el PP en un momento crítico y ante una crisis social que será aguda, pero no es nada fácil encajar todas las posiciones, cuando la división dentro de su Gobierno aflora y la presión política crece desde los grupos del Congreso. Mientras tanto, el presidente sigue esperando a Bruselas.

Los carburantes bajan más lentamente que el precio del petróleo

Ante la rebelión del campo, que amenaza con poner contra las cuerdas al Gobierno el próximo domingo en Madrid, no solo el ministro de Agricultura, Luis Planas, pasó a la ofensiva, también el PSOE se desplegó para frenar el descontento. No es nuevo, los alcaldes socialistas del medio rural llevan ya tiempo alertando de la fuerte penetración de Vox y del descontento de agricultores y ganaderos. “Los que votan a Vox son los hijos de quienes nos votaban a nosotros”, señalaba un dirigente socialista que radiografía hace meses el descontento y mostraba la preocupación en el partido.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, defendió que el PSOE es el partido “más comprometido, desde hace 143 años”, con el campo español y tildó de “bulos” y “falsedades” los argumentos de Vox contra el campo y la caza. Ayudas contra la sequía, la PAC, la ley de cadena agroalimentaria, el Perte agroalimentario o la aprobación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en defensa de los cazadores, que también salen a la calle el domingo, fueron desplegados como ejemplos de gestión del Gobierno. En la misma línea, el ministro de Agricultura defendió la atención que presta el Gobierno al mundo rural y aseguró que muchas de las reivindicaciones del mundo rural que llevan a la manifestación del domingo “ya se están atendiendo”, mientras que defiende que la Ley de Protección Animal, de Unidas Podemos, no interfiere en estos asuntos.

Con problemas de desabastecimiento de productos básicos en algunos lineales de los supermercados, el Gobierno despliega su relato frente a las protestas y la huelga de transportes, que vincula a una minoría radical con lazos con la ultraderecha, pero no acelera medidas urgentes para calmar los ánimos. La preocupación se extiende y el Ejecutivo es consciente de la gravedad de una crisis profunda por los altos precios en un escenario sin precedentes por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez sigue remitiendo al Consejo Europeo y descarta adoptar medidas inmediatas antes del Consejo de Ministros del 29 de marzo.

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