Podemos maniobra para que la limitación del precio del alquiler entre en vigor esta legislatura

El Gobierno de coalición sigue debatiendo con intensidad la Ley de Vivienda. La aprobación del anteproyecto el pasado 26 de octubre en Consejo de Ministros solo ha sido el primer trámite de una larga batalla que se prolongará hasta bien entrado el próximo año. Unidas Podemos, que es coproponente de la norma, discrepa abiertamente de un número destacado de medidas y está moviéndose para que algunos aspectos acaben modificándose en estos meses, antes de que la ley llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE), ya sea en el seno del Ejecutivo o durante la tramitación parlamentaria. Una de ellas, quizá la más importante para los morados, es el artículo en que se abre la vía a que, en las llamadas zonas de mercado tensionadas, comunidades autónomas y ayuntamientos puedan limitar o rebajar los alquileres a los grandes propietarios de viviendas con entidad jurídica, que en definitiva son los fondos de inversión y bancos. Pero el Ministerio de Transportes contempló una moratoria de 18 meses para su entrada en vigor y eso es ahora lo que está en discusión.

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Fue una cláusula que el PSOE introdujo a última hora en la Ley de Vivienda. Un acuerdo que no fue fácil alumbrar y que solo se desatascó en el tiempo de descuento con una reunión celebrada en el despacho de Pedro Sánchez en Moncloa. El Consejo de Ministros que aprobó los presupuestos tuvo, de hecho, que retrasarse por el intenso debate que mantuvieron los socios de coalición. Unidas Podemos se enteró prácticamente por la prensa de que el ministerio dirigido por Raquel Sánchez había introducido, en efecto, una 'vacatio legis' de año y medio a partir de la entrada en vigor de la ley que afecta a la regulación y bajada de precios de los pisos en manos de los grandes tenedores. La finalidad de este periodo de transición entre la publicación de este apartado de la norma y su aplicación es "conformar un sistema de limitación de precios válido". Es decir, el Gobierno se da a sí mismo, y ofrece a los grandes fondos, un periodo de inaplicación de la limitación de precios de dos o más años a partir de este momento, lo que haría inviable que entrara en funcionamiento esta legislatura.

Los socios del PSOE, liderados por Yolanda Díaz y, en esta materia, por Ione Belarra, no quisieron hacer excesivo ruido con esta cláusula, pero ahora sí se están moviendo. Según explican fuentes de la formación a El Confidencial, el objetivo de Unidas Podemos es rebajar considerablemente esa 'vacatio legis' para que la limitación de precios a la vivienda entre en vigor esta legislatura. En concreto, los morados están estudiando plantear una reducción a tres meses de dicha moratoria, un periodo que consideran suficiente como para que Transportes pueda articular el sistema de limitación de precios.

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Para UP, es fundamental que la regulación del coste del alquiler entre en vigor cuando antes, añaden las mismas fuentes. No admiten un periodo de tiempo de año y medio que, dicen, ralentizaría de manera notable la batería de soluciones que pretenden aplicar con la primera Ley de Vivienda nacional. Los morados se encuentran, en este momento, debatiendo en el seno del grupo parlamentario cómo articular su propuesta. Podemos quiere que el citado periodo se acorte a tres meses y así se lo ha propuesto a los comunes, En Marea e Izquierda Unida.

En Transportes, por su parte, consideran que año y medio desde la entrada en vigor de la ley es un periodo prudencial para poder armar con garantías un nuevo sistema de limitación de precios que actualizaría el actual índice de referencia del ministerio. El problema es que esta tabla, que bebe de la información sobre precios que le facilita la Agencia Tributaria, se encuentra totalmente desactualizada y no ha habido un esfuerzo por ponerla al día en los últimos meses. Los datos, en concreto, hacen referencia a la situación del mercado de la vivienda entre 2015 y 2018, mucho antes de la pandemia, y no recogen, por tanto, el estado actual del sector.

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Unidas Podemos ya convenció al PSOE de que el anteproyecto de Ley de Vivienda se tramitara por el procedimiento de urgencia. Antes de final de año, y una vez superado el período de informes y audiencia, llegará en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, a continuación, entrará en el Congreso. Los socios de la coalición están negociando que el proyecto de ley también siga el trámite de urgencia, lo que aceleraría los plazos en el Parlamento. Si no se acuerda dar esa prioridad a la norma, los plazos para su aprobación podrían demorarse hasta un año.

Varios de los socios del Gobierno de coalición ya han mostrado sus discrepancias hacia el anteproyecto al considerarlo "insuficiente". A ERC no le gusta esta 'vacatio legis' de 18 meses porque podría entrar en colisión con la normativa autonómica catalana a la hora de articular la contención de las rentas del alquiler. En efecto, la Ley de Vivienda que aprobó el Parlament y que el Gobierno central recurrió, pero no suspendió, ya contempla la posibilidad de congelar o rebajar el precio de los arrendamientos si se detectan zonas con "tensión". El grupo dirigido por Gabriel Rufián quiere que la ley nacional respete la catalana y le sirva de paraguas legal, no que la modifique. Sensaciones similares, aunque con distintos argumentos, hay en el PNV y EH Bildu.

Varios de los socios del Gobierno de coalición han mostrado su discrepancia con la Ley de Vivienda al considerarla "insuficiente"

“Nos preocuparía mucho que la Ley de Vivienda que se quiere aprobar en Madrid tapara el recorrido de la ley que viene de los movimientos sociales (la que presentamos hace unas semanas con el apoyo de nueve fuerzas políticas) y que promueve una vivienda digna para todos y todas. Porque la vivienda ante todo es un derecho, no un bien para especular”, apuntan desde la formación 'abertzale'. Hacen referencia a la norma alternativa que llegó a apoyar Unidas Podemos y que está registrada en el Congreso. La futura norma, aseguran los socios del PSOE, debería complementar la que dio a luz la coalición, pero los socialistas ya avisan de que no la secundarán.