Los socios del Gobierno amenazan con tumbar la Ley de Vivienda: “Es insuficiente”

La Ley de Vivienda que se aprueba este martes en Consejo de Ministros no gusta a los socios del Gobierno. Los partidos en los que tiene que apoyarse la coalición para alumbrar la normativa que han elaborado PSOE y Unidas Podemos, y que fue desatascada a última hora por la intervención de Pedro Sánchez, consideran que el articulado que conocen no se ajusta a las expectativas que tienen. ERC, PNV y EH Bildu se posicionan, de partida, en contra de una de las leyes estrella de la legislatura para el Ejecutivo. La negociación, vaticinan los socios, se espera que sea compleja.

En plena crisis por la reforma laboral y con Podemos reclamando la dimisión de Meritxell Batet, irrumpe la Ley de Vivienda. En principio, socialistas y morados tienen previsto celebrar este martes lo que consideran un hito, la primera ley de alcance estatal que abre la puerta a regular los precios del alquiler en las llamadas zonas de mercado tensionado. En Moncloa sacaron pecho del acuerdo que permitía desatascar los Presupuestos. El portavoz de Ferraz, Felipe Sicilia, hablaba este lunes de “un nuevo pilar de nuestro estado de bienestar”. Pero en el arco parlamentario la opinión, en general, no es tan positiva, y va más allá de PP y de Vox. Los socios de referencia del Gobierno esgrimen diferentes motivos para considerar la norma, que conocen únicamente por los medios de comunicación, ya que el Ministerio de Transportes aún no les ha informado, como “insuficiente” o “incompleta”.

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Al grupo dirigido por Gabriel Rufián hay aspectos que no le gustan y que va a enmendar. Por ejemplo, los republicanos consideran que la nueva ley estatal entra en colisión con su propia normativa autonómica a la hora de la contención de las rentas del alquiler. En efecto, la ley catalana de vivienda, que el Gobierno central recurrió, pero no suspendió, contempla la posibilidad de congelar o rebajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con “tensión”. Este aspecto también es recogido por la norma estatal, pero tras una ‘vacatio legis’ de 18 meses para poder establecer un índice de referencia adecuado y actualizado. Es decir, la regulación de los alquileres en Cataluña podría decaer si se aprueba la Ley de Vivienda hasta que entre en vigor la legislación nacional, y eso es lo que no está dispuesto a aceptar Esquerra.

A ERC tampoco le gusta el cheque vivienda de 250 euros que anunció Sánchez y que está incluido en los Presupuestos. “Puede tener un efecto contrario y los propietarios pueden subir los precios”, advierten de cara a la negociación paralela de las cuentas públicas. También enmendarán esta medida.

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Con un discurso diferente, pero también crítico con la Ley de Vivienda del Gobierno, el PNV pone pegas, de entrada, el proyecto de ley. El grupo vasco no conoce aún el texto, pero ya advierte que es un problema de fondo que “hay que abordar, sobre todo para la juventud”. Con su habitual estilo pragmático, los nacionalistas vascos señalan que están dispuestos a aceptar algunas medidas que han ido conociendo, pero consideran que deben ser “las adecuadas” y tienen que “respetar el marco competencial”.

En EH Bildu también son críticos hacia la nueva norma que pasa hoy por el Consejo de Ministros. “Tememos que la ley se quede corta y sea insuficiente”, apuntan fuentes del grupo liderado por Mertxe Aizpurua. Hay dos aspectos importantes para la formación vasca, a la que el Gobierno podría necesitar durante su convalidación. En primer lugar, consideran importante que la ley estatal instale un marco jurídico general en relación con la regulación de los alquileres y que, por tanto, se blinden las leyes autonómicas de recursos ante el Tribunal Constitucional. Y, en segundo lugar, que integre de manera permanente, y no temporal, la prohibición de los desahucios y cortes de suministros básicos recogidos en el llamado 'escudo social'.

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“Nos preocuparía mucho que la Ley de Vivienda que se quiere aprobar en Madrid tapara el recorrido de la ley que viene de los movimientos sociales (la que presentamos hace unas semanas con el apoyo de nueve fuerzas políticas) y que promueve una vivienda digna para todos y todas. Porque la vivienda ante todo es un derecho, no un bien para especular”, apuntan desde EH Bildu. Hacen referencia a la ley de vivienda alternativa que apoyaron ERC y Unidas Podemos y que está registrada en el Congreso. Esa norma, aseguran los socios del PSOE, debería complementar la que da a luz la coalición, pero los socialistas ya avisan de que no la secundarán.

La Ley de Vivienda también se ha convertido en un campo de batalla entre PNV y EH Bildu a nivel autonómico. De hecho, la formación 'abertzale' defiende que fueron ellos quienes, junto al PSE, impulsaron en 2015 una norma autonómica y que el PNV votó en su momento en contra, posicionándose en el Parlamento de Vitoria junto al PP. Las zancadillas entre rivales electorales, por tanto, emergen ante una normativa que desde Sabin Etxea quieren mejorar. “Tenemos que ver la letra pequeña, porque ahí hay una posible colisión entre propietarios”, dijo el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, hace unos días.

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Los aspectos más polémicos de la Ley de Vivienda que aprueba el Consejo de Ministros este martes tienen que ver con las llamadas zonas de mercado tensionado, donde se podrían congelar y, en un año y medio desde la aprobación de la norma, bajar los alquileres de las viviendas pertenecientes a grandes tenedores, más de 10, que sean personas jurídicas. Para que un área sea declarada tensionada, se tienen que dar dos circunstancias: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares, y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.

El problema es que no existen datos oficiales a nivel municipal sobre la carga que supone para las familias una hipoteca o un alquiler; solo existen referencias de carácter privado. Además, con el actual índice de precios, y calculadora en mano, un buen número de ciudades y municipios no cumplirían con el segundo requisito y, por tanto, no podrían congelar, de momento, sus precios de la vivienda. Fuentes parlamentarias advierten de que declarar una zona tensionada será complicado con la actual redacción de la norma.

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Otro punto polémico tiene que ver con la comisión que cobran las inmobiliarias y que, normalmente, se corresponde con las gestiones que realizan en la compraventa de viviendas o en la gestión de los alquileres. Un honorario que varía y se negocia, pero que suele corresponder con una mensualidad o con el 10% de una anualidad, en el caso de los alquileres. En las operaciones de compraventa, estas comisiones varían dependiendo del tipo de vivienda y suelen rondar el 3%. La Ley de Vivienda no introduce ninguna novedad, algo que ya ha sido denunciado por la oposición, que prepara enmiendas, ya que sí se contempló durante la negociación en el seno del Gobierno que estos honorarios los abonara el propietario.

La citada ‘vacatio legis’ de año y medio a partir de la entrada en vigor de la ley que afecta a los grandes tenedores de vivienda, a partir de 10 propiedades, siempre que sean personas jurídicas, para obligarles a bajar los precios también genera controversia, especialmente en ERC. Como la tramitación parlamentaria puede demorarse hasta un año, esta normativa no estaría disponible para las comunidades autónomas hasta la próxima legislatura.