Fiscales españoles apoyaron a Llarena en una reunión discreta con sus homólogos italianos

Fiscales españoles e italianos celebraron la semana pasada una reunión “oficiosa” de carácter reservado para intercambiar posturas acerca del contencioso judicial abierto en Cerdeña tras el arresto del expresidente de Cataluña huido, Carles Puigdemont. Según informan a El Confidencial varias fuentes conocedoras de este intercambio, el encuentro se celebró de forma telemática y contó con la participación de varios representantes del ministerio público, el exjuez de enlace español en Italia y las autoridades nacionales de Eurojust.

Las fuentes consultadas confirman que la reunión tuvo lugar a petición de la Fiscalía italiana y se celebró de forma telemática a finales de la semana pasada. Por la parte española, participaron al menos los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, dos de los encargados de llevar la acusación contra los acusados del 'procés' en el Tribunal Supremo. A sus colegas transalpinos les trasladaron la misma opinión que el juez Pablo Llarena: la orden europea de detención y entrega a España del dirigente independentista estaba vigente y tenía que hacerse efectiva.

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Entre los españoles que participaron en el encuentro, las fuentes consultadas sitúan además al que fuera magistrado de enlace en Italia hasta julio de 2020, Luis Rodríguez Sol. En 2015, tras 14 años en la Fiscalía Anticorrupción, este se trasladó a la sede principal del Ministerio Público como apoyo técnico de la propia Madrigal, puesto en el que permaneció dos años antes de marcharse a Roma.

Entre las funciones que el Ministerio de Justicia atribuye a los magistrados de enlace, destaca "promover y facilitar la cooperación judicial en materia civil y penal entre España y el Estado ante el que están acreditados". Así se recoge en el artículo 11 del real decreto de 2019 que regula el régimen del personal de Justicia en el exterior, que apunta a su vez a que intercambiarán "información con las autoridades del país de destino sobre las cuestiones que pudieran plantearse". Tras la detención de Puigdemont en Cerdeña el 23 de septiembre, España no contaba con ningún magistrado que pudiera explicar a Italia por qué le reclama el Supremo.

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Las fuentes consultadas describen la reunión como “reservada” u “oficiosa”, pero dentro de las relaciones permitidas entre homólogos que ejercen la acusación pública. Por el tipo de procedimiento que se ha seguido en Cerdeña, la Fiscalía española no ha tenido ocasión de intervenir. Los intereses de la Justicia española han corrido a cargo del juez instructor del alto tribunal Pablo Llarena. El pasado jueves, el magistrado remitió a la isla italiana un escrito de cinco folios en el que reivindicaba la vigencia de su orden de arresto y reclamaba la entrega del líder independentista.

La tesis de Llarena

Su tesis es que la orden de arresto no queda en suspenso a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no haya resuelto la cuestión prejudicial que afecta al fondo del conflicto con Puigdemont y el resto de exconsejeros catalanes huidos. A su juicio, los políticos pueden esperar en cárceles españolas a que se pronuncie este estamento europeo.

Los fiscales españoles se alinearon por tanto con el parecer del juez, en contra de lo manifestado por la Abogacía del Estado. Reeditaron así el enfrentamiento entre ambas instituciones que marcó la acusación en el juicio del 'procés' en 2019. Mientras el ministerio público defendió imponer condenas por rebelión a los líderes independentistas, los servicios jurídicos dependientes del Gobierno —entonces comandados por la actual fiscal general, Dolores Delgado— abogaron por la sedición, que contempla penas más leves. El Tribunal Supremo finalmente secundó la tesis de la Abogacía respecto a los hechos del 1-O.

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Tras el arresto del 23 de septiembre de Puigdemont en Cerdeña, la Fiscalía local defendió su puesta en libertad sin medidas cautelares a la espera de la vista de este jueves. Hacía suyos los argumentos del Tribunal General de la Unión Europea, que en julio retiró la inmunidad como eurodiputado a Puigdemont. Lo hizo a instancias de la Abogacía del Estado, que sostuvo que no había riesgo de que Puigdemont fuese arrestado en ningún país porque la orden de Llarena estaba en suspenso.

Este lunes, el Tribunal de Apelación de Sassari ha mantenido la libertad para Puigdemont y ha aplazado su decisión hasta que los tribunales europeos resuelvan las cuestiones que tienen pendientes sobre el político. Se refieren a la cuestión prejudicial en el TJUE y el nuevo recurso presentado ante el TGUE para recuperar su inmunidad a la vista de esta detención en Italia. Esta decisión, que aboca este proceso italiano a la irrelevancia, coincide con la postura defendida por la Fiscalía italiana.