La detención de Puigdemont agrava el choque entre el Supremo y el Gobierno

El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dio este jueves un golpe sobre la mesa. Frente a "determinadas informaciones" que apuntaban a que la orden europea de entrega (OED) contra Carles Puigdemont ya no está en vigor, el magistrado se mostró tajante: "Está activa por decisión de este instructor, que es quien tiene la competencia". Así lo recoge en un oficio remitido al Tribunal de Apelación de Sassari, que el próximo lunes volverá a tomar declaración al 'expresident' para decidir sobre su extradición. El mensaje es claro. El señalamiento, también: la Abogacía del Estado ha provocado un "desajuste de información".

El rifirrafe tiene su origen en el escrito que los servicios jurídicos del Estado remitieron al Tribunal General de la Unión Europea (TUE) hace dos meses. Puigdemont había acudido a esta instancia para recuperar la inmunidad como diputado del Parlamento Europeo y, frente a esta petición, la Abogacía alegó que no existía motivo alguno para temer una detención. Su razonamiento pasaba por que Llarena había remitido una consulta previa sobre las euroórdenes contra los independentistas al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, mientras no se resolviera la duda, la Abogacía consideró que las órdenes de detención y entrega quedaban suspensas.

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El TUE dio por bueno este razonamiento y levantó la inmunidad a Puigdemont, pero, tras su detención en Cerdeña, el magistrado desautoriza ahora a la Abogacía de una forma clara. Su escrito, de hecho, no solo aclara que la orden sigue activa, sino que cuestiona el papel que han jugado los servicios jurídicos del Estado en Europa: "Esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España", critica. "Nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OED, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca".

La contundencia con que Llarena se pronuncia en este oficio no ha sentado bien en el Gobierno, desde donde remarcan su absoluto apoyo a la Abogacía. Fuentes del Ministerio de Justicia defienden en declaraciones a El Confidencial que su papel ha sido "escrupuloso" y que sus profesionales han actuado “en coherencia con la doctrina y jurisprudencia del Tribunal General y siguiendo las recomendaciones del TJUE”. Según argumentan, la Abogacía no entró en ningún momento a cuestionar la orden de detención y entrega, sino que se limitó a “mantener una interpretación jurídica coincidente con las recomendaciones y las resoluciones del Tribunal Europeo”.

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El Gobierno va al choque directo con Llarena señalando, además, que “el tribunal europeo en su decisión siguió la misma interpretación jurídica” que la Abogacía. Denuncian, en definitiva, que es Llarena quien ha llegado a una conclusión diferente: “Se trata, por tanto, de una cuestión de interpretación jurídica donde la Abogacía del Estado y el Tribunal de la UE son plenamente coincidentes”. Las mismas fuentes alegan que “ni hay error ni incoherencia en la posición del Reino de España", sino más bien "al contrario", pues "se ha aplicado de forma pulcra y escrupulosa el derecho europeo y se han seguido en todo momento las recomendaciones del TJUE”.

Como broche final, insisten en que “las consideraciones jurídicas de nuestro Tribunal Supremo merecen total respeto por parte de este Gobierno”, pero ahí quedan las reflexiones anteriores contra Llarena. Para reforzar las mismas, otra fuente cercana al Ejecutivo apunta además al fundamento sexto del auto con el que el magistrado trasladó la cuestión prejudicial al TJUE en marzo: "Considerando la naturaleza penal y paralización del procedimiento condicionado por las cuestiones prejudiciales que se plantean, y que no se han adoptado medidas privativas de libertad de los afectados por las ODE, se solicita la tramitación por el procedimiento acelerado", sostenía.

Del CGPJ a los indultos

Pero el oficio enviado por Llarena a Italia no es más que el último capítulo de un arranque de curso en el que la brecha entre el Supremo y el Gobierno se ha agravado. El pistoletazo de salida llegó el pasado 6 de septiembre en el acto de apertura del año judicial, cuando el presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, elevó el tono contra Moncloa: en primer lugar, por la reciente reforma que impide al consejo aprobar nombramientos si está en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. En segundo lugar, por haber dibujado una Justicia revanchista ante su oposición a los indultos del 'procés'.

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"Se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas", criticó Lesmes nada más arrancar su discurso ante Felipe VI y la ministra de Justicia, Pilar Llop. "La labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho —especialmente desde algunas instancias políticas— cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado".

Hasta ahí, el choque entre el Supremo y el Gobierno por los indultos, pero al presidente del CGPJ todavía le quedaba otra cuestión en el tintero: la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que bloquea las propuestas de nombramiento del órgano de gobierno de los jueces para los magistrados del alto tribunal, entre otros puestos. Lesmes recordó que dada "la trascendencia" de esta medida, el CGPJ quiso consultar a diversas instancias, pero todas sus peticiones fueron "desatendidas". De esta manera, la reforma salió adelante y, en estos momentos, el Tribunal Supremo se ve incapaz de cubrir 12 vacantes de un total de 79.

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Este lunes, la Sala de Gobierno del Supremo advirtió de nuevo sobre esta situación y acordó dirigirse al CGPJ para poner de manifiesto "su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del tribunal supone la falta de renovación". Mientras persista el bloqueo, el problema se va agravando, así que ya han encargado un informe a su gabinete técnico "que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas salas de este tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación".

Con el CGPJ y los indultos como telón de fondo, el escrito de Llarena termina por agrandar así la brecha entre el Supremo y el Gobierno. Esta vez, la disputa se extiende además a Europa, lo que lleva el choque a otro nivel. Tras cuatro años fugado, la entrega de Puigdemont queda entonces en manos de un tribunal italiano al que le llegan interpretaciones distintas desde España: por un lado, la de la Abogacía del Estado y, por otro, la del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo.