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Llarena corrige a la Abogacía ante la Justicia italiana para pedir la entrega de Puigdemont
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El 'expresident', citado el 4 de octubre

Llarena corrige a la Abogacía ante la Justicia italiana para pedir la entrega de Puigdemont

Los servicios jurídicos del Gobierno informaron al Tribunal General de la UE que estaban suspendidas las órdenes de detención. "No es así", responde el juez del Tribunal Supremo

Foto: Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo el 27 de septiembre. (EFE)
Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo el 27 de septiembre. (EFE)

El magistrado Pablo Llarena ha enviado un nuevo escrito a la Justicia italiana en el que incide en que la orden de entrega contra Carles Puigdemont "está activa". A falta de cuatro días para que el 'expresident' declare de nuevo ante el Tribunal de Apelación de Sassari, trata de desmentir así "determinadas informaciones" que apuntan a que la euroorden (OED) no está en vigor, entre ellas las alegaciones que la Abogacía del Estado presentó ante el Tribunal General de la UE (TUE) hace dos meses: "Dado que no existe un procedimiento para la ejecución de las órdenes de detención antes mencionadas, no existe un riesgo seguro", sostenían los servicios jurídicos del Estado.

Lejos de dar por bueno este razonamiento, Llarena se muestra tajante en su oficio: "En el procedimiento ante el TUE, según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019 es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada".

Foto: Foto: Reuters.

El magistrado eleva, además, el tono e insiste en que "esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España". Según argumenta, "nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OED, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca".

Llarena se desmarca así de cualquier escrito remitido por los servicios jurídicos del Estado al TUE y recuerda que, a diferencia de ellos, el Tribunal Supremo nunca ha intervenido en ese procedimiento. Su mensaje es claro: "Ese desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OED aparece en una parte de la resolución del TUE del pasado 30 de julio, al no haberse podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares".

En cuanto al hecho de que la defensa de Puigdemont haya anunciado que presentarán un nuevo escrito ante el TUE para que le devuelva de manera cautelar su inmunidad como eurodiputado, el magistrado reconoce que el 'expresident' puede recuperar esa especial protección, pero, mientras el tribunal de Luxemburgo no se pronuncie, defiende que la entrega debe seguir adelante: si finalmente le es concedida la inmunidad, pide a la autoridad judicial italiana que suspenda la tramitación del proceso de entrega y adopte las medidas precisas para garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando deje de disfrutar del privilegio.

El escrito de la Abogacía

De esta manera, Llarena responde al criterio que hizo suyo el Tribunal de Apelación de Sassari el 24 de septiembre, cuando estudió el arresto de Puigdemont a partir de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía italiana para solicitar su puesta en libertad sin medidas cautelares. El Ministerio Público defendió la tesis de que la orden internacional de arresto del Supremo estaba suspendida, tal y como había interpretado el TUE: mientras no se resuelva la cuestión prejudicial elevada por Llarena ante otro tribunal europeo frente al rechazo de Bélgica de entregar a los independentistas, el TUE asumió que las órdenes de detención y entrega quedaban suspendidas.

El origen de esta postura que trata de enmendar ahora Llarena está en las propias alegaciones que presentó la Abogacía del Estado en el contencioso que se libró en julio ante el TUE. Puigdemont acudió a esta instancia para solicitar que le reconocieran su inmunidad parlamentaria como eurodiputado electo en las elecciones de 2019. La Abogacía del Estado, en representación de los servicios jurídicos del Gobierno de España, se opuso, pero en sus alegaciones sostuvo que, mientras no se resuelva la cuestión prejudicial, su orden de arresto y entrega a España permanece en suspenso.

Foto: Carles Puigdemont, entrevistado en el Parlamento Europeo. (EFE)

El Confidencial tuvo acceso a los más de 20 folios de alegaciones de la Abogacía ante el TUE en los que decía incluso que no existía riesgo de que el expresidente fugado de Cataluña fuese detenido y por tanto no era necesario que se le diese la inmunidad. "Está pendiente la petición de decisión prejudicial (...) y como afirma el propio Parlamento Europeo en el apartado 64, es muy poco probable que las autoridades judiciales belgas ejecuten las órdenes de detención sin una sentencia definitiva del Tribunal de Justicia. También es poco probable que otros Estados miembros ejecuten esas órdenes de detención, ya que el caso se refiere a cuestiones de fondo que afectan a la ejecución de las órdenes de detención europeas, independientemente del Estado miembro en el que se ejecuten", indica.

Incidía la Abogacía, sin lugar a la duda, en que el efecto de esa cuestión prejudicial de Llarena o de cualquier otra es "siempre suspender el trámite sobre lo que se solicita". "Dado que este caso se refiere a las órdenes de detención europeas y la autoridad judicial emisora ​​hizo la remisión con carácter prejudicial, ningún órgano judicial de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes hasta que el TJUE se haya pronunciado sobre la cuestión", defiende el documento que dos meses después supuso el mejor argumento para Puigdemont para recobrar la libertad y regresar a Bélgica tras pasar el fin de semana en Cerdeña.

La inmunidad de Puigdemont

Más allá del escrito de la Abogacía, la polémica se remonta al pasado 9 de marzo, cuando el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio de las autoridades españolas y reiteró la inmunidad tanto a Puigdemont como a los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí. Ante las negativas previas de Bélgica a entregar a los huidos, la maniobra de Llarena pasó entonces por tramitar una cuestión prejudicial al TJUE: quería saber si Bruselas podía denegar la ejecución de las entregas pendientes con argumentos que fueran más allá de la inmunidad de la que gozaban hasta ese momento. De esta manera, implicaba a la Justicia de la Unión Europea en la extradición de Puigdemont y fijaba las líneas rojas que Bruselas ya no podría cruzar. Esta consulta se admitió a trámite y sigue pendiente de respuesta.

Pero Puigdemont y los dos 'exconsellers' también jugaron sus cartas y en mayo recurrieron la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad ante el TUE: apuntaban a irregularidades en la tramitación del suplicatorio y, una vez más, insistían en que el Supremo no era el competente para dictar las euroórdenes. El 2 de junio, este tribunal atendió su recurso y suspendió provisionalmente el levantamiento de esta especial protección, con lo que el caso en principio quedaba congelado: por un lado, Llarena quedaba a la espera de que el TJUE aclarara el alcance de las euroórdenes y, por otro, el TUE mantenía la inmunidad de los tres.

Foto: Concentración frente al consulado de Italia en Barcelona para apoyar a Carles Puigdemont. (EFE)

La situación se mantuvo así hasta el 30 de julio, cuando el TUE emitió la mencionada resolución en la que finalmente seguía la línea del Parlamento Europeo y retiraba la inmunidad a Puigdemont y los dos 'exconsellers'. En cualquier caso, su decisión tenía letra pequeña, pues basaba la misma en que, por mucho que ya no gozaran de esta especial protección, daba por hecho que las órdenes de detención a nivel europeo quedaban suspendidas hasta que el TJUE resolviese la consulta traslada por Llarena. Al fin y al cabo, esa era la idea que la propia Abogacía del Estado había expuesto ante el tribunal de Luxemburgo.

Llarena, sin embargo, no hace suya esta conclusión que el TUE expuso en aquella resolución, y así lo recoge en el oficio remitido ahora a Italia. Insiste para ello en que las recomendaciones del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales establecen en su punto 25 que la presentación de las mismas comporta la suspensión del procedimiento nacional hasta que el tribunal de justicia se pronuncie, pero subraya que esa recomendación también añade que "la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria" y que, en todo caso, "se estará a lo que decida el órgano jurisdiccional nacional".

Foto: El expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras el arresto. (Reuters)

Apoyándose en este razonamiento, apunta a que la orden de prisión de Puigdemont, que se adoptó en este procedimiento el 14 de octubre de 2019, así como la subsiguiente orden de detención europea, "tienen una indiscutible naturaleza cautelar". En otras palabras: "Son decisiones que sirven a que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que —hasta ahora— ha estado impedido por la fuga", por lo que, desde que presentó la cuestión prejudicial, "no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar".

Llarena, por tanto, hace suya la decisión del 30 de julio de retirarle la inmunidad, pero no comparte la idea de que esta medida conllevara la suspensión de la OED por la cuestión prejudicial que sigue pendiente. Por otro lado, en cuanto al hecho de que la defensa del 'expresident' haya anunciado que pedirá al TUE que le otorgue de nuevo de manera cautelar esta especial protección, considera que, mientras no se responda a esta solicitud, la entrega debe seguir adelante. Con estos dos argumentos sobre la mesa, su conclusión es tajante: "La OED contra Carles Puigdemont i Casamajó está activa por decisión de este instructor, que es quien tiene la competencia para ello".

Carles Puigdemont