España se juega su reputación en la maniobra contra Puigdemont en Luxemburgo
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arriesgada estrategia de LLARENA

España se juega su reputación en la maniobra contra Puigdemont en Luxemburgo

La detención del 'expresident' en Cerdeña pone a las autoridades españolas en una situación delicada ante el Tribunal General de la UE

Foto: Concentración frente al consulado de Italia en Barcelona para apoyar a Carles Puigdemont. (EFE)
Concentración frente al consulado de Italia en Barcelona para apoyar a Carles Puigdemont. (EFE)

La estrategia del juez Pablo Llarena para que las autoridades italianas entreguen a Carles Puigdemont, 'expresident' de la Generalitat y eurodiputado, huido de la justicia española desde 2017, es una apuesta en la que no solamente está en juego la extradición del líder independentista, sino que también es un movimiento arriesgado para el prestigio y la reputación de España ante los tribunales europeos y las instituciones comunitarias.

Tras la detención de Puigdemont el pasado jueves por la noche en Cerdeña (Italia), Llarena comunicó este viernes que la euroorden contra el expresidente de la Generalitat sigue activa. Pero no era eso lo que el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) tenía entendido cuando el 30 de julio decidió que no existía un peligro "inminente" de detención contra el líder independentista, por lo que le denegaba medidas cautelares para mantener su inmunidad mientras la alta corte de Luxemburgo examinaba el fondo del recurso contra el proceso por el que el Parlamento Europeo le había retirado esa prerrogativa el pasado 9 de marzo.

Foto: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. (EFE)

El TUE señalaba en su escrito que no existía ese riesgo "inminente" que justificara mantener la inmunidad de manera cautelar, entre otras razones porque así lo señalaban las autoridades españolas. Para entenderlo hay que volver a dar un paso hacia atrás. El mismo 9 de marzo en el que Puigdemont perdió su inmunidad, Llarena presentó una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ejecución de la euroorden contra el 'exconseller' Lluís Puig, que había sido rechazada por las autoridades belgas. El juez instructor de la causa del 1 de octubre la había presentado con la esperanza de que la justicia europea aclarara si Bélgica estaba aplicando correctamente la euroorden.

Y mientras el TJUE decidía sobre esa cuestión, pieza clave para la estrategia judicial española para reclamar a Puigdemont, el efecto del resto de euroórdenes quedaba suspendido. O eso era lo que, según la decisión del TUE del 30 de julio, señalaba la propia abogacía del Estado. Las autoridades españolas "manifestaron que ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado" sobre la cuestión prejudicial sobre Lluís Puig, señala el texto, que es público.

Daños en una dirección y en otra

Hay una contradicción entre lo que Llarena ha comunicado a las autoridades italianas y lo que la Abogacía del Estado explicó a la justicia europea según la decisión del Tribunal General. Esa contradicción no gustará nada en Luxemburgo, donde no se tiene cariño a los juegos de trileros o los engaños, que es lo que la defensa de Puigdemont asegura que han hecho las autoridades españolas. Y donde tampoco gustan los errores procedimentales o los malentendidos, que son las razones que las fuentes consultadas señalan como posible origen de esa contradicción entre lo que refleja el escrito del TUE y lo que Llarena ha comunicado a las autoridades de Sassari (Italia).

Esa contradicción daña la reputación de España, que ya sufrió daños en el pasado, en la gestión de las euroórdenes previas

Esa contradicción daña la reputación de España, que ya sufrió daños en el pasado, en la gestión de las euroórdenes previas a que Puigdemont, y sus 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, se convirtieran en eurodiputados. El espectáculo, la propia huida de la cúpula del 'procés', la incapacidad de lograr su entrega, la sentencia del juicio del 1 de octubre contra los líderes del referéndum ilegal que se consideró demasiado dura en muchas capitales y no se llegó a entender, o el revés judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permitió de hecho que Puigdemont se sentara en la Eurocámara, dejaron una imagen de improvisación y de acumulación de errores que lastró la imagen del país durante algún tiempo.

Además, al inicio de esta crisis, tanto los líderes independentistas, como después el Estado, hicieron lo que en el derecho internacional se califica de 'forum shopping': escoger la jurisdicción que esperas que vaya a dictar una sentencia más favorable a tus intereses. Esa fue la estrategia de Puigdemont al huir de España, y eso fue lo que hicieron las autoridades cuando reactivaron la euroorden cuando el 'expresident' de la Generalitat pisó territorio alemán, pensando que la semejanza entre códigos penales garantizaría su entrega. Algo que tampoco consiguió, dañando de nuevo su prestigio. En Bruselas y Luxemburgo que un huido de la justicia haga uso de esa figura no sorprende, es lo que se espera de él, pero ver a un Estado miembro que activaba y desactivaba euroórdenes esperando a si el acusado caía en la casilla que le interesaba tampoco dejó buena imagen.

Foto: Imagen de archivo de un avión de Ryanair. (Reuters)

Esta nueva detención de Puigdemont en Italia es una maniobra en el que los daños se producen sí o sí, en una dirección o en la otra. El movimiento de Llarena y su carta a las autoridades italianas dejará muchas preguntas en Luxemburgo y hará cuestionarse al tribunal europeo si la Abogacía del Estado le engañó. Y eso, evidentemente, no ayudará al prestigio de España ante la alta corte, ni contribuirá a que su palabra sea más creíble en próximos casos.

Por otro lado, el prestigio del país también quedará dañado si, además de haber contradicciones entre la decisión del TUE del 30 de julio y lo que sostiene Llarena ante las autoridades italianas, finalmente Puigdemont no es entregado a España. Y el expresidente de la Generalitat sigue teniendo derecho a pedir al tribunal europeo que le devuelva de manera cautelar su inmunidad, como refleja el artículo 60 de la decisión del 30 de julio, donde se señala que podrá hacerlo en el caso de que haya “con un grado de probabilidad suficiente” la posibilidad de que Puigdemont sea detenido o pueda producirse una “ejecución de un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas”. De una manera o de otra, el prestigio de España ante la corte de Luxemburgo camina en este momento por un delgado alambre, mientras el 'expresident' fugado de la justicia sigue teniendo varias cartas en su mano.

La estrategia del juez Pablo Llarena para que las autoridades italianas entreguen a Carles Puigdemont, 'expresident' de la Generalitat y eurodiputado, huido de la justicia española desde 2017, es una apuesta en la que no solamente está en juego la extradición del líder independentista, sino que también es un movimiento arriesgado para el prestigio y la reputación de España ante los tribunales europeos y las instituciones comunitarias.

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