El escrito de España que complica la entrega de Puigdemont: "No hay riesgo de detención"

Carles Puigdemont ha encontrado en la Abogacía del Estado su mejor defensa tras su detención de esta semana en Cerdeña. En el centro de la estrategia del expresidente catalán ante la Corte de Apelación de Sassari, que debe decidir si le entrega a España, se encuentran las alegaciones que el Gobierno presentó ante el Tribunal General de la UE (TUE) hace solo dos meses. En ellas se daba por hecho que ningún país europeo le detendría en esta fase, puesto que la orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo en su contra se encuentra congelada hasta que se produzca una decisión final de la Justicia europea sobre su alcance y validez. No era cierto. El Confidencial ha accedido a la argumentación completa de los servicios jurídicos de España. Aseguran rotundamente: "No existe riesgo de detención" pese a que, como ha aclarado el Supremo, la orden de arresto siempre estuvo vigente. Y defienden que una entrega por parte de cualquier país europeo es imposible en este momento.

El escrito de la polémica se presentó al TUE el pasado 2 de julio y en él España argumenta a lo largo de 22 páginas en contra de la necesidad de devolver a Puigdemont la inmunidad perdida como europarlamentario. Para entender el contexto hay que repasar los últimos acontecimientos: Puigdemont perdió la especial protección que le concedía su escaño en el Parlamento Europeo y acudió al Tribunal General para tratar de recuperarla. Fue en la tramitación de esas medidas cautelares en las que la Abogacía registró las alegaciones que ahora reproduce este periódico.

La abogada jefe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sonsoles Centeno Huerta, repite en distintos puntos de su escrito que no existe motivo alguno que haga temer un arresto y se opone a la medida cautelar solicitada por Puigdemont. "Mientras no demuestren que el riesgo es cierto, no se podrá conceder", dice dudando de que hubiera peligro alguno para él.

"Dado que no existe un procedimiento para la ejecución de las órdenes de detención, no existe un riesgo seguro"

A continuación, se refiere a lo que sucedería en caso de que la hipotética detención tuviera lugar como finalmente ha ocurrido. "En cualquier caso, si las circunstancias cambian, esto no impide que los solicitantes presenten una nueva solicitud de medidas cautelares en ese momento. Además, no se debe olvidar que la ejecución de una orden de detención europea no es automática, sino que debe cumplir con los requisitos establecidos en la Decisión Marco 2002/58419, y, además, que, de acuerdo con dicha Decisión Marco, la decisión puede demorarse hasta 60 días si no se da el consentimiento para la entrega, de conformidad con el artículo 17 de la misma. Dado que no existe un procedimiento para la ejecución de las órdenes de detención antes mencionadas, no existe un riesgo seguro", defiende.

Tras mostrar a Puigdemont el camino a seguir —este mismo viernes el 'expresident' acudió al TUE en busca de nuevas cautelares como aquí se sugería— la abogada del Estado reiteraba que la orden de detención europea que lanzó el instructor del Supremo, Pablo Llarena, en 2019 no puede ejecutarse al estar aún pendiente la respuesta a la consulta que el magistrado remitió al Tribunal de Justicia de la UE. "Está pendiente la petición de decisión prejudicial (...) y como afirma el propio Parlamento Europeo en el apartado 64, es muy poco probable que las autoridades judiciales belgas ejecuten las órdenes de detención sin una sentencia definitiva del Tribunal de Justicia. También es poco probable que otros Estados miembros ejecuten esas órdenes de detención, ya que el caso se refiere a cuestiones de fondo que afectan a la ejecución de las órdenes de detención europeas, independientemente del Estado miembro en el que se ejecuten", indica.

Incide, sin lugar a la duda, en que el efecto de esa cuestión prejudicial de Llarena o de cualquier otra es "siempre suspender el trámite sobre lo que se solicita". "Dado que este caso se refiere a las órdenes de detención europeas y la autoridad judicial emisora ​​hizo la remisión con carácter prejudicial, ningún órgano judicial de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes hasta que el TJUE se haya pronunciado sobre la cuestión", defiende.

"La petición de decisión prejudicial tiene como efecto la suspensión de dicho procedimiento"

Sonsoles Centeno se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia e insiste en que "la petición de decisión prejudicial en un procedimiento nacional tiene como efecto la suspensión de dicho procedimiento". Así se afirma en el apartado 25 de las Recomendaciones a los juzgados y tribunales nacionales en relación con la iniciación de un procedimiento prejudicial:"Aunque el órgano jurisdiccional remitente aún puede ordenar medidas cautelares, en particular en relación con una remisión sobre la determinación de la validez, la presentación de una petición de decisión prejudicial pide, no obstante, que se suspenda el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie", precisa.

Para blindar su teoría, se refiere a que la sentencia del TJUE será definitiva y afectará no solo al proceso judicial en España "sino también a cualquier tribunal que pueda tener que ejecutar las órdenes de detención europeas vigentes". "En consecuencia, no es posible establecer un cierto riesgo de detención mientras se encuentre pendiente la decisión prejudicial", repite. Finalmente, el Tribunal General dio la razón a la Abogacía del Estado, asumió sus argumentos y levantó a Puigdemont la inmunidad que le había otorgado unas semanas antes. De hecho en sus conclusiones, destacó la ausencia de riesgo para Puigdemont y la posibilidad de volver a pedir su inmunidad en caso de arresto.

Reproches al Tribunal General

La abogada del Estado no se ahorró reproches a este órgano judicial europeo. "No se puede esperar que el Tribunal General de la UE decida sobre cuestiones que dependen del Derecho y de las Autoridades de un Estado miembro, en este caso España", lanza. A lo largo de estas 22 páginas de escrito, defiende también la competencia del Tribunal Supremo para perseguir a Puigdemont y el resto de fugados y recuerda que su procesamiento tuvo lugar un año antes de que se presentaran a las elecciones europeas en busca de la inmunidad.

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Para Huerta, una intervención del Tribunal General de la UE a favor de Puigdemont implica una injerencia en asuntos que no son de su competencia sino de España. En su opinión la decisión de devolver de forma temporal al 'expresident' huido esa inmunidad correspondería a las autoridades nacionales y no a las europeas. "En cuanto a las órdenes de detención europeas, dado que el juez de instrucción ha formulado una cuestión prejudicial, dicha remisión supone la suspensión de las órdenes de detención nacionales antes mencionadas e implica la suspensión de todo procedimiento de ejecución", recuerda de nuevo.

La suspensión a la que se refería la abogada del Estado no era tal. La orden de detención de Llarena seguía activa y en vigor aunque el TS nunca pudo aclararlo al no ser parte en el procedimiento. El auto del propio Juzgado de Cerdeña avaló el arresto de Puigdemont este jueves. La orden de arresto, asociada a sus datos personales, activó la alerta que hizo intervenir a la Polizía di Stato en el aeropuerto sardo de Alguer.

El tribunal de Sasseri que debe determinar ahora si lo entrega refleja en el auto por el que dejó libre al líder de Junts estas dudas sobre su inmunidad y le cita a una nueva comparecencia el próximo 4 de octubre. Puigdemont retomó tras salir de la prisión donde solo estuvo unas horas su "agenda política". Este sábado acudió al festival Aplec Internacional Adifolk y durante el domingo se reunirá con líderes independentistas sardos. Su intención es regresar a Bruselas el lunes y viajar de nuevo a Cerdeña 24 horas antes de la citación, el 3 de octubre.