Así se gestó el discurso del 3-O: "Un mensaje del jefe del Estado a una nación herida"

Antes de que se celebrase el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Felipe VI estaba persuadido de que su intervención pública resultaría necesaria. El jefe del Estado no dispensaba credibilidad suficiente a la política de Mariano Rajoy. Tanto el Rey como otras instancias del Estado habían interiorizado que Artur Mas engañó al presidente del Gobierno con motivo de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Felipe VI, en el mes de julio de ese mismo año, al poco de ser proclamado ante las Cortes Generales, mantuvo una larga audiencia privada con el presidente de la Generalitat y pudo apreciar de primera mano la determinación del político catalán responsable de encender la mecha del proceso soberanista. Desde Moncloa, sin embargo, se suponía que la iniciativa de Mas trataba de buscar una posición negociadora ventajosa, pero que “la sangre no llegará al río”, en expresión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mandatada por Rajoy para encauzar la interlocución con la Generalitat.

Según las fuentes consultadas, Rajoy habría acordado con Mas que los resultados del “proceso participativo” del 9-N de 2014 nunca se hicieran oficiales, que no se les daría carta de naturaleza y que se presentaría la jornada como “festiva”, pero sin formalidades. La relativa sorpresa para algunos y total para Moncloa se produjo cuando Artur Mas oficializó los resultados y, dando un paso más, se encaró con la Fiscalía asumiendo él todas las responsabilidades de la iniciativa. El presidente desobedeció la suspensión de la votación dictada por el Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le condenó el 13 de marzo de 2017 a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia al TC; también lo hizo —año y medio de inhabilitación y multa— a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, absolviendo a los tres del delito de prevaricación que reclamaba la Fiscalía. En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Superior catalán, pero redujo el tiempo de inhabilitación a un año y un mes en el caso de Artur Mas, a nueve meses en el caso de Ortega y a seis en el de Rigau. Por el 9-N también fue condenado a inhabilitación —un año y un mes— Francesc Homs, aforado ante el Tribunal Supremo. En 2015, el órgano de garantías declaró inconstitucional el llamado “proceso participativo”.

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“Rajoy no escarmentó”, según versiones de su propio partido muy críticas con su gestión de la crisis catalana. Y al no hacerlo malinterpretó las señales de hostilidad del proceso soberanista a partir de 2012 y tras la elección, 'in extremis', de Carles Puigdemont en enero de 2016 como nuevo presidente de la Generalitat. Con él el 'procés' tomó todavía más energía, mientras Mariano Rajoy seguía sin alterar su diagnóstico: se trataba de un tira y afloja para llegar a una negociación. En la Casa del Rey nunca se “compró” la versión gubernamental. Felipe VI, muy pendiente de los acontecimientos en Cataluña, se desplazó dos veces a Barcelona con motivo de los atentados yihadistas de agosto de 2017. De ambas visitas, el jefe del Estado extrajo la peor de las impresiones: ausencia del Estado, inoperancia del Gobierno y empoderamiento de los secesionistas. Las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre en la Cámara legislativa autonómica por las que se aprobaron las llamadas “leyes de desconexión” (ley del referéndum y ley de transitoriedad de la república) terminaron por convencer a la Zarzuela de que los acontecimientos se precipitaban sin freno. El Gobierno, pese a la gravedad del momento y a disponer de mayoría absoluta en el Senado, no activó el artículo 155 de la Constitución como algunos ministros sugirieron con vehemencia y, en particular, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Pocas fechas después de la aprobación de las “leyes de desconexión”, la Casa del Rey —convencido el jefe del Estado de que la situación se le iba de las manos al Gobierno— comenzó una tanda de consultas. Las personas a las que escuchó Felipe VI fueron muchas y de distintos partidos y estamentos. Se les convocó durante la segunda quincena de septiembre mediante correo electrónico acompañado en PDF de una carta del jefe de la Casa del Rey formalizando la audiencia privada con el Rey. Todos los convocados acudieron a la Zarzuela, aunque no a todos comunicó Felipe VI su intención de pronunciar un discurso televisado que dependería en última instancia de lo que ocurriese el 1 de octubre. Por la Casa del Rey pasaron desde dirigentes de Ciudadanos hasta del PSC. El Rey oyó atentamente y, a su modo y de manera un tanto críptica, transmitió su convicción de que el 1 de octubre sí habría referéndum, algo que Moncloa decía descartar porque, de nuevo, Rajoy creyó haber logrado alguna baza positiva: trataba de convencer a Puigdemont de que las votaciones se produjesen en la vía pública y no en los colegios electorales. No hubo acuerdo. Los servicios de información (CNI, Policía Nacional) no detectaron nada menos que ni una de las 8.000 urnas de gran tamaño, escondidas en los lugares más inverosímiles: almacenes de alimentos, maleteros de coches particulares, sacristías y hasta locales oficiales. Un gran lote de urnas estuvo escondido en el sur de Francia y se trasladó en vehículos particulares durante la madrugada del día del referéndum a varias localidades catalanas.

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Un político socialista catalán manifestó a Pedro Sánchez su “preocupación” tras su entrevista con el Rey. Creía que el jefe del Estado iba a confeccionar un discurso “duro” que convenía “suavizar” con un llamamiento al “diálogo”. El entonces líder de la oposición confesó a su interlocutor que él ya había sido consultado por Felipe VI y que le había hecho la misma sugerencia. “¿Insisto, Pedro?”, le preguntó el catalán al secretario general del PSOE. “Sí, hazlo por tu cuenta”. Y lo hizo inmediatamente después del 1-O. Se puso en contacto con Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, y le expuso sus temores sobre el impacto de la intervención de Felipe VI. La respuesta de Alfonsín fue: “Este es el mensaje del jefe del Estado a una nación herida a la que se le ha asegurado que no se celebraría la votación”. El socialista catalán percibió la misma determinación que, antes del referéndum ilegal, ya había comprobado una de las figuras más internacionales de Ciudadanos que había acudido a la Zarzuela tras asesorarse con varios catedráticos de Derecho Constitucional, entre ellos, Francesc de Carreras, uno de los referentes en esa materia también para la Casa del Rey.

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El 1-O confirmó todos los temores del jefe del Estado, que recibió numerosas llamadas de mandatarios extranjeros, grandes empresarios internacionales y financieros y gestores de Cataluña. No obstante, Felipe VI, siempre asesorado por Jaime Alfonsín, introdujo algunos matices tratando de acercarse a las sugerencias de Sánchez y del PSC, pero no incorporó en el texto el idioma catalán, como también se le había sugerido, ni la palabra “diálogo”. Algunos de los interlocutores del jefe del Estado se preguntan si una actitud más eficaz, decidida y certera del Gobierno de Rajoy “hubiese sido suficiente” para evitar su intervención. La respuesta casi unánime es afirmativa. De hecho, el propio Rajoy pudo comprobar el callado reproche del Rey cuando a mediodía del 3 de octubre, horas antes de la emisión de su discurso, le mostró su texto y le concedió implícitamente el refrendo. Luego, el presidente del Gobierno se expresó “enfurruñado” y “contrariado” con la decisión del Rey. Le costó mucho al gallego dar su visto bueno, no tanto al texto como a la irrupción de Felipe VI en la medida en que podía sugerir una “cierta desautorización”, según fuentes del PP que consideran también que el Rey “llenaba el vacío de la inacción del propio Rajoy”.

Transcurridos cuatro años del 1-O y del discurso de Felipe VI, Pablo Casado, actual presidente del PP, hizo unas explícitas declaraciones sobre estos hechos el pasado mes de febrero. Según el dirigente popular, él nunca estuvo de acuerdo con el mantra de Rajoy de que “no se votaba nada”, se negó a comparecer como portavoz de su partido aquel día y aseguró que “en mi opinión las cargas policiales se debieron haber evitado”. Para mayor detalle, estas declaraciones las realizó Casado en RAC1, la emisora privada más afecta al independentismo en Cataluña. 24 días después del discurso del Rey, el 27 de octubre, se declaró unilateral y fugazmente la independencia de Cataluña y el Senado autorizó al Gobierno medidas excepcionales amparadas por el artículo 155 de la Constitución. En Génova hay quien asegura —en lo que es ya una revisión completa de la gestión de la crisis catalana por los populares— que “Felipe VI tuvo razón”.