Puigdemont trata de eludir la fianza del Tribunal de Cuentas alegando inmunidad
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TACHA EL PROCEDIMIENTO DE INCONSTITUCIONAL

Puigdemont trata de eludir la fianza del Tribunal de Cuentas alegando inmunidad

En el caso de que sus argumentos no sean atendidos, el expresidente catalán pide entonces que se amplíe el plazo para pagar los dos millones que le exige el organismo

placeholder Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Waterloo. (EFE)
El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Waterloo. (EFE)

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un recurso para eludir la fianza de dos millones de euros que le exige el Tribunal de Cuentas. Su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, incide en que "tiene reconocida inmunidad como europarlamentario" y que esta "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". En el caso de que este argumento no sea atendido, también pide "una ampliación del plazo otorgado" para efectuar el depósito.

La fianza le fue notificada el pasado 30 de junio mediante providencia y hace referencia al gasto irregular que el Tribunal de Cuentas atribuye al Ejecutivo autonómico por la acción exterior que desarrolló durante seis años, entre 2011 y 2017. El organismo dio 15 días a más de 40 excargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont para entregar 5,4 millones, tras lo que la Generalitat apostó esta misma semana por una cuestionable maniobra para hacer frente a las fianzas con dinero público.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)

En cualquier caso, Puigdemont ha decidido recurrir por su cuenta los dos millones que se le exigen: "Tanto para el inicio como para la continuación del presente procedimiento, era preceptiva la concesión previa del correspondiente suplicatorio que debió ser solicitado ante el Parlamento Europeo; cosa distinta es que la Sra. delegada instructora no quiera hacerlo por no ver su procedimiento sometido a ningún tipo de escrutinio", critica en el mismo, alegando así inmunidad.

El escrito argumenta a su vez que el procedimiento carece de sentido porque equivale "a la derogación de las competencias en materia de acción exterior de la Generalitat". Según defiende, "no cabe más que calificar lo que se está haciendo en este procedimiento de inconstitucional por cuanto, por la vía de la represión sancionadora de este tribunal, se pretende derogar competencias de la Generalitat de Cataluña que siguen constando en el Estatuto de Autonomía en vigor, privándole de la acción exterior".

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (d). (EFE)

Para incidir en esta idea, Puigdemont señala "las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatut", resoluciones que, según defiende, la "delegada instructora está desconociendo deliberadamente". Apoyándose en este razonamiento, también recoge una advertencia: "Este tribunal no tiene atribuidas esas competencias y persistir en ello nos lleva, directamente, al ámbito del Derecho Penal, reservándose esta parte las acciones correspondientes tanto aquí como en aquellas jurisdicciones donde estas actuaciones causen sus efectos".

La instructora ha apuntado en sus escritos que para fijar las fianzas solo se han valorado gastos que exceden a las materias propias de la acción exterior de la comunidad autónoma, pero Puigdemont considera que "esta genérica contestación no encaja con la realidad de la liquidación llevada a cabo, que a simple vista refleja una criminalización de cuantas actividades se han llevado a cabo por los distintos gobiernos de la Generalitat".

Foto: Carles Puigdemont, junto a Pere Aragonès. (EFE)

Esta crítica, de hecho, se extiende a todos los escritos de la instructora, pues el expresidente considera que "nada se dice sobre las vulneraciones de derechos fundamentales, más allá de una mera remisión al procedimiento recogido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas". Una vez más, este argumento va acompañado por otra advertencia: "Sería importante que la delegada instructora y el propio tribunal se pusiesen de acuerdo sobre las funciones que cumplen o dejan de cumplir porque esto, si no fuese grave, causaría hilaridad".

Pero en el caso de que estos argumentos no sean atendidos, Puigdemont pide que se amplíe el plazo para pagar la fianza: "Es de todo punto irrazonable requerir para el pago de 2.085.507,80 euros a una persona en tan exiguo plazo", protesta. Aunque no indica cuál sería la nueva fecha límite, el escrito finaliza solicitando que se aclare cómo se llega a dicha cantidad, pues "de las liquidaciones practicadas, si hay algo que no queda claro, es cómo se estructuran las cantidades y cómo se establece su derivación".

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