Ofensiva de PP y Cs contra la Generalitat por cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

PP, Cs y sectores del constitucionalismo preparan una ofensiva legal contra el intento de la Generalitat de cubrir las finanzas del Tribunal de Cuentas, a través de la creación de un fondo complementario de riesgos con dinero público por valor de 10 millones para cubrir responsabilidades derivadas de la intentona secesionista de 2017. Pablo Casado ha asegurado que si el Gobierno no actúa, el PP recurrirá la decisión y denunciará "por malversación y prevaricación" a la Generalitat. Y el diputado de Cs Jordi Cañas ha elevado la cuestión a la Comisión Europea, a la que preguntará si la creación de un fondo de este tipo no supone un "seguro de responsabilidad que cubra y responda por sus delitos a cargo del erario público: una amnistía de la corrupción".

Ciudadanos ha ido un paso más allá este miércoles al pedir directamente al Gobierno "intervenir las finanzas" de la Generalitat a través de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (sin necesidad de aplicar el artículo 155). Así lo anunció Edmundo Bal, confirmando también que preguntarán por escrito al Ejecutivo en el Congreso y sin descartar a otras instancias judiciales.

El PSC y Sociedad Civil Catalana han preferido ser prudentes y esperar a que hoy o en los próximos días se publique el decreto ley de la Generalitat con la creación del fondo. En el caso de los socialistas catalanes, se pedirá al Consell de Garantías Estatutarias que se pronuncie sobre la legalidad del decreto. Por su parte, Sociedad Civil Catalana está a la espera de analizarlo con vistas a una posible impugnación del texto o incluso para poder impugnar los avales derivados del mismo al considerarlos un fraude de ley. En todos los frentes, una ofensiva legal contundente que hará que el decreto, aunque se apruebe por el Parlament y obtenga su rango de ley, tenga una vida tortuosa.

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Según ha explicado el 'conseller' de Economía, Jaume Giró, no puede haber ningún problema legal con este mecanismo, que nunca antes se ha puesto en funcionamiento. Se crea un fondo con 10 millones de euros de la Generalitat, que provisionalmente gestionará el Institut Català de Finances (ICF) hasta que se constituya una gestora. Mientras, un banco privado avalará a los encausados a quienes el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones de euros en finanzas para que no les embarguen. El aval del banco privado estará respaldado por un contraaval del ICF. En teoría, la Generalitat recuperaría el dinero en caso de que todas las instancias nacionales o internacionales diesen la razón al Tribunal de Cuentas o a los tribunales españoles.

No es esta la opinión de Jordi Cañas, que en su pregunta a la Comisión Europea plantea que puede suponer “un fraude administrativo y una posible prevaricación”.

Agujeros legales

El borrador del decreto ley de la Generalitat tiene muchos puntos débiles, según las fuentes jurídicas consultadas, pero no puede ser considerado un fraude de ley, porque será ley. Sin embargo, hay muchas dudas sobre su eficacia. Por eso, el propio Giró o el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, estaban ayer haciendo un llamamiento para captar cuatro millones de euros en la 'caja de solidaridad'. En este momento, solo tienen 400.000 euros. Parece que ni el entorno soberanista se fía de la última pirueta legal.

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Otro que no se fía es el interventor general, David Canada, que se ha asegurado no tener que firmar nada en el proceso, ya que por ley su responsabilidad es individual. El borrador decreto, al que ha accedido El Confidencial, externaliza el riesgo político. La Generalitat no se la juega, pero a costa de exponer al Institut Català de Finances. La ley no es ilegal en sí misma, pero su aplicación sí. De modo que el ICF ha pasado de ser la joya de la corona de esta legislatura —pedir la ficha bancaria era la medida estrella de la 'conselleria'— a ser el pagano de la fiesta.

Fuentes jurídicas explican que el agujero legal está no en la ley, sino en su aplicación. Por tanto, los que se la juegan son el ICF, en especial cuando otorgue el contraaval (aquí está el riesgo de malversación), pero también la comisión gestora, cuando se cree. También el órgano que conceda las peticiones asegurando que tienen derecho (aquí podría estar el delito de prevaricación).

Puntos débiles

Así, el decreto está lleno de puntos débiles. Por ejemplo, en el concepto de sentencia firme, añadiendo las vías internacionales, cuando los tribunales de fuera de España no se pueden considerar una instancia nueva. Aunque la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, aseguró que no era una ley 'ad hoc', es decir, específica para los encausados por el Tribunal de Cuentas, hay párrafos en el punto III de la exposición de motivos que se refiere a ellos de manera inequívoca: “Uno de los supuestos que hacen necesaria y urgente esta actuación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas afectadas ante una decisión administrativa no firme, son las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas”. Y no es la única referencia.

El decreto reconoce que la Generalitat no tiene cobertura de seguro de responsabilidad civil en caso de que los políticos quieran saltarse la ley

El decreto reconoce que en este momento la Generalitat no tiene cobertura de seguro de responsabilidad civil en caso de que los políticos quieran saltarse la ley: “Esta situación se ha alterado y actualmente se produce una exclusión de determinados riesgos de las pólizas suscritas, exclusión que, eventualmente, puede tener efectos retroactivos”. Pero eso es lógico. No se puede cubrir a un funcionario o alto cargo que actúa al margen de la ley, y menos cuando ha sido advertido de manera repetida.

La exposición de motivos resulta especialmente floja en lo jurídico, al referirse al “ejercicio legítimo del cargo público”, y la referencia al Tribunal Supremo es muy vaga, ya que solo defiende el derecho de los funcionarios cuando actúan de conformidad a la ley, y ese no fue el caso de los encausados, ya que el propio tribunal falló en su sentencia sobre el 'procés' que la actividad exterior de la Generalitat esos días había sido ilegal.