Las trampas que aguardan a la 'ley trans' o por qué el duelo Calvo-Montero no ha terminado

El Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez ha iniciado un viaje que se prevé tortuoso. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la 'ley trans' y ha puesto un mapa encima de la mesa. Lo que tienen que recorrer a partir de ahora PSOE y Unidas Podemos quizá dé para una película. En el camino esperan órganos consultivos en funciones y con puentes rotos con el Ejecutivo (el CGPJ) y, además, aliados parlamentarios que anhelan un texto más ambicioso.

Lo que sucedió este pasado martes en el palacio de la Moncloa es un inicio, y poco más. Es relevante en tanto en cuanto dilucida problemas cruciales para el colectivo trans, en especial la autodeterminación de género. Si no hay cambios, en España, dentro de unos meses, cualquier persona con edad superior a los 14 años podrá ir al Registro Civil para cambiar de sexo (de 12 a 14 años necesitará una resolución judicial). Bastará la notificación, la posterior escritura de un formulario y, tres meses después, la ratificación. La iniciativa del Gobierno sin duda despatologiza al colectivo y encamina la solución de una sus más sonoras reclamaciones. Fin a los informes médicos de acreditación.

La inclusión en el texto de este punto se ha interpretado como una victoria política de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Si se tiene en cuenta que la secretaria general de Podemos tuvo claro este punto desde el minuto uno y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no, es evidente que la balanza se ha inclinado del lado de la ministra. Su reto consiste desde ya en lograr que estas novedades no queden descafeinadas durante el procedimiento que se abre. Durante el viaje que el Gobierno ha empezado.

Los órganos consultivos

Como anteproyecto que es, la 'ley trans' tiene que exponerse a una serie de trámites que pueden dar lugar, o no, a cambios en la redacción. Tras una etapa de consulta pública y un plazo de modificaciones a cargo de los ministerios, si es que detectaran algún pasaje controvertido, el anteproyecto recalará en los consejos Fiscal, General del Poder Judicial y de Estado. Del primero, según los pronósticos de fuentes gubernamentales, no se esperan problemas, más allá de cuestiones técnicas, pero del segundo, más que problemas, se espera una absoluta incertidumbre. Hay precedentes incómodos. El órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado con dureza contra la llamada ley del 'sí es sí', por ejemplo, y en lo que respecta al proyecto de regulación de la memoria democrática, la demora y la ralentización están a la orden del día.

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La autodeterminación de género puede sufrir aquí un revés si, como la propia Carmen Calvo opinó hace meses, detectan los jueces inseguridad jurídica. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha ensalzado el papel de la vicepresidenta en la redacción provisional de la ley, y de paso ha sacado la bandera de la garantía constitucional. Está por ver que este sea el criterio del CGPJ, el mismo órgano que lleva más de dos años sin renovarse y que ha estado en la diana de un sinfín de polémicas y disputadas, incluso en el terreno de la Unión Europea.

El Consejo de Estado es el órgano que cierra el periplo de consultas, y sus informes no suelen ser llamativos, pero en este ciclo de la historia política en el que los tabúes están para romperse, no sería la primera vez que la entidad que preside en la actualidad María Teresa Fernández de la Vega dejara caer alguna recomendación de calado. No hace mucho el Consejo se mostró muy crítico con el decreto del Gobierno que regula la circulación de los fondos europeos por la economía nacional.

A la espera, por tanto, de posibles sobresaltos, el plazo de consultas podría llegar hasta los seis meses, aunque fuentes consultadas, conocedoras del proceso, estiman que medio año sería demasiado. Lo que es seguro es que antes de septiembre el Congreso no ve el texto. La veteranía de otras fuentes sitúa la llegada del proyecto al Parlamento en octubre o incluso en noviembre.

Los aliados parlamentarios

Antes de repasar qué espera al anteproyecto de 'ley trans' en la Cámara Baja, es pertinente recordar que el pasado 18 de mayo, en sesión plenaria, los grupos parlamentarios debatieron la toma en consideración de una proposición de ERC y del Grupo Plural (JxCat, Más País, Compromìs y BNG). La iniciativa fue rechazada porque el PSOE se abstuvo. Tan enconados estuvieron los ánimos que ocurrió un hecho inusual: la ministra Irene Montero pidió la palabra, terminado el debate, para prometer que habría 'ley trans'. Ha cumplido su palabra, y lo ha hecho en plena conmemoración del Orgullo LGTBI, cuya gran marcha tendrá lugar en unos días. Estaba el ambiente tan enervado que se presagiaba una hostilidad sin precedentes al PSOE. Recientemente, activistas de colectivos a favor y en contra de las reivindicaciones trans se pelearon en Murcia. El pasado 8-M fue pacífico en gran parte por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

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Un vistazo al diario de sesiones que recoge aquel debate ilustra con nitidez el enojo entre entidades feministas y, consecuentemente, entre partidos. La defensora de la proposición, la diputada de ERC Pilar Vallugera, acusó al Partido Socialista de "obstaculización constante y reiterada" a un proyecto que, según añadió, tenía que ser impulsado por el Gobierno, no por un partido. El líder de Más País, Íñigo Errejón, resumió así la situación: "Esta ley llega al Congreso gracias a que ha habido colectivos que han perseverado, que han aguantado, que han insistido, que han hecho su trabajo y que nos han empujado (...). Esta ley es iniciativa de Más País, pero es también iniciativa de la CUP, es iniciativa de Esquerra Republicana, es iniciativa de Compromís, es iniciativa de Junts, es iniciativa de Nueva Canarias. Y al Partido Socialista le tenemos que pedir que voten a favor (...). Ustedes esta vez no se pueden poner de perfil. Ustedes tienen que permitir que esta ley avance".

Fue un día duro para la bancada socialista porque en la votación se reflejó la distancia con sus aliados. Todos votaron a favor

Las alusiones continuaron. La diputada de la CUP Mireia Vehí reprobó la abstención, ese día, del PSOE, e incluso les identificó con la posición de partidos claramente en contra, como PP y Vox. La ministra, aunque elegante, pues obvió alusiones directas, entonó el 'mea culpa' y de manera sutil, indetectable, hizo hincapié en la profundidad de las diferencias conceptuales que mantenía entonces con el ala socialista del Gobierno, en concreto con Carmen Calvo, a quien en el Ministerio de Igualdad ha atribuido las dilaciones y retrasos sin rubor. Fue un día duro para la bancada socialista porque en la votación se reflejó la distancia con sus aliados. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís... Hasta Ciudadanos. Todos votaron a favor, menos el PSOE, PP o Vox.

Los asiduos aliados, conocido el anteproyecto, felicitan el paso, pero advierten de que queda un trámite parlamentario repleto de curvas. Para empezar, pedirán que la edad a partir de la que acometer la autodeterminación baje a 12 años e insistirán en el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias (que no se sienten ni hombres ni mujeres). Igualmente, procurarán disociar la 'ley trans' de la ley LGTBI, de manera que sean normas paralelas.

Lo primero es lo más peliagudo para el Partido Socialista, ya que su visión del feminismo, más clásica, pretende blindar el género porque es la garantía de la defensa e impulso de los derechos de las mujeres. La autodetermación diluye una distinción esencial en la lucha por la igualdad. El PSOE lo expresó así en un argumentario y los colectivos se enfadaron sobremanera.

El viaje en el Congreso

Cuando al anteproyecto se convierta en proyecto y llegue a la Cámara Baja, se celebrará el debate en pleno para la toma en consideración. Es previsible que PP y Vox presenten enmienda a la totalidad para que la ley sea devuelta.

Resulta incuestionable que la norma se tramitará en el Congreso: irá a la Comisión de Igualdad, se creará una ponencia, se discutirán enmiendas y se hará un dictamen. Ese dictamen irá al pleno, y luego al Senado, en donde, si se registran cambios, volverá al Congreso. En resumen: puede que la 'ley trans' sea una realidad dentro de un año. En el Gobierno creen que hay margen para mejoras, aunque admiten dudas sobre la unidad de voto en el PSOE.

Dicho de otro modo: el viaje que queda es largo. Y los riesgos políticos, indudables.