El juez reabre la investigación sobre los sobresueldos en Unidas Podemos

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha reabierto la investigación sobre los sobresueldos en Unidas Podemos. El 11 de marzo, Escalonilla ordenó el archivo de estas pesquisas al no "apreciar indiciariamente irregularidad alguna”, pero tras el recurso interpuesto por Vox y otras acusaciones, atiende sus argumentos y concluye que "cabe llegar a conclusiones distintas a las expuestas" en un primer momento.

En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, cita como testigo al antiguo gerente de Podemos, Pablo Manuel Fernández Alarcón, el 21 de mayo. También pide los estatutos vigentes en Podemos en 2019, su presupuesto de ese año —"con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la gerente como del tesorero"— y "los datos personales de los trabajadores a quienes la gerente Esther Val y Val implementó complementos".

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En la denuncia que dio origen a las actuaciones, el antiguo responsable de los servicios jurídicos, José Manuel Calvente, indicaba que estas subidas salariales se realizaban añadiendo "dos complementos salariales mensuales que no constan en las tablas salariales del partido": "Un complemento de coordinación por importe de 210,32 euros y un complemento de coordinación ejecutiva por importe de 400,00 euros mensuales, que suman una subida salarial mensual de 610,32 euros".

Calvente apuntaba de forma directa a la gerente Esther Val y al tesorero Daniel de Frutos Ramírez como los trabajadores "con la nómina más abultada" del partido, tesis que el juez busca aclarar a través de su presupuesto de 2019. En cualquier caso, las diligencias han detectado que estos complementos salariales se extendieron a "otras siete nóminas" en las que no se ha podido "determinar su identidad al haberse borrado", por lo que también pide "los datos personales" de todos los beneficiarios.

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Las otras dos diligencias que ordena en el auto —pedir los estatutos vigentes en 2019 y citar como testigo a Fernández Alarcón— responden a las dudas planteadas por las acusaciones en sus recursos. Al ordenar el archivo de la investigación, Escalonilla sotenía que Podemos "aprobó tales complementos salariales implementados por la gerente" y, por tanto, "no se aprecia (...) la presunta comisión por su parte de un delito de administración desleal", pero ahora se cuestiona esta idea.

"Los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2.017 (...) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que esta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial, y por ende cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala", argumenta.

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Pero su razonamiento para reabrir la investigación va más allá: "Parece ser que no se ha aportado por el partido político Podemos los estatutos vigentes en el año 2019, pues si bien aportó los citados estatutos elevados a público en el acta notarial de fecha 1 de agosto de 2017 anteriormente referida, parece ser que posteriormente fueron aprobados otros estatutos en el año 2018, que se encontrarían vigentes cuando dicha gerente procedió a la implementación de los complementos salariales".

A esto se suma que "resulta insuficiente a los efectos de acreditar que el Consejo Ciudadano Estatal aprobó la implementación de dichos complementos salariales la mera presentación de un certificado por quien ostentaba la condición de secretaria [Ione Belarra]", por lo que cabe reabir la investigación "de cara a la adecuada acreditación (...) de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la gerente como del tesorero como del resto de miembros".