El Gobierno omitirá los avisos de Bruselas sobre el plan de los fondos a la espera del 4-M

Las elecciones en Madrid del 4-M están dejando en suspenso buena parte de la actividad legislativa y condicionando casi todos los pasos que da el Ejecutivo desde que se anunció el adelanto electoral. Entre ellos, la elaboración del plan de recuperación vinculado a los fondos europeos, especialmente en lo que se refiere a las 'recomendaciones' de Bruselas en materias sensibles como las reformas laboral, de pensiones y fiscal. Desde el Gobierno, comienzan a asumir el riesgo de que el plan sea devuelto, puesto que no se escucharán todas las peticiones de las autoridades europeas, evitando que interfieran en campaña.

La Comisión Europea está exigiendo una mayor concreción y atención a sus indicaciones, pero fuentes de Moncloa conocedoras de los trabajos de elaboración del plan avanzan que el documento definitivo que se enviará a Bruselas no profundizará más allá de las líneas generales ya expuestas sobre las reformas que generan una mayor polarización política. El plazo límite para enviar el plan se agota el 30 de abril, en plena recta final de unas elecciones madrileñas que todos los partidos abordan en clave estatal, y la intención es dejar abiertas las medidas más polémicas apoyándose en la falta de consenso para implementarlas.

La activación de los trabajos para la reforma fiscal ya ha supuesto un choque con la campaña electoral del candidato socialista, Ángel Gabilondo, que sus rivales políticos se han afanado en aprovechar. Entre sus objetivos, destaca el aumento de la recaudación para equipararse a la media europea y armonizar los tributos que recaudan las comunidades autónomas, principalmente sucesiones y patrimonio. Una hoja de ruta que contrasta con la promesa electoral del candidato socialista de no tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid lo que resta de legislatura si accede a la presidencia de la región.

Desde Hacienda, han querido matizar que la armonización dependerá de los acuerdos para la reforma del sistema de financiación autonómica, un carril largo que deja la reforma en manos del consenso y la sitúa más cerca del final de la legislatura que de su ecuador. De hecho, se descarta que se incluyan aspectos relevantes de la reforma fiscal en los Presupuestos para el próximo año y las conclusiones del grupo de expertos, que servirán como guía al Gobierno, no se esperan para antes de marzo de 2022.

El PSOE busca aplazar la reforma fiscal hasta que la situación económica mejore y UP rechaza retrasar la edad de jubilación

La reforma de las pensiones también ha entrado en campaña y desde Unidas Podemos se llegó a tildar la propuesta recogida en el plan de recuperación de equiparar la edad real de jubilación con la legal como "recorte". También que para sacar adelante esta medida, el PSOE tendría que contar con el apoyo del PP. Finalmente, el componente del plan de recuperación alude a consensos dentro del marco de la comisión sobre el Pacto de Toledo y esquiva la exigencia de aplicar el factor de sostenibilidad con "incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas".

La reforma laboral se vincula igualmente al acuerdo social, pero en las fichas enviadas a Bruselas no hay apenas rastro de los compromisos de derogar la reforma del PP de 2012. Desde Trabajo, remarcan su prioridad de modernizar la negociación colectiva y argumentan que se han incluido en el plan de recuperación todos los aspectos en materia laboral del programa de la coalición.

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Fuentes de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno no descartan ahora mismo que Bruselas pueda devolver el plan de recuperación y que vuelva a extenderse el plazo de negociación. Sin embargo, defienden la necesidad de priorizar el diálogo social para avalar reformas sobre las que los propios socios de la coalición mantienen amplias diferencias.

La próxima semana, se reunirán las direcciones de los grupos socialista y morado con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para conocer de primera mano todos los aspectos relacionados con el plan de recuperación y tratar de coordinar la respuesta política. Los socialistas quieren aplazar la reforma fiscal hasta que la situación económica mejore y los morados no quieren ni oír hablar de retrasos en la edad de jubilación. Calviño ya se reunió este miércoles con sindicatos y empresarios para trasladarles el plan y los agentes sociales ratificaron que las reformas laboral, fiscal y de pensiones se irán concretando en las mesas de negociación "durante los próximos meses".

Calviño se reunirá la próxima semana con los grupos parlamentarios de PSOE y UP para tratar de coordinar la respuesta política

Si desde Moncloa comienzan a asumir el riesgo de que el plan actual sea devuelto al sortear algunas de las peticiones de Bruselas, confían en ganar tiempo al menos porque el propio reglamento para la elaboración del plan contempla la prioridad de que las reformas tengan consenso. Sostienen, además, que las propias autoridades europeas son conscientes de la necesidad de que reformas de calado cuenten con el aval de los agentes sociales. "Bruselas puede querer una reforma laboral concreta, y no es que el Gobierno se niegue, pero tiene que amoldarse también a lo que digan los agentes sociales", ejemplifica una fuente conocedora de la elaboración del plan. Por otra parte, en materias tan trascendentales, se quiere hacer valer la línea política del Gobierno y dar cumplimiento al programa de la coalición.

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La oposición conservadora tildaba de propaganda la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso este miércoles sobre el plan de recuperación y el líder de los populares, Pablo Casado, se refería directamente a "tacticismo electoral". La tesis que sostienen en privado es que la Comisión Europea endurecerá a medio plazo las condiciones para recibir los fondos y que previsiblemente se romperán por ello las costuras del Gobierno de coalición. Desde octubre a esta parte, el Gobierno ha pasado de negar la condicionalidad de los fondos a tildar de meras sugerencias las recomendaciones de Bruselas y ahora a reconocer una negociación en la que es preciso pactar las medidas.

Todo indica que de la exhibición triunfalista de los últimos días, con Pedro Sánchez calificando el plan como la principal oportunidad de transformar el país desde la entrada de España en la UE, se pasará a una inflamable negociación a varios niveles. Con Bruselas, en el seno del propio Gobierno de coalición y con los agentes sociales, que ahora mismo mantienen posiciones antagónicas en varias de las mesas de negociación. La recuperación económica tras la pandemia depende de los fondos europeos y la complejidad para implementar el plan de transformaciones será pareja a las tensiones políticas que genere.