El agujero técnico del plan estrella de Sánchez desconcierta a CCAA y empresas

Autonomías, empresas y agentes implicados en las negociaciones para el reparto de los fondos planificados por la Unión Europea han acogido con cierto desconcierto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado este pasado martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No porque el paquete de líneas estratégicas y reformas clave para que Bruselas abra el grifo de los 140.000 millones de euros que le corresponden a España sea muy distinto al ya conocido hasta ahora, sino porque apenas a dos semanas de la fecha tope (30 de abril) para que el Ejecutivo eleve el documento definitivo a las autoridades europeas, a la hoja de ruta que marcará las políticas públicas del próximo trienio le faltan todavía elementos por concretar e incógnitas por despejar, según opinan distintas voces implicadas en el proceso de construcción del proyecto español.

Pedro Sánchez ha exhibido durante toda la semana, en pleno contexto electoral madrileño, con actos públicos, ruedas de prensa y comparecencias en el Congreso, lo que considera el plan "más ambicioso de la historia reciente de España". Un hito que ha comparado con la entrada de España en la UE, pero que por ahora se plasma en un documento de 211 páginas y otro de anexos de 107 folios en los que apenas se desgranan grandes y elaboradas declaraciones de intenciones. El texto ejerce, además, de compendio de otros 'papers' elaborados por los ministerios en los últimos meses, con 'copia-pegas' textuales incluidos, como el plan España Puede del pasado mes de octubre, el informe de situación de la economía española que difundió el mismo mes o el plan nacional de reformas y agenda digital España 2025.

Se traza la carretera, la ruta por la que discurrirá, pero falta la parte técnica: asfaltarla, señalizarla y pintarla para poder circular por ella y definir con qué volumen de tráfico. El símil encaja, por ejemplo, con el caso del coche eléctrico o la voluntad de favorecer la reconversión de la industria nacional de la automoción para empujar la transición del motor de combustión al eléctrico. No hay cifras sobre objetivos de producción, empleos o demanda. "No esperamos que ahí se ponga si la gigafactoría de baterías irá en Martorell (Barcelona) o no, pero al menos sí cuáles son los principales indicadores y objetivos concretos que se pretenden conseguir para poder evaluar su alcance. Esto es lo que Bruselas está pidiendo", señala uno de los agentes consultados. Una carencia extensible a muchos de los proyectos que se citan como estratégicos (Perte) en el plan, a la espera de que tras el visto bueno de la Comisión se liciten las convocatorias y comiencen a adjudicarse proyectos.

Desde Moncloa, se esgrime que todos los aspectos que recoge el plan formarán parte del documento definitivo, que todavía no ha podido cerrarse debido a la ingente carga de trabajo de los diferentes ministerios. Principalmente de Hacienda, que debe recopilar todos los planes elaborados por otros departamentos y asumir la parte más procedimental. Labor que en buena parte recae en la Secretaría de Estado de Fondos Europeos, donde se está produciendo un cuello de botella. Con todo, insisten en que el documento recoge las líneas principales de todo lo que plasmará el definitivo. Hacienda, que recopila todos los proyectos presentados, debe, además, elaborar los reglamentos para canalizar las ayudas. Después, cada ministerio será el encargado de licitar y promover las iniciativas que recaigan en su marco competencial.

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El documento que finalmente se enviará a Bruselas será mucho más extenso. Se habla incluso de miles de páginas. Más allá de las fichas (reformas e inversiones en una treintena de materias) que contiene el plan, al que los grupos parlamentarios accedieron apenas 12 horas antes de que lo presentase Pedro Sánchez en el Congreso, no solo ganará en profundidad y grado de detalle, sino que también añadirá nuevas líneas de actuación.

En este sentido, el plan conocido hasta ahora exhibe más hacia dónde irán las inversiones que las reformas exigidas por Bruselas para recibir los fondos, eufemísticamente denominadas “recomendaciones”. La verdadera hoja de ruta del plan de recuperación todavía está en confección y se enviará a la Comisión Europea a finales de este mes, apurando hasta el final los plazos marcados. Fuentes del Ejecutivo reconocen que el documento hecho público este martes tiene un tono más divulgativo o de resumen ejecutivo que técnico. “Tacticismo electoral”, según criticaba el líder de la oposición, Pablo Casado.

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, trasladó a Sánchez en su comparecencia en el Congreso su preocupación ante lo que calificó de “hidra de mil cabezas” y lamentó que la industria no ocupe el lugar necesario en las ‘palancas’ que señala el documento aprobado por el Gobierno español. “Nos preocupa que no tengan en cuenta los ecosistemas y entornos que se necesitan para que una inversión fructifique, porque no cualquier cosa se puede hacer en cualquier parte”. Aunque uno de los 30 componentes del plan es precisamente la política industrial con la vista puesta en 2030, con una inversión prevista de 3.782 millones de euros (que se suman a los más de 13.000 millones en movilidad sostenible), el hecho de contar con una redacción genérica sin bajar a la tierra de los proyectos favorece la crítica de Esteban.

Opinión

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Las reformas clave, que a la vez generan más disputa política y diferencias con los agentes sociales, son las que menos se han concretado. Bruselas está exigiendo mayor grado de detalle para que tomen forma sus 'recomendaciones' en estas reformas clave a las que se compromete el Gobierno. Sin embargo, fuentes de Moncloa avanzan que en materia laboral, de pensiones y fiscalidad no se profundizará más en el documento final que en lo ya expuesto hasta ahora. Primero, porque defienden que estas cuestiones deben dirimirse en el marco del diálogo social. Segundo, porque en materias tan trascendentales quieren hacer valer la línea política del Gobierno y dar cumplimiento al programa de la coalición.

Sánchez esquivará a Bruselas

No se trata de un enfrentamiento con la Comisión Europea, pero sí de hacer valer la soberanía popular. Asimismo, el propio reglamento para la elaboración del plan contempla la prioridad de que las reformas tengan consenso y las propias autoridades europeas son conscientes de la necesidad de que reformas de calado cuenten con el aval de los agentes sociales. Lo contrario, argumenta gráficamente una fuente conocedora de la redacción del plan, “es pan para hoy y hambre para mañana”. A medida que se vayan produciendo acuerdos en las distintas mesas abiertas, se irán profundizando esas otras grandes reformas de más largo recorrido.

Solamente la reforma laboral desgrana algunos de sus objetivos en el plan de recuperación conocido hasta ahora, pero también mediante una redacción muy abierta. Así, se habla de “modernizar la negociación colectiva”, sin concretar si se recuperará la ultraactividad o la prioridad de los convenios colectivos sobre los de empresa o cómo se materializará la “regulación de subcontratas”. Sí se desarrollan en mayor medida otros aspectos, como la simplificación de los contratos a solo tres tipos y la naturaleza de cada uno de ellos.

El plan recoge el compromiso de equiparar la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación "a través de incentivos"

Desde el Ministerio de Trabajo, aseguran que el componente —también denominado ficha— relativo a la reforma laboral que aparece en el plan hecho público será el mismo, sin añadidos ni cambios, que se envíe a la Comisión Europea. La reforma fiscal, por ejemplo, se fía a las conclusiones de un grupo de expertos cuyas conclusiones no estarán listas hasta finales de febrero de 2022.

La reforma de las pensiones, la última de la tríada de reformas que más polarización generan, se enmarca en las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo. Como ya ha ido desgranando el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, el plan recoge el compromiso de equiparar la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación "a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas". Por otra parte, incluye que se derogará el índice de revalorización de las pensiones y que se creará un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales, "por el que se busca implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos".